TIJUANA B.C.-El Rector General de la Universidad de Guadalajara, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, insistió que debe haber una política de recaudación fiscal donde se obtenga mayor presupuesto en relación al producto interno bruto (PIB) del país para dotar de mayores recursos a la educación superior en México.
En la conferencia magistral Financiamiento de la Educación Superior en México: Retos y Perspectivas, dictada el día de hoy en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte, el Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara, hizo énfasis en que la educación junto a la comunicación, en este contexto de globalización, se han vuelto cruciales para el desarrollo de las naciones.
El académico indicó que en el ámbito económico, “el conocimiento significa niveles sin precedentes de productividad”, por otro lado, en el ámbito social, “los individuos dependen cada vez más de los flujos de información adecuada y pertinente”.
A principios del siglo XX la matrícula a nivel mundial era de alrededor 500 mil estudiantes, cifra que aumentó exponencialmente para el siglo XXI con más de 100 millones de estudiantes registrados, y se espera que para 2025 la cifra aumente a 263 millones; a ello se suma la creciente población en las áreas urbanas que se estima en 35 años representará el 70 por ciento de la población mundial “con las implicaciones que ello conlleva para el acceso a la educación superior”, expuso.
Entre los países que presentan un gran crecimiento en matrícula se encuentran los de América Latina, Asia y África, siendo los latinoamericanos los de mayor rezago.
El Rector General de la UdG señaló que debido a la masificación de la educación, es decir, un incremento en el número de estudiantes en nivel básico que saltan a nivel medio superior y superior, representa “una fuerte presión para los sistemas tradicionales de financiamiento”.
“En los países de ingreso medio se concentra el crecimiento de la matrícula… El crecimiento en los últimos 10 años fue equivalente al que tuvieron los países de ingreso alto en un periodo de más de 40 años”, dijo.
Por otro lado, subrayó que aunque la masificación está relacionada con el ingreso medio, hay países con tasas de cobertura muy distintas como Alemania y Francia contra el caso de Finlandia y Corea, y un ejemplo más contrastante es el caso de América Latina donde países con ingresos inferiores que tienen mayor tasa de cobertura, como Uruguay, Chile, Venezuela, Argentina y Bolivia contra países con rendimiento inferiores como Brasil, México, Perú, Colombia y Paraguay.
El Mtro. Bravo mencionó que entre las tendencias globales en el financiamiento de la educación superior está el atender demandas diferenciadas para reducir costos en la provisión de los servicios educativos, además de una austeridad fiscal “provocada por el aumento de la demanda que compite con otras necesidad y la incapacidad de los gobiernos de llevar a cabo reformas fiscales a fondo”. Entre otras tendencias está la rendición de cuentas de las universidades y la medición de sus desempeños, así como “modelos de gobernanza efectiva”.
El Rector General señaló que el financiamiento de la educación superior se ha mostrado como un problema debido a que más estudiantes y mercados ven de manera positiva los estudios universitarios, esto crea una necesidad de incrementar la inversión.
En este sentido, mencionó que a nivel global la inversión pública no es suficiente para atender la demanda: “En la mayoría de los países del mundo, la demanda de educación superior crece más aceleradamente que la capacidad o voluntad de los gobiernos para proporcionar los recursos públicos adecuados” además existe una competencia presupuestal con otros rubros, “como salud, infraestructura, seguridad pública, combate a la pobreza, educación, etc.”
A comparación de otros países que incrementaron su gasto público en educación e investigación en ciencia y tecnología, el caso de Corea e Irlanda, México no ha podido hacer grandes cambios. En 2006, el gasto en educación superior incluyendo ciencia y tecnología como porcentaje del PIB fue de 0.70, y para 2014 se eleva al 1.0 por ciento.
Del presupuesto destinado en 2014, el 62% se destina a educación básica, el 13% a educación media superior, el 18% a educación superior, el 1% a posgrados y el resto a educación para adultos y otros servicios.
En el país, dijo, la cobertura a nivel nacional de educación a nivel superior es de 28%, contra el 65.9% de la cobertura a nivel medio superior, esto según estadísticas presentadas por el rector y basadas en datos de 2013. El estado con mayor cobertura en educación superior es el Distrito Federal, muy por arriba de la media, con un 60.3% contra el 14.4% de Chiapas. Baja California se encuentra cerca del 30% de cobertura.
Entre las universidad con mayor participación federal en el subsidio están la Universidad Autónoma del Yucatán, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Las que tiene mayor subsidio estatal son la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora, entre ellas la UABC con alrededor del 45% por ciento de participación.
A pesar de que ha habido avances e incrementos en el número de profesores de tiempo completo y profesores que se hayan dentro del Sistema Nacional de Investigadores, aún hay muchos retos que tiene que enfrentar el gobierno federal, dijo.
Entre éstos está el que las universidades “amplíen y diversifiquen sus fuentes de financiamiento”, así como la creación de una Ley para el Financiamiento de la Educación Superior “que establezca claramente los compromisos del gobierno federal y de las entidades federativas”. También indicó que “es necesario elevar el presupuesto público a la educación superior al 1.5% del PIB y otorgar el 1% a ciencia y tecnología”, así como insistir en la creación de “presupuestos plurianuales para una mejor planeación a largo plazo”.
“Es necesario tener un sistema de financiamiento más innovador”, recalcó.
Señaló que otro problema que se presenta es el gasto en las escuelas, en donde la mayor parte del dinero se destina al pago para la operación de las universidades y no a la creación de programas e instalaciones.
El Rector General manifestó que debe haber una política de Estado en educación superior basada en siete principios: institucionalización, suficiencia, equidad y reglas claras, transparencia, responsabilidad, reconocimiento al desempeño institucional y a la calidad, y un horizonte de mediano y largo plazo que permita una mejor planeación presupuestal.
“En suma, es necesario un nuevo acuerdo nacional para el impulso de la educación superior, suscrito tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo federales, los gobiernos estatales y diversos actores relevantes, que defina prioridades e impulse políticas y programas de segunda generación para la educación superior”, finalizó.
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