martes, 22 de noviembre de 2016

Exigen se haga justicia para los ensenadenses y se aplique la Ley contra el Tesorero Municipal de Hirata.


ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.- Más de 500 líderes de las colonias de ensenada que resultaron afectadas por la falta de ejecución de los recursos del Ramo 33 que por acuerdo de cabildo serían para llevar a cabo obras prioritarias para la ciudad 2015 y 2016, caminaron este día en tono de protesta por las principales calles de la ciudad hasta llegar a las oficinas de la Sub Procuraduría de Justicia Zona Ensenada, ahí cumplieron el objetivo de la movilización, reunirse con el titular Lic. Marco Antonio Chavarría López para exigirle que a la brevedad se cumpla con la ley contra el principal responsable -hasta el momento- de este magno desfalco a la ciudad por parte del tesorero municipal, razón por la que hace apenas unos días fue demandado por parte de Sindicatura Municipal.
Acompañados por los coordinadores municipal y estatal del Partido del Trabajo (PT) Christian Dunn Fitch y Armando Reyes Ledesma, respectivamente, las manifestantes sumamente molestos alertaron al fiscal Chavarría López que tiene la alta responsabilidad de hacer justicia antes de que los funcionarios municipales involucrados en el desvío de recursos del ramo 33 para el combate a la pobreza, no solo concluyan en su cargo el próximo 30 de Noviembre, sino peor aún, alcancen a huir del Estado sin que antes hayan aclarado el destino de los recursos y enfrentado a la justicia.
A través de un documento entregado al sub procurador, Armando Reyes Ledesma expresó que el principal motivo de la protesta ciudadana es con la finalidad de solicitarle que se actúe con la debida prontitud y diligencia en relación a la denuncia 02001-2016-10594 en contra del actual tesorero municipal en el XXI Ayuntamiento de Ensenada, así como de quienes resulten responsables por el desvío de recursos federales del Ramo 33.
Reyes Ledesma exhortó al sub procurador de justicia a combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y servidores públicos, “por lo que acudimos a usted con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la investigación de los delitos corresponde al ministerio público”, “se necesita de la intervención oportuna y coordinada del ministerio público a su cargo, bajo los principios de legalidad eficiencia, eficacia, honestidad, lealtad, profesionalismo e imparcialidad para evitar la impunidad y menoscabo del pleno respeto de los derechos humanos”.
Por su parte, Marco Antonio Chavarría López comentó que se están haciendo las investigaciones correspondientes y pidió la plena confianza de los ciudadanos respecto a que por su conducto se hará justicia en el tema.

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