miércoles, 5 de julio de 2017

EVITAR SE CONCESIONE EL ALUMBRADO PÚBLICO PIDE REGIDOR MONÁRREZ



• La principal amenaza para la eficiencia de los servicios públicos es la creciente concentración de intereses particulares en las funciones públicas
• Señalan que el presidente municipal ha ido en contra de las leyes mexicanas al pactar al menos un par de contratos ilegales

Tijuana B.C. 5 de julio., En conferencia de prensa los 3 regidores del PES BC, integrantes del Cabildo hicieron diferentes posicionamientos sobre las líneas a seguir en contra de los procesos privatizadores de los servicios públicos.
La regidora Mónica Vega hizo un llamado al Alcalde para que se apegue a la legalidad, el regidor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia se refirió al silencio que sus homólogos regidores panistas están permitiendo convirtiéndose en parte de la corrupción. Mientras que el regidor Manuel Rodríguez Monárrez pidió a la ciudadanía los apoyen en evitar que también quieran privatizar el servicio de alumbrado público de Tijuana.
En cuanto al procedimiento de juicio político contra el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro y la síndico procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde afirmaron que continuarán en la siguiente instancia, buscando se forme la Comisión Instructora en el Congreso de Baja California porque el Alcalde se extralimitó en sus funciones al imponer el contrato ilegal para la renta de camiones recolectores de basura con la empresa Turbofin.
Señalaron que solicitarán a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, integrada por 8 diputados el permiso para acudir al Congreso a comparecer y esgrimir voluntariamente sus posiciones.
El regidor Manuel Rodríguez Monárrez, mencionó que expondrán ante el Congreso del Estado los puntos del porqué procede una demanda de juicio político contra los funcionarios y someterán a consideración de los mismos las pruebas supervinientes como el contrato mismo.
Expresó que además, la Sindicatura de oficio debe fincarles responsabilidades a la Oficial Mayor, María de los Ángeles Olague Contreras; al director de Servicios Públicos Municipales, Víctor Raúl López Alcaraz y a Lamberto Portillo, director de Recursos Materiales por haber incurrido en la ilegalidad de firmar un contrato que debió suscribir el alcalde como único facultado legalmente para hacerlo.
“La síndico actúa más como abogada del alcalde que de la propia ciudadanía y Juan Manuel Gastélum ha actuado más como representante legal de Turbofin que como alcalde”, manifestó.
Refirió que los camiones se pactaron a 1.5 millones de pesos anuales cada uno, lo que equivale a 125 mil pesos mensuales por cada uno y se cuenta con una cotización de que un camión comprado cuesta 1.2 millones de pesos
El costo total de los 3 años de renta, agregó, es de 230 millones de pesos, es decir 76 millones por año lo que significa que con ese presupuesto el ayuntamiento podría adquirir hasta 164 camiones propios.
“Pero además se supone que el arrendamiento nos debe salir más barato que una compra por lo que en realidad estamos financiando a una empresa de reciente creación para adquirir camiones y triangularlos subarrendando los bienes en perjuicio de los tijuanenses.
Los actos pactados por el alcalde y la presente administración configuran responsabilidades administrativas y penales, principalmente se tipifica el delito de desvío de recursos. La pregunta sigue en el aire ¿Por qué adjudicar para arrendar y no licitar para comprar?”, señaló.
Al tocar el tema de las recientes agresiones de choferes de taxis amarillos contra usuarios de Uber, la regidora Mónica Vega, dijo que los ediles del PES apoyan las medidas para la cancelación de la concesión a este gremio y que se cancelen las licencias a los choferes que se han comportado de manera agresiva.
Comentó que en la Comisión de Vialidad y Transporte se acordó citar al director de Vialidad y Transporte para que rinda un informe a los regidores integrantes de la comisión.
Por su parte el regidor, José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, lanzó un exhorto a los regidores del Partido Acción Nacional para que no se queden callados ante los actos comprobables de ilegalidad en la que ha incurrido la actual administración.

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