La temperatura en Hermosillo anda sobre los 40 grados, tan normal para sus habitantes en esta época del año como lo es también la rala flora del semidesierto sonorense donde solo se avistan cactus y nogales a ambos lados de la carretera que conduce a Puerto Libertad y a los ejidos de la capital del estado.
Uno de estos ejidos es El Guayparín, cuya población ronda en los 40 habitantes, la mayoría con más de 50 años de edad y entre quienes es imposible oír hablar de un centro de salud, una escuela, una cancha deportiva, un centro de recreación o siquiera un indicio de red de agua potable. Por ello los guayparinos se dicen los “olvidados de Hermosillo”.
En alguna ocasión, funcionarios del gobierno local se comprometieron primero a llevarles agua en pipas, para luego construirles la red de agua potable que demandan desde hace muchos años; pero ninguno de esos empleados ha vuelto a poner un pie en las empolvadas y olvidadas calles de El Guayparín.
“Aquí no hay agua, no hay escuelas. Nosotros hemos puesto la luz a nuestra manera… Cuando llegamos éramos más de 100 familias, pero por la falta de servicios se han estado yendo de una en una. Como aquí no hay escuelas, los chamacos se van a estudiar a la ciudad (Hermosillo que se encuentra a 42 kilómetros). Poco les ayudamos porque trabajamos en el campo y en este no se gana mucho”, dice Guadalupe Bojórquez Moreno, quien hace más de 35 años llegó a vivir aquí en busca de una vivienda, toda vez que el gobierno de Sonora no ofrece oportunidades habitacionales a la gente pobre.
En El Guayparín tampoco hay servicio de transporte público y sus habitantes tienen que trasladarse a pie a una zona comercial que se halla a cinco kilómetros. Los únicos dos o tres que tienen vehículos automotores lo hacen sobre un camino de terracería y quienes deben caminar lo hacen atravesando los cultivos.
Entre el discurso de los funcionarios y la realidad social de Hermosillo hay una inmensa brecha que va más allá de las estadísticas, pues el paisaje mismo muestra que los hermosillenses no son solamente 24 mil personas o seis mil familias; pues siete de cada 10 habitantes de los ejidos de la capital de Sonora, carecen de cuatro o cinco de los seis derechos elementales (educación, salud, servicios básicos, vivienda, seguridad social y alimentación) y muchos otros solo cuentan con menos de la mitad de estos servicios.
“No hay nada más doloroso que ver a una familia viviendo en un espacio de dos por dos, o de uno por uno, bajo una techumbre de láminas”, dijo en mayo de 2016 la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, cuando tomó la protesta a los integrantes del Consejo Estatal de Vivienda y sugirió que hacía suyo el compromiso de resolver ese grave problema social, del que no ha vuelto a acordarse.
Pocos días después, el nueve de mayo, se dio a conocer el programa “EnCausa Zonas de Atención Prioritarias”, impulsado por el presidente municipal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (Maloro), que según el proyecto oficial beneficiaría a 200 familias del municipio. En ningún ejido ha sido escuchado este programa, pero el rostro del alcalde aparece en todos los diarios y en la propaganda oficial que inunda la ciudad.
Samuel Valenzuela Valenzuela es otro más de los jefes de familia que desde hace ocho años busca la intervención de algún nivel de gobierno –municipal, estatal o federal- para que lo ayude a él y a sus vecinos a remediar las condiciones de pobreza en que se hallan, pues sus actividades laborales en el campo no lo proveen de los medios económicos necesarios para mantener a su familia, integrada por su esposa y una niña de un año.
La Humberto, como todos sus vecinos denominan a la colonia que formaron tras un desalojo, cuenta solo con servicios provisionales que poco a poco han ido introduciendo con base en su organización colectiva. Sus principales problemas siguen siendo, por supuesto, la escasez de agua para servicio doméstico y las elevadas temperaturas del verano, que convierten el interior de las 300 viviendas humildes en un verdadero infierno, pues ninguna cuenta con aire acondicionado, servicio casi vital para sobrevivir en los meses de calor intenso.
Javier trabaja como guardia de seguridad privada. Dice que desconoce los programas que el gobierno ha lanzado para combatir la pobreza en Sonora y en México. De la Cruzada contra el Hambre se escuchó mucho al principio del sexenio, pero a su colonia jamás llegó ningún indicio del citado programa. “Nosotros estamos aquí porque el gobierno nos desalojó a la fuerza de El Guayacán con sus máquinas y sus policías; con la ayuda de Antorcha nos dieron terrenos hace siete años, aunque sin servicios de luz, agua y drenaje… Existe un convenio que el gobierno firmó en enero para empezar las obras en mayo, pues ahorita ya estamos en agosto y no se ve nada; y no piensan hacerlo”.
La provisión de agua potable en las tuberías es una promesa del gobierno municipal, pero a la fecha sigue en eso, una promesa más que se suma a una larga lista de compromisos firmados en enero de este año por funcionarios de los gobiernos estatal y municipal con dirigentes del Movimiento Antorchista de Sonora.
Ninguno tan malo como Maloro
Sentado frente a una casa con paredes formadas de madera vieja y láminas de cartón remendadas con otros materiales, se encuentra Francisco N., uno de los fundadores de la colonia Humberto. Habla de El Guayacán como su antiguo hogar, de donde fue sacado por órdenes del gobierno. “Entonces nos venimos para acá”.
Sus manos callosas y su piel arrugada delatan su dura y azarosa existencia. Así lo confirma: “Yo soy de Aguascalientes, pero me vine a vivir aquí desde pequeño; tuve que trabajar en el campo como jornalero. Después me casé y ahora vivo nada más con un chamaco que viene a visitarme”. Su rostro no es muy diferente al de los demás: sus quemadas mejillas disimulan una singular deshidratación. A su vejez lo acompaña una tristeza inmensa de carácter familiar; habla poco de ello, pero reconoce que de los cinco hijos que tuvo, solo uno lo acompaña de vez en cuando.
Ha visto desfilar por la presidencia a decenas de alcaldes “pero ninguno ha sido –enfatiza- como el tal Maloro, que no da la cara. Me acuerdo que los anteriores daban una despensa o algo, pero éste no ha metido el agua que tanta falta nos hace”. Cada tres meses don Pancho recibe entre 700 y 800 pesos -aproximadamente ocho pesos diarios– para ir sobreviviendo junto con lo que la gente le da porque ya no necesita o no quiere: cartones viejos, latas, fierro viejo, etcétera.
El 22 de enero de 2013, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio a conocer el programa Cruzada Nacional contra el Hambre; mismo que prometía apoyar a familias de escasos recursos económicos, o por lo menos sacarlos de la miseria en la que se encontraban. Ese mismo año, el secretario de Desarrollo Social en Sonora, Luis Alberto Plascencia y el delegado Gustavo de Unanue Galla, anunciaron que Hermosillo sería uno de los 400 municipios beneficiados con el programa, toda vez que tenía una población en extrema pobreza integrada por 23 mil 908 habitantes. A cuatro años de la instauración del programa, ninguna de los hermosillenses clasificados en estatus de miseria ha probado un bocado del rimbombante programa contra la pobreza.
El coordinador de gerencias Liconsa, Alejandro Olivares Monterrubio, anunció un año después (2014) que el programa en Hermosillo había tenido avances significativos en el acceso a la alimentación, pues a través de la Cruzada se había beneficiado a 14 mil 585 personas en el programa Liconsa y a 506 en las tiendas Diconsa. Contrario a esto, las 300 familias que habitan en la colonia Humberto Gutiérrez nunca han escuchado hablar del programa, ni de algún beneficiado cercano.
Vida en la costa
En El Zahuimaro la vida es tranquila. La gente sale de su casa solo para ir a la pesca, pues la mayoría de los integrantes de las familias tienen oficios vinculado a esta actividad productiva en el Mar de Cortés; mientras los hombres se dedican a la captura de peces, las mujeres se encargan de limpiarlos y prepararlos para su venta. En las tardes la vida es muy sosegada.
Aquí la única institución es la primaria, que está catalogada como “niño migrante”. Para llegar a esta región de la costa sonorense es necesario disponer de un automóvil o esperar un raite (aventón). Pocas personas se animan a caminar, pues el Sol, el viento y el polvo hacen casi imposible los desplazamientos a pie. Hace unos meses el Movimiento Antorchista, por medio de sus diputados federales, logró la pavimentación de varios kilómetros de carretera, pero sin el apoyo del gobierno municipal o federal es casi imposible seguir luchando para terminarla.
La salud es atendida mediante algunas de las jornadas médicas que de vez en vez manda Maloro; pero son solo servicios básicos y cuando hay picaduras de alacrán -que aquí suelen ser muy frecuentes- los habitantes tienen que viajar aunque sea de raite a Plan de Ayala, el lugar más cercano donde se encuentra un Centro de Salud.
La disponibilidad de dos cuartos en las viviendas es indispensable en este lugar: uno para cubrirse de las lluvias, que son muy escasas, y otro para dormir en tiempos de calor, que además exige disponer de paredes con tela mosquitero.
“Echando las cuentas, ya tiene como nueve meses que no nos traen agua. Para conseguirla hay que ir en raite o darle dinero para la gasolina a un vecino para que vaya a llenar unos tambos. Ahorita, en tiempo de calor, nadie sale de las casas; es mejor estar bajo la sombra. Nomás pa´ la pesca, pues, porque ¿si no de dónde comemos?”, comenta Claudia, quien vive aquí desde hace 12 años y fue la única opción de vida que encontró para su familia.
En El Zahuimaro la vida se debe al mar, reconocen los habitantes, quienes desde antes de que salga el Sol se embarcan en sus lanchas para buscar jaibas, peces, camarones, caracoles, o lo que compre la gente o la cooperativa a la que pertenecen. “Se gana muy poco, pero va saliendo para la comida. En ocasiones de lo mismo que pescamos comemos, no hay necesidad de comprar más que la sal o el aceite y ya comemos”, dice uno de los pescadores. La carne roja se consume poco, a diferencia de las sodas para beber, que son las mercancías que más adquiere la gente, pese a lo poco que gana, porque con el calorón solo con ellas se quitan la sed, aseguran.
Aunque el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio cuenta con entre 10 y 15 programas de asistencia social, la comunidad pesquera solo conoce la caravana que trae a las enfermeras que brindan atención a un grupo específico de síntomas y enfermedades: diarrea, control de peso, calentura, etc, aunque de medicamentos es casi imposible hablar.
Plan de Ayala: solamente las promesas quedan
En la minuta firmada por los funcionarios de Maloro se enumera un compromiso con la población de Plan de Ayala, que consiste en proveer de drenaje a cientos de familias que desde la creación de su colonia cubren sus necesidades sanitarias con fosas sépticas en superficies cercanas a sus viviendas.
María Chivo Chontal es originaria de Veracruz, pero ante las necesidades de un trabajo llegó aquí hace 13 años, acompañada de sus hijas y su esposo. Solo encontraron Plan de Ayala, en donde les prometieron que pronto contarían con servicios urbanos de calidad, entre ellos el del drenaje.
A sus aproximadamente 50 años vive acompañada de su hijo de 14, quien actúa como el “hombre de la casa” y la ayuda económicamente. “En 2015 me dijeron que me iban a apoyar; vinieron a censar mi casa, pusieron el papelito en la puerta pero nunca me ha llegado ningún apoyo. Ahí dice que lo tengo y que soy beneficiada, pero del gobierno yo no recibo ningún apoyo”, aclara María Chivo.
El esfuerzo de estos dos hermosillenses se ve reflejado en la endeble casa, a la que sostienen unas maderas y unas viejas láminas de cartón destinadas a proteger la cocina de las inclemencias del tiempo. Ninguna vivienda de aquí, a diferencia de las del centro de Hermosillo, cuenta con aire acondicionado. María ventila la suya con hoyos en las paredes o en el techo. “Cuando hace calor y entra el polvo es muy feo, es insoportable, ya ni hablar de los mosquitos”, su voz muestra indignación, debida sin duda a su incapacidad económica para ofrecerle una vida mejor a su hijo, de quien dice: “Se hace cargo de mi… Yo solo quiero una oportunidad, un proyecto productivo, que el gobierno nos apoye con eso y ya uno sale adelante; pero ni eso. Por eso estamos en la lucha”, añade haciendo alusión al plantón que sostiene el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) en Sonora frente al palacio municipal de Hermosillo.
En un recorrido por las colonias y los ejidos de Hermosillo (entre ellas Mineros de Pilares, Miguel Alemán [El poblado], El Cajeme, Choyudo, La Antorcha, El Chaparral, Humberto Gutiérrez, Plan de Ayala, Manuel Serrano)las familias aseguraron que no cuentan con el apoyo del gobierno municipal y cuando lo reciben a cuenta gotas. Una oración resume el sentir de las más de 70 familias visitadas: “Maloro se ha negado a cumplir los acuerdos; por eso estamos en plantón”.
El plantón fue instalado el pasado cuatro de julio del presente y sigue sin tener respuesta positiva a las demandas planteadas por los antorchistas hermosillenses, quienes han denunciado mediante distintos medios la negativa de Maloro a atender las demandas de esos ciudadanos pobres.
Represión en vez de solución
La medianoche del jueves tres de agosto, aprovechando la oscuridad, brigadas de porros (aseguraron los habitantes de las colonias) tiraron propaganda contra el Movimiento Antorchista y sus líderes mediante acusaciones de chantajismo y otras calumnias. Vecinos y testigos de las colonias La Antorcha, Cajeme, Humberto Gutiérrez y Manuel Serrano, aseguran haber visto a “cholos” que descendieron de un vehículo del Ayuntamiento de Hermosillo para luego distribuir su propaganda negra.
Al día siguiente, el cuatro de agosto, alrededor de 10 integrantes de la Casa del Estudiante Sonorense, ubicada en la capital del estado, fueron violentamente agredidos por elementos de la policía municipal, quienes además los acusaron de alterar el orden público porque realizaban una colecta económica en las calles de Hermosillo.
El principal argumento de los policías fue la queja de un chofer a quien le molestó “el alto ruido del sonido” de los estudiantes. “Es la primera vez que dicen eso. Desde que se creó la Casa del Estudiante los compañeros siempre han sostenido su casa con colectas y apoyos del gobierno. Es imposible que 13 años después se utilice este argumento falso”, señaló uno de los jóvenes reprimidos por los esbirros de Maloro.
El mismo viernes por la noche se presentaron agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI), al domicilio de Verónica Ayala Ávila, presidenta del grupo de Antorcha en la colonia Cajeme, para entregarle un citatorio donde le dicen que debe presentarse ante el Ministerio Público el lunes siete de agosto. A los pocos minutos de la entrega de este papel, se le hizo llegar un anónimo por debajo de su puerta con el siguiente mensaje: “Aléjate de los antorchos o esto te puede pasar con la justicia” (sic).
A la guerra sucia emprendida contra el MAN por el presidente Maloro -apodo que según los hermosillenses se ha ganado por malo- se han unido varios medios de la prensa local mediante de calumnias que tienen su origen en el gobierno municipal y en el pago que éste les da para “que digan lo que ellos quieran”.
En respuesta a las agresiones, el dirigente del MAN en el estado, Miguel Ángel Casique Pérez, anticipó que los antorchistas no darán marcha atrás a la lucha que sostienen para mejorar las condiciones de marginación en que se encuentran sumidos, ya ésta es solo una etapa del trabajo social y político en que se hayan involucrados hasta lograr la plena satisfacción de sus demandas sociales.
“Nosotros nos hemos reunido con funcionarios del gobierno municipal y estatal y ellos se comprometieron a resolver estas demandas en el mes de mayo, pero es la fecha en que no se han iniciado los trabajos. Son acuerdos firmados y acordados por ellos mismos, no es nada nuevo, por lo que exigimos se cumpla con las demandas.
“Reiteramos que se trata de obras y servicios más elementales para poder vivir como verdaderos seres humanos. Uno concluiría que estas demandas serían atendidas con prontitud por parte de la autoridad, pero la realidad y después de 33 días de plantón, esto no es así. Por el contrario, hemos tenido que soportar las inclemencias del tiempo; altas temperaturas (46 grados), lluvias (verdaderos diluvios) que han representado un gran sacrificio para los plantonistas; pero el gobierno municipal no conforme con esto y ante la falta de capacidad para atender y dar cumplimiento a sus compromisos, recurre a la intimidación y a la campaña negra en contra de los luchadores sociales en Sonora”, escribió Casique Pérez en un artículo en el que habló de la lucha de los antorchistas sonorenses.
Estadísticas ocultan la pobreza
A pesar de que las estadísticas oficiales señalan que en Hermosillo solo hay 24 mil hermosillenses en pobreza, la realidad demuestra que las cifras mienten, pues de cada 10 habitantes al menos siete carecen de algún servicio público y por lo menos seis de cada 10 no reciben ningún apoyo asistencial o no lo han recibido desde el inicio de la administración de Maloro, de acuerdo con lo dicho por las familias más humildes de la capital de Sonora.
Aunque los programas sociales impulsados por el gobierno priista de Hermosillo se han dado a conocer, éstos nunca han llegado a las zonas más marginadas. De hecho, solo se ha escuchado de ellos en los spots de radio y televisión y para la mayoría de las personas que debían beneficiarse con ellos solo han sido una lejana ilusión en la que no debieron haber creído jamás.
Actualmente, la única esperanza de los más pobres de Sonora se basa en la convicción de que solamente la lucha justa que ellos mismos puedan realizar servirá para mejorar sus viviendas, introducir las redes de agua potable, drenaje, luz eléctrica y lograr la construcción y equipamiento de centros de salud y escuelas en sus respectivas colonias. Por ello, de la mano del antorchismo, y pese a los mensajes intimidatorios y represivos, sostienen su plantón frente al edificio municipal de Hermosillo, conscientes de que la lucha política no es ninguna falsa ilusión.
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