jueves, 27 de octubre de 2011
NO QUEREMOS GOBIERNOS INTOLERANTES EN BAJA CALIFORNIA: DIPUTADA CLAUDIA AGATÓN MUÑIZ
Detención de "Indignados" en Tijuana y uso de balas de goma en Ensenada, malas señales a la sociedad.
Ensenada, B.C.- La libre expresión de ideas y el legítimo derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos de manifestarnos pacíficamente, corren grave riesgo en Baja California, según los últimos hechos lamentables registrados en el estado, consideró la Diputada del Partido del Trabajo Claudia Agatón Muñiz.
En ese sentido, la legisladora condenó la detención ilegal de 26 jóvenes tijuanenses ocurrida la semana pasada en el marco de la manifestación mundial llamada de los "Indignados".
"En nuestro caso particular como Partido del Trabajo, en múltiples ocasiones hemos alzado la voz en contra de diferentes males sociales que tienen a nuestro país en una profunda crisis. Lo hemos hecho desde las diversas tribunas políticas a nuestro alcance y respetamos el legítimo derecho de los ciudadanos a manifestarse de la manera en que lo consideren conveniente, respetando siempre el Artículo Noveno Constitucional, que garantiza nuestro libre derecho a reunirnos y expresarnos", anotó.
Claudia Agatón reprobó rotundamente las acciones realizadas por el Gobierno del Estado de Baja California en coordinación con el Ayuntamiento de Tijuana, ya que, dijo, atentan directamente contra los derechos civiles.
"Además, le dan un mal mensaje a la ciudadanía de que tenemos gobiernos represores, intolerantes, que no les gusta la disidencia y que utilizan sus brazos armados para callar las voces de gente que, en todo caso, les grita sus verdades", sentenció.
Los jóvenes que formaban parte de los "indignados", realizaron antes de su detención ilegal talleres de educación sexual y derechos humanos. Además de las denuncias previamente mencionadas, aprovecharon para rechazar la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ratificar la ley que penaliza el aborto en Baja California.
"Insistimos: si el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán y el Presidente Municipal Carlos Bustamante Anchondo no comparten la visión de los jóvenes, su obligación constitucional no solamente es respetarlos, sino garantizar su seguridad; no hacer lo que hicieron, que fue levantarlos, llevarlos a la comandancia municipal, liberar a las mujeres, multar a los hombres y soltarlos horas después, por la madrugada, en plena vía pública, exponiendo su integridad. Cabe mencionar que entre los detenidos venía un bebé de apenas dos años de edad".
Por otro lado, Agatón Muñiz comentó que también le preocupa la decisión tomada recientemente por el Ayuntamiento de Ensenada en el sentido de utilizar armas que disparan balas de goma en contra de ciudadanos.
Dijo que este tipo de armamento se utiliza en el mundo como inhibidor de manifestaciones bajo la lógica de que es positivo porque no mata a la víctima. Sin embargo, añadió, las lesiones que provocan son muy delicadas y generan sangrados y hematomas que ponen en riesgo la salud.
"Consideramos que la decisión de las autoridades ensenadenses atenta contra los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y nos preocupa especialmente la respuesta del General que despacha como Secretario de Seguridad Pública Municipal, Florencio Cuevas Salgado, en el sentido de que serán utilizadas, entre comillas, `en situaciones especiales´, lo cual nos hace pensar que el Ayuntamiento mencionado se prepara para reprimir violentamente las acciones civiles que se tomen en su contra".
La Congresista del PT señaló que en Ensenada se han gestado últimamente movimientos sociales en contra de decisiones irresponsables de las autoridades. Las más recientes, tienen que ver con el aumento al transporte público, la falta de obras básicas en zonas marginadas, asesinatos no resueltos, entre otras.
"Que los cuerpos policiacos cuenten con métodos violentos para desmantelar los movimientos sociales, nos remonta a la época oscura del fascismo y no tiene nada que ver con estos tiempos de democracia y de gran avance moral.
Y concluyó: "Que quede claro: nosotros no juzgamos a nadie. Eso le corresponde a las autoridades ministeriales. Lo que sí exigimos es que no queden impunes estos atentados a la libertad de expresión que inhiben el desarrollo integral de nuestro estado".
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