TIJUANA B.C.-Después de casi 18 años, de que se instituyó la política de asignar subsidios a través de programas direccionados, a las familias más pobres del país, como la panacea o la fórmula mágica, para que estas salieran de la situación social en la que se encontraban; la realidad demuestra la equivocación de estas medidas.
Concebir a la pobreza, como un fenómeno aislado de la realidad social y atenderlo mediante dádivas y medidas asistenciales, ha fracasado como política de gobierno, ha inmovilizado la participación social y la creatividad comunitaria. Los destinatarios de los programas sociales, son objetos y no sujetos de la acción pública, por lo tanto la organización social, que pudiera potenciar, la fortaleza del Estado Mexicano, para enfrentar los nuevos retos, está ausente en la vida social mexicana.
El establecimiento de metodologías diseñadas en los escritorios de oficinas públicas, alejadas del conocimiento y la comprensión de los fenómenos sociales, han contribuido en gran medida a la desarticulación del tejido social comunitario.
El temor, la incertidumbre y la desesperanza, se han apoderado de comunidades, pueblos y rancherías. La falta de expectativas vida, de empleo y oportunidades de estudio para los jóvenes, los hacen presa fácil, para incorporarse a las bandas delictivas, sumirse en las adicciones o emigrar hacia los Estados Unidos.
En las zonas urbanas, quienes encuentran un trabajo, tienen que estirar su salario, ante la alza de los productos básicos, destinar una parte importante de su salario en un transporte caro e ineficiente, que alarga la jornada de trabajo e impide una relación de mayor cercanía con sus familiares.
Las cifras oficiales expresan la incompetencia gubernamental y la forma en la que se desvirtúan los programas públicos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2010, (ENIGH) 5 millones y medios de personas que no son pobres, son beneficiarias del Programa Oportunidades y a la par, 5 millones y medios de personas en pobreza extrema, no están incluidas en dicho Programa, sin contar con los 33.6 millones de personas en condiciones de pobreza moderada, que tampoco son beneficiarios de dicho Programa. Como quien dice, baja el cero y no contiene.
Con datos de la misma encuesta oficial, nos encontramos que 9.1 millones de personas que no son pobres, reciben beneficios de los programas sociales del Gobierno y 34.7 millones de personas en condiciones de pobreza extrema y moderada, no reciben ningún beneficio de los programas oficiales. Adicional a ello, quienes han recibido el apoyo de los programas federales, han venido sufriendo una pérdida en el valor real de los apoyos recibidos, sobre todo debido al incremento en el precio de los alimentos.
Bajo la lógica de repartir dinero público para intentar por la vía de la dadiva, intentar sacar de la pobreza a los hogares, se requeriría mas de 500 mil millones de pesos, lo que significaría un incremento de casi 1,500% de incremento del presupuesto del Programa Oportunidades del presente año. Con el agravante que dicha acción no garantiza una avance significativo, en los objetivos de reducción de la pobreza.
Los actuales programas sociales gubernamentales en su conjunto (Oportunidades, Pro campo, 70 y mas, PAL, Programa de Empleo Temporal y otros) en cuanto a la reducción de la pobreza tienen un impacto irrelevante. Con datos de la ENIGH 2010, la pobreza alimentaria, de un 18.8% se incrementaría a 21.7%, la pobreza de capacidades, de un 26.6% aumentaría a un 29.1% y la pobreza patrimonial de 51.0% se elevaría a 52.7%.
Ante esta realidad, se hace necesaria una profunda revisión de la política social mexicana y construir una nueva formulación, que atienda las nuevas realidades, los nuevos paradigmas mediante esquemas estratégicos, que entiendan la complejidad de los nuevos tiempos y las nuevas realidades.
El ejercicio pleno de la política social, no puede partir de la idea peregrina, que esta debe estar sustentada en una serie de programitas oficiales, quizá bien intencionados, pero inconexos, limitados y fragmentados. Una política social de largo aliento, solo puede ser concebida a partir de entender, que el Desarrollo Social, debe estar basado en el reconocimiento y ejercicio a cabalidad de los derechos sociales consagrados en la constitución mexicana.
Enfrentar una acción gubernamental de esta magnitud, requiere no solo del apoyo de los tres ordenes de Gobierno, sino del pleno convencimiento del aparato gubernamental, de las organizaciones sociales y partidarias, de las Instituciones de Educación Superior, de los Colegios de Profesionales, de todos los actores de la vidas social y política mexicana, de que se hace necesario un nuevo replanteamiento nacional y una nueva forma de relación entre el Estado y la Sociedad Mexicana.
Quien crea que tiene la llave, la formula o la receta, para resolver las interrogantes del actual laberinto mexicano, no cabe duda que es un cretino. No importa que este sea un egresado de las mejores universidades extranjeras o lideres que se ostenten como guías morales y poseedores de verdades absolutas. De esta crisis, o salimos todos o todos nos hundimos, no hay de otra, quien presuma o postule lo contrario, no cabe duda que su postura contendrá una gran dosis de arrogancia y demagogia.
Las posibilidades de una salida a la actual crisis, están fundadas en la posibilidad de la construcción de un trabajo colectivo, interinstitucional, interpartidario y comprometido con un nuevo modelo de nación donde quepamos todos, donde recuperemos nuestra capacidad para el fortalecimiento del trabajo comunitario, de nuestro deseo de recuperar la esperanza, como punto de apoyo para las transformaciones sociales, para tener una sociedad mas igualitaria, con mayores expectativas de vida y sobre todo con una mayor cohesión social, base indispensable, en la construcción del México justo digno, democrático e igualitario, al que la inmensa mayoría de los mexicanos aspiramos.
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