LOS NARCODÓLARES EN TIEMPOS DEL PAN

Por José Luis Pérez Canchola
TIJUANA B.C.-Sin importar las consecuencias para la frontera, el gobierno de Felipe Calderón ha dictado las medidas más severas en la historia reciente con relación a las transacciones bancarias relacionadas con dólares americanos, por lo menos desde 1982 cuando se congelaron las cuentas en moneda americana. Ahora los bancos, al realizar compra de dólares en efectivo o depósitos de clientes, pago de créditos o de servicios, todo en dólares en efectivo, quedan obligados a “reforzar las medidas contra el lavado de dinero, incluyendo el conocimiento, identificación y monitoreo de clientes y de usuarios no clientes de los bancos y de sus transacciones cambiarias”, según se dice en el texto distribuido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior significa que todo empresario, comerciante y profesionista registrado como persona física en Hacienda y que en el desempeño de sus actividades recibe como pago dólares en efectivo, debe tener cuidado de que sus operaciones bancarias no excedan los 4 mil dólares mensuales, en caso de ser cuenta habiente, o no más de un mil 500 dólares tratándose de personas físicas que no sean cuenta habientes de la institución bancaria donde realizan sus operaciones. En el caso de las personas morales que operen en zonas turísticas y en la franja fronteriza norte, el límite será de 7 mil dólares mensuales. Se trata, según se dice en el documento antes mencionado, de “cerrar el paso a los recursos ilícitos”. En resumen, todos son sospechosos hasta que no comprueben lo contrario.
Pareciera que estas disposiciones son un acto soberano de la actual administración, que de pronto se empieza a preocupar por la introducción de recursos ilegales en el sistema bancario. Estos recursos del crimen organizado, aseguran los de Hacienda, representan cantidades que van de los 19 mil a los 29 mil millones de dólares cada año, de los cuales un monto aproximado de 10 mil millones circulan libremente en los bancos mexicanos, el resto del dinero afirman los funcionarios, lo almacenan los criminales. “Existe la presunción, que puede ser válida, que muchos de estos dólares tengan procedencia ilícita”, declaró el titular de Hacienda, don Ernesto Cordero, uno más de los personajes del “gabinetazo” de Felipe Calderón.
Sin duda que se saldrán con la suya. Las nuevas disposiciones están entrando en vigor en esta misma semana, sin que los representantes de las cámaras empresariales, ni de los colegios de profesionistas puedan hacer algo. A fin de cuentas el propio gobierno sabe que estas agrupaciones no pasan del lloriqueo y de las lamentaciones mediáticas. Por su parte los bancos se lavaron las manos después que se han hartado de ganar dinero reciclando dólares producto del narcotráfico, del secuestro, del robo de vehículos, de la trata de blancas, del tráfico de indocumentados, etc.
¿Pero que hay detrás de todo esto? En el mes de marzo de 2009, el gobierno norteamericano anunció, como parte del Plan Mérida, destinar a México un paquete de 700 millones de dólares que venían, como siempre, etiquetados y condicionados. Una de las condiciones se refiere a la intervención del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asesorando al el gobierno de Felipe Calderón en el diseño de medidas anti lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro, dice el documento, proporcionará entrenamiento al gobierno mexicano sobre como conducir sus investigaciones con relación a las finanzas de los carteles de la droga y su interacción con las instituciones financieras. Como resultado final se emite una resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 16 de junio del presente año. En la disposición 34ª Bis del texto publicado se dice: “Las entidades (bancos) deberán remitir dentro de los diez primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año a la Secretaría de Hacienda, un reporte por cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción de pago de créditos o servicios, o transferencias, o situación de fondos en efectivo, que se realicen con dólares de los Estados Unidos de América…”
En verdad debo reconocer que nadie mejor que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para “entrenar” al gobierno mexicano en como investigar al sistema bancario y el movimiento del dinero sucio. En estos menesteres los bancos norteamericanos son especialistas y por lo mismo le han dado mucho trabajo y experiencia al propio Departamento de Tesoro. El caso más conocido en los últimos años es el de Citibank que manejó los depósitos de Raúl Salinas en montos de 80 a 100 millones de dólares de origen dudoso.
Una de las mayores pesquisas sobre lavado de dinero realizada entre 2005 y 2009 condujo a los investigadores al 4º banco más importante de los Estados Unidos, el Wachovia Bank con sede en el Estado de Carolina del Norte con ingresos anuales de 55 mil millones de dólares. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y del Departamento del Tesoro de los estados Unidos, llevadas a cabo entre 2003 y 2008, este banco realizó transacciones financieras con México en el orden de 70 mil millones de dólares como promedio anual, la mayoría por medio de transacciones electrónicas realizadas por casas de cambio ubicadas principalmente en la frontera.
En los Estados Unidos existen programas preventivos sobre el lavado de dinero desde 1996 y específicamente se emitieron disposiciones oficiales en el 2006 alertando sobre las casas de cambio mexicanas, pero el Wachovia Bank pasó por alto tales reglas y siguió haciendo el gran negocio hasta que se documentó el ilícito, siendo sometido a juicio.
Sin embargo el Departamento de Justicia aceptó un acuerdo con el Banco sobre el pago de fianzas y multas por un monto de 160 millones de dólares y el compromiso de mejorar sus programas de control y vigilancia sobre fondos de origen dudoso. A cambio se suspendió el proceso en contra de los directivos del Banco y en un lapso de 12 meses, el expediente quedará archivado.
Otros bancos que han sido sujetos de este tipo de investigaciones son el Union Bank de California, American Express, el Atlantic Bank, Riggs Bank, Bank of America, etc. Incluso en las declaraciones de funcionarios de estos bancos se dice que parte de este dinero ha sido invertido en Bonos del Gobierno norteamericano. Lo cierto es que el dinero sucio que circula en el sistema bancario de los Estados Unidos es superior a las ganancias netas que se obtienen en el extranjero de todas las compañías petroleras estadounidenses. De lo que se trata, es de conservar este volumen de ganancias que le proporcionan a la economía norteamericana su actual supremacía internacional, como lo afirma el investigador James Petras, uno de los sociólogos norteamericanos más reconocidos, mismo que afirma que “ni los bancos ni el gobierno tienen la voluntad o el interés de terminar con estas prácticas que aportan tan altas ganancias”.
Sabiendo que el principal centro internacional de lavado de dinero es el sistema bancario norteamericano, yo me pregunto ¿Cómo es posible que el gobierno de Felipe Calderón admita la ingerencia del gobierno de los Estados Unidos imponiéndole a México controles en el sistema bancario que ni ellos son capaces de respetar ni cumplir?
Pensándolo bien me parece que el malestar del gobierno de los Estados Unidos es por los miles de millones de dólares norteamericanos que circulan fuera de la economía y del sistema bancario estadounidense. A fin de cuentas se trata de dólares que salen de los bolsillos de los millones de adictos de aquel país y por lo mismo, el beneficio debe ser exclusivo del sistema financiero de los Estados Unidos.
Las nuevas medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda entran en vigor esta misma semana, sin importar la crisis y el caos que actualmente vive la economía fronteriza. Son medidas que seguramente van a provocar mayores fugas de dinero y de cuentas bancarias hacia el lado norteamericano. Es un golpe más del gobierno de Calderón en contra de los sectores productivos, tal como sucedió con la imposición del Sistema de Afore Vehicular (SIAVE) que fue negociado por parte de las grandes corporaciones norteamericanas de autoservicio con inversiones en la frontera, con el fin de reducir o evitar la fuga de consumidores.
La ventaja para el gobierno norteamericano, es que hoy día tenemos en México una clase gobernante que se deja moldear al capricho de Washington, incluso sacrificando derechos y libertades de la sociedad mexicana. Para detener este modelo entreguista y de subordinación del actual gobierno del PAN, se requiere de la voluntad de cambio –como dice López Obrador- de millones de personas libres y concientes, dispuestas a organizarse y luchar por la transformación de México. No hay otro camino.