Pitiquito, Sonora, y “La Ley de Herodes”

Por Aquiles Córdova Morán
Puerto Libertad, en la costa sonorense y perteneciente al municipio de Pitiquito, es conocido, entre otras cosas, porque allí funciona una termoeléctrica de la CFE. Por fortuna, la termoeléctrica es fuente de empleo para mucha gente cuya derrama económica semanal dinamiza la vida comercial del lugar; pero al mismo tiempo ha acarreado plagas tales como bares y cantinas a pasto; basura, suciedad y mal estado de las calles; y una grave contaminación ambiental. Puerto Libertad es conocido, además, por la lucha ejemplar que libraron sus habitantes, no hace mucho, con dos objetivos fundamentales: una reducción de la tarifa que pagaban por la energía eléctrica que allí mismo se produce y que, contra todo sentido de justicia, era de las más altas en todo el país; y conseguir que la CFE aplique medidas efectivas contra la contaminación ambiental. El primer objetivo se logró, aunque precariamente; del segundo diré lo necesario renglones abajo.

Pero esta lucha, como es obvio, no gustó en absoluto ni al munícipe de Pitiquito, Luis Octavio Valenzuela Senday, ni al gobernador Guillermo Padrés, de extracción panista, ni a la CFE, por supuesto. Los liberteños quedaron marcados, desde entonces, como gente rebelde, levantisca y conflictiva; como “un mal ejemplo” que habría que erradicar para evitar el contagio a otras comunidades con problemas similares. Así, un buen día, sin ninguna razón para ello, corrió la noticia de que el comisario municipal, Rosario Alberto Ramírez Encinas, democráticamente electo por la gente, había sido “destituido” de su cargo “por órdenes” del presidente municipal de Pitiquito, un satrapilla local, priista por cierto, acusándolo de “un manejo administrativo inadecuado”. La población se inconformó de inmediato porque entendió que el verdadero “delito” de su comisario era no haberse opuesto, con toda su autoridad, a la lucha popular recién terminada. Y recomenzó su protesta pública, ahora contra la arbitrariedad y el despotismo de Valenzuela Senday, misma que hubo de llevarse ante el gobierno del estado por la razón sencilla de que el munícipe era parte interesada en el conflicto.

Pero pronto se vio que también el gobierno estatal era parte y juez. Las entrevistas canceladas, las burdas evasivas, las falsas propuestas “de solución”, las amenazas veladas contra los dirigentes, convencieron a los liberteños de que el arbitrario caciquillo de Pitiquito no había actuado por su cuenta. Pero su tenacidad logró sortear toda esta ordalía y, al final, consiguieron algo parecido a una solución: la convocatoria a nuevas elecciones de comisario. Evidentemente, los gobiernos municipal y estatal propusieron esto seguros de que ganarían la elección de calle, gracias a sus artimañas y recursos para inducir y comprar el voto. Pero ocurrió lo inesperado: la votación favoreció, amplia y claramente, al delegado depuesto, y Valenzuela Senday no tuvo más remedio que restituirlo en el cargo. Pero de inmediato desató un acoso feroz en su contra: lo privó de todo recurso económico; le cerró las puertas del gobierno municipal; le negó toda representatividad para gestionar a nombre de la comunidad y le envió, semana a semana, auditores para vigilar la aplicación de recursos que él mismo había cancelado. A resultas de ello, hoy, Rosario Alberto Ramírez Encinas cuenta con 7 actas administrativas levantadas en su contra por esos “auditores”. El último episodio de esta ópera bufa es que el día 18 de mayo de 2011, en sesión del cabildo de Pitiquito, el comisario de Puerto Libertad, democráticamente reelecto por su pueblo, fue “cesado de su cargo” por segunda vez.

Los liberteños han vuelto a la lucha. Exigen pleno respeto a su derecho constitucional de elegir libremente a su gobernante local. En esta lucha, como viene ocurriendo desde que estalló el problema de las tarifas, los inconformes cuentan con la asesoría y el apoyo desinteresado de los dirigentes estatales y locales del Movimiento Antorchista Nacional. Por ellos sé que el delegado había sido previamente expulsado de su oficina por un pequeño grupo mercenario, a sueldo de Valenzuela Senday, y que el inmueble está “resguardado” por la policía municipal y no por gente del pueblo. Por ellos sé, también, que esta segunda destitución fue apresurada por la necesidad de impedir que se concreten varios acuerdos importantes, ya pactados, en beneficio de los liberteños, entre ellos, precisamente, el combate a la contaminación ambiental. Con el pretexto de que “no hay seguridad” en Puerto Libertad, los funcionarios responsables de tales acuerdos se han vuelto ojo de hormiga.

Un reportero del diario “on line” llamado Elsoldecaborca.info, de esos hambrientos y desvergonzados que se venden al poderoso por treinta monedas, evoca la famosa película “La ley de Herodes” que retrata los abusos y corruptelas de los políticos rupestres que padecemos, para asegurar que algo similar ocurre en Puerto Libertad “donde un baquetonazo de primer nivel llamado Rosario Alberto Ramírez Encinas realiza una colusión (¡sic!) con una organización denominada Antorcha Campesina, y hace y deshace en ese pueblo, impartiendo (¡sic!) su ley y nada más”. Celebro de todo corazón el símil (aunque no la ceguera política fingida ni la bárbara sintaxis del reportero) porque ciertamente lo que sucede en Puerto Libertada parece calcado de “La ley de Herodes”.

Sólo que el héroe central de éste nuevo capítulo no es el comisario Rosario Alberto Ramírez, sino precisamente Luis Octavio Valenzuela Senday, señor de horca y cuchillo en San Pedro de los Sahuaros, alias “Pitiquito”, a cuyo servicio y a cuyos pies se arrastra este mal aprendiz de periodista. Y a todo esto, ¿qué dice el PRI de Sonora? ¿Ya se resignó tan temprano a perder nuevamente la gubernatura del estado?