PROPONEN INCREMENTAR LA PENA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS

· Iniciativa para crear la Ley para la Prevención del Delito en el Estado

· Propuesta de reforma constitucional busca que los partidos políticos decidan asignación de diputados de minoría

· Autoriza Pleno ampliaciones presupuestales al Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Mexicali, B.C.- La Diputada Nancy Sánchez Arredondo presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto incrementar la pena de prisión por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, así como salvaguardarlos alimentos de los acreedores alimentistas.

La propuesta es avalada por las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo y fue presentada este día ante la Asamblea, durante la sesión ordinaria celebrada bajo la coordinación del Presidente de la Mesa Directiva de la Vigésima Legislatura, Diputado Máximo García López.

La finalidad es reformar y adicionar los artículos 235 y 236 del Código Penal para el Estado, a fin de establecer que a quien injustificadamente no proporcione los alimentos a las personas con las que tenga ese deber legal, aun cuando éstos, con motivo del incumplimiento del deudor alimentista, se vean obligados a allegarse por cualquier medio de recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables, independientemente de que exista o no una determinación o sanción judicial de un juez civil, se le imponga prisión de dos a cinco años y de veinte a sesenta días multa, así como suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con la víctima o el ofendido.

Asimismo se facultaría al Ministerio Público para que solicite al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, información sobre antecedentes a que se refiere este artículo, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables y se estipula que este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida o de su legítimo representante y, a falta de éste, el Representante Social procederá de oficio, a reserva de que se promueva la designación de un tutor especial. La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.

Por otra parte, el Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y PT, presentó una Iniciativa para crear la Ley para la Prevención del Delito en el Estado, la cual se compone de 63 artículos que tienen como finalidad identificar y eliminar aquellos factores sociales, económicos, familiares, o de cualquier otra índole que propicien la comisión de delitos; rescatar e inducir valores sociales como instrumentos de formación, mejoramiento y fortalecimiento de códigos de conducta, principalmente entre la niñez y la juventud, además de erradicar la reincidencia y habitualidad mediante la implementación de programas, medidas o la generación de oportunidades que permitan la superación integral de las personas.

Del mismo modo, la propuesta legislativa sustenta la prevención del delito en cinco ejes fundamentales, como son la familia, la educación, la participación social, la coordinación interinstitucional y la evaluación y, adicionalmente, se propone la creación del Consejo Interinstitucional y de Participación Social en la Prevención del Delito, como una instancia de coordinación interinstitucional y un espacio para que tanto sociedad como gobierno, converjan en la propuesta, análisis y aprobación de medidas, programas, estrategias y operativos en materia de prevención del delito.

En cuanto a la integración del Consejo, se plantea, que se integre por los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por los presidentes municipales de los ayuntamientos del Estado, y por cinco ciudadanos a propuesta de los organismos no gubernamentales, uno por cada municipio.

En otro orden de ideas, la Diputada Claudia Agatón Muñiz presentó una Iniciativa signada por el Parido del Trabajo (PT), al cual representa, y por el Partido Estatal de Baja California (PEBC), para reformar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, en el inciso “C” de la fracción segunda.

Este ordenamiento se refiere a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) deberá asignar un Diputado a cada partido político o coalición, que tenga derecho a ello, lo que corresponderá a quien ocupe el primer lugar en la lista de los candidatos registrados.

La propuesta es que se agregue en el texto vigente lo siguiente: “o al candidato que ocupe en primer término la lista en orden descendente de cada partido político o coalición de los candidatos que no hayan obtenido la constancia de mayoría, de acuerdo a su porcentaje de votación válida en el distrito respectivo”. Esto tiene como finalidad otorgar a cada partido político de minoría la oportunidad de designar a quien deba ocupar la diputación correspondiente, en lugar de que lo haga el (IEPC).

En otro tema, el Pleno de la Asamblea aprobó de manera unánime los dictámenes 62 y 63 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por medio de los cuales se autorizaron sendas ampliaciones presupuestales al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA); una de ellas por valor de 179 mil pesos y otra más por un monto de 42 mil 500 pesos.

Los recursos fueron solicitados por la Presidente del TCA, Magistrada Martha Soleno Escobar, para ser tomados por ahorros efectuados por el tribunal en ejercicios anteriores, a fin de destinarlos al pago de tiempo extra al personal.