Bajo este esquema, el Mandatario estatal signó el documento que expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, ello en cumplimiento al mandato constitucional y legal federal de crear el citado sistema, el cual en una primera fase fue presentado como iniciativa en el Congreso del Estado para su análisis y discusión, así como su posterior aprobación.
Además, por decreto quedó conformada la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, misma que establece la competencia del Estado y los municipios para determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, sanciones y procedimientos para la aplicación de estas últimas.
De igual forma, como parte de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, se eleva la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental a rango de Secretaría, con lo que se fortalece su competencia actual y se reincorporan nuevas atribuciones que se desprenden de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema Estatal de Fiscalización.
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