Gerardo Álvarez Jiménez, podría haber "sobornado" a jueces de lo civil-mercantil

Gerardo Álvarez Jiménez, podría haber "sobornado" a jueces de lo civil-mercantil para quedarse como dueño absoluto de una compañía que pertenece a él y dos de sus primos

Tijuana.- Socios de la empresa mercantil denominada ADTSA, S.A. de C.V., dedicada principalmente a la administración de centros nocturnos en esta ciudad, alertan que funcionarios del Poder Judicial podrían estar prestándose al tráfico de influencias y conflicto de intereses, en litigios que se ventilan en dos juzgados civiles-mercantiles.

El presunto demandante y contrademandado es José Gerardo Álvarez Jiménez, conocido en la Zona Norte de esta ciudad como “el zar del vicio”, quien antes fue denunciado ante la Fiscalía General de Aguascalientes, por su madre María Guadalupe Jiménez Loza, señalando ella que Gerardo Álvarez la privó de su libertad, con el propósito de despojarla de sus propiedades.

En Tijuana Gerardo Álvarez Jiménez es conocido por regentear los centros nocturnos denominados “Adelitas Bar”, “La Valentina Bar” y “Hotel Coahuila”, y por presumir relaciones muy estrechas con personas influyentes y gobernantes de Baja California, contactos que podrían incluir a miembros del Poder Judicial.

Por ello es que sus primos-socios temen que el famoso lenón de la Zona Norte utilice influencias y contactos políticos para dejarlos fuera de la sociedad que habían formado, según se asienta en documentación protocolizada ante el Notario 2, licenciado Gabriel Moreno Mafud, cuya escritura número 200,813, volumen 2472, de fecha 11 de octubre de 2017, fue asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado.

Los quejosos forman parte de una sociedad con José Gerardo Álvarez Jiménez, conformando un total de 75 acciones (25 cada uno de los tres asociados que sostienen litigio) como capital único.

Los empresarios afectados por el congalero, Gerardo Álvarez Jiménez, reiteran que éste se jacta públicamente de sostener relaciones de poder entre políticos, funcionarios e integrantes del Poder Judicial de Baja California y de la coordinación del gabinete del Poder Ejecutivo del Estado, lo que le ha permitido despojarlos de sus derechos sobre los negocios.

Lo primero que hizo Gerardo Álvarez Jiménez, según denuncia penal de la señora María Guadalupe Jiménez Loza, fue despojar mediante engaños, reteniéndola contra su voluntad en esta ciudad, y drogándola para obligarla a firmar la cesión de todos sus derechos sobre todas sus propiedades.

Después promovió la revocación de poderes y derechos de sus parientes socios, según se ventila en el Juzgado Segundo de lo Civil y el Juzgado Décimo Primero en Materia Civil-Mercantil, de los cuales los titulares son, los licenciados, Carlos Alberto Ferré Espinoza y Nelson Alonso Kim Salas, respectivamente.

Al buscar conocer sobre el avance de esos dos litigios, toda vez que los jueces no acreditaron la personalidad jurídica de los demandantes, específicamente en el caso del Juez Segundo de lo Civil, éste informó que resolvió rápidamente en dos semanas, ya que a él le tocó solamente lo relativo a una deuda que se tenía con uno de los quejosos.

La escueta información que proporcionó el licenciado Carlos Alberto Ferré, indica que los afectados, quienes reclaman derechos en la empresa ADTSA, S.A. de C.V., fueron engañados por alguna de las partes involucradas en los juicios y temen que José Gerardo Álvarez Jiménez, haya logrado corromper a los titulares de los juzgados donde se ventilaba su denuncia.

Por lo que toca al juez Nelson Alonso Kim Salas, del Juzgado Décimo Primero de lo Civil-Mercantil, donde se ventila lo relacionado al despojo de las acciones a los otros socios, se recibió una negativa a atender a la prensa, aduciendo que se encontraba ejercitando un juicio oral e ignoraba cuánto se tardaría en ello, según dijo el secretario, desde unos minutos a unas horas.

Los afectados dijeron entonces que buscarán otro medio para que se investigue si su primo José Gerardo Álvarez Jiménez, hizo uso de sus influencias para convencer a los jueces para que se prestaran a ilegalidades para lograr apoderarse de lo que consideran que también les corresponde.