Por Aquiles Córdova Morán
Desde siempre, los campesinos de Quintana Roo (en su mayoría indígenas mayas o sus descendientes) se han debatido en la pobreza más absoluta. Que esto es así lo prueba, en alguna medida, la siguiente declaración tomada de un diario local: “El delegado en Quintana Roo de la Sagarpa, Arturo Bolaños Medina, declaró que, en efecto, el campo quintanarroense atraviesa por un periodo difícil, pero aseguró que no es privativo del año 2009 y, por el contrario, es una situación normal que se presenta de manera cíclica.” Sin embargo, esta “situación normal” es hoy más aguda debido a que la temporada de lluvias fue singularmente escasa e irregular. Cito otra vez, textualmente, a la prensa quintanarroense: “La sequía que padece el campo de Quintana Roo no sólo afecta a los cultivos de la entidad, sino que también perjudica otras actividades como la reforestación… según lo indicó el gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Paulino Rosales Salazar… abundó que de las 5 mil hectáreas afectadas… ni siquiera la mitad se ha reforestado, debido a que aún comunidades del centro y sur del estado padecen una grave sequía atípica, catalogada por los especialistas como la peor en 60 años.”
No hay duda: la inmensa mayoría de los agricultores temporaleros de Quintana Roo perdieron sus cosechas y necesitan con urgencia del auxilio oficial. Hay mecanismos, al menos formalmente, diseñados para ello. El mismo representante de Sagarpa citado más arriba dijo, refiriéndose al problema: “Otra herramienta para enfrentar la situación es que a través de una empresa se aseguran las hectáreas cultivadas, y en este año ya se aseguraron 75 mil hectáreas, pues en caso de siniestro, la aseguradora, dependiendo de la pérdida de la cosecha, pagará los daños.” Por su lado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena (Sedari) en el estado, Gabriel Mendicutti Loría, precisó a los medios: “Cabe destacar que el gobierno del estado y la Federación aseguraron un total de 75 mil hectáreas de maíz no mecanizado, con una prima de casi 27 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal a través de la Sagarpa aportó poco más de 21.5 millones de pesos y el gobierno del estado poco más de 5.3 millones de pesos.” Y agrega la nota: “Explicó que según el acuerdo firmado con la aseguradora Proagro,… una hectárea siniestrada en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos tiene que reportar una producción de 120 kilos como máximo; y para el resto del estado la producción tendrá que estar por debajo de los 140 kilos.”
De los dichos de ambos funcionarios se colige que hay un programa de aseguramiento de cosechas, fondeado con dinero público canalizado a través de Proagro (una aseguradora privada al parecer), por lo que, teóricamente, no haría falta más que activar ese mecanismo ante la grave crisis actual. Pero… ¡resulta que no! Que a los campesinos urgidos de cobrar el seguro para poder comer, gobierno y Proagro, unidos en curioso y estrecho maridaje, los han metido en un laberinto infernal del que no se ve cuándo ni cómo podrán salir. Primero, Sedari (gobierno del estado) retrasó lo más que pudo el recuento de daños necesario para determinar cuántos y quiénes fueron los damnificados; luego, resultó que el tal recuento se hizo “por muestreo”, lo que dejaba fuera a mucha gente probadamente dañada. Fingieron reponer el procedimiento, con lo que alargaron otra vez el plazo para pagar. Finalmente, ahora resulta que, según Proagro, casi nadie tiene derecho a cobrar el seguro porque todo mundo cosechó por arriba de los 120 o 140 kg.
En síntesis, pues, no quieren pagar. ¿Qué se hicieron las 75 mil hectáreas aseguradas? ¿Dónde quedaron los 27 millones de pesos salidos del erario? ¡Nadie sabe, nadie supo! ¿Y los campesinos? ¡A pedir limosna si no quieren morirse de hambre! Como era de esperarse, los afectados se indignaron ante estos manipuleos del dinero público en perjuicio suyo y han iniciado ya una serie de protestas legítimas. Luego de un largo viacrucis por las oficinas estatales y federales sin ningún resultado, lograron, al fin, hablar con el gobernador del estado, licenciado Félix Arturo González Canto. Los atendió de prisa porque tenía asuntos más urgentes que atender; pero prometió, en concreto, pagar el 50 por ciento del seguro (cosa que ya se ha hecho en años anteriores) y ofreció, además, 200 kg. de maíz para cada familia, aunque negó la semilla para la siembra de frijol (como se ha hecho antes) con el argumento de que “no hay frijol” y, además, ya se pasó el tiempo de siembra. Dejó a sus ayudantes la tarea de materializar sus promesas.
Y lo que tenía que pasar pasó. Los segundones dieron a escoger: o el 50 por ciento del seguro o los 200 kg. de maíz, pero no ambas cosas como fue la promesa del gobernador. La gente, obviamente, no aceptó por la sencilla razón de que eso es totalmente insuficiente. Han intentado hablar nuevamente con el gobernador pero les han cerrado la puerta. El problema es más agudo en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas. Sólo los líderes antorchistas han levantado un padrón de 6 mil damnificados, pero la cifra total es mucho mayor. Los antorchistas están haciendo su mejor esfuerzo para que la inconformidad no se desborde; pero la sordera oficial le echa gasolina al fuego. Para tratar de encauzar pacíficamente el descontento, este jueves 26 se llevará a cabo una nueva manifestación pública que, de no obtener nada, instalará un plantón permanente frente al palacio de gobierno. Desde aquí llamamos a los campesinos a mantenerse firmemente unidos; a rechazar todo intento de dividirlos o cualquier llamado a emprender acciones fuera de la ley. El Antorchismo Nacional está pendiente de su problema y les ofrece apoyarlos con todo en caso necesario. Ojalá que el señor gobernador retome su ofrecimiento completo y haga que sus funcionarios menores lo cumplan puntualmente.
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