El Grupo Aeroportuario del Pacífico no debe participar en el proyecto de licitación de la Riviera Maya.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico no debe participar en el proyecto de licitación de la Riviera Maya. Mucho menos, puede obtener dicha concesión.

por Alejandro Vizcarra Estrada
TIJUANA B.C.-La soberanía de nuestro país está “en grave riesgo”… Si soberanía significa decidir libremente sobre nuestro destino económico, nuestros recursos y nuestro desarrollo, entonces lo reitero y digo más fuerte: nos encontramos en un momento histórico de “intervención” coludida con intereses que no son los nuestros, los de los mexicanos.
Extranjeros disfrazados de inversionistas han logrado la complicidad de autoridades en México, ahora convertidos en modernos malinchistas, en lo que representa una traición en contra del espíritu nacional e integrador que debe tener nuestro país. Estamos ante la nueva conquista que vuelve a exprimirnos y arrebatarnos nuestros recursos.
Les diré que hemos vivido las complicidades que han hecho prácticamente imposible defender el patrimonio de los que vivimos en este país y nos esforzamos --como todos ustedes-- por defender lo que es nuestro, nuestro nivel de vida, nuestro territorio, nuestros negocios, nuestros medios de producción, nuestra política y hasta nuestros medios de comunicación.
Les suplicaré toda su atención en esto que voy a explicar:
Todo comenzó cuando México decidió abrir la puerta a la inversión extranjera, principalmente la española, en el manejo de un sector vital y estratégico como lo es la administración de los aeropuertos.
Diputados de pasadas legislaturas, y que ahora dicen estar arrepentidos, autorizaron la entrada del Grupo Aeroportuario del Pacífico al otorgarle una concesión por medio siglo y renovable a otros 50 años más… El objetivo parecía ser muy claro entre ese grupo de legisladores: renovar el sector, hacerlo competitivo, desarrollarlo y permitirnos como país desarrollar negocios, generar empleos, apoyar la inversión. En una palabra: estaríamos mucho mejor que con la administración en manos del Estado.
Pero no fue así, la intención del Grupo Aeroportuario era evidente, apoderarse de todos los sectores colaterales –no estipulados en la concesión— como la carga, los comercios, taxis, el estacionamiento, hoteles, todo aquello que se relacionara con la actividad en un claro monopolio. Y lo hicieron público al desaparecer el nombre de Aeropuerto de Tijuana, Abelardo L. (de Luján) Rodríguez, (nombrado por Álvaro Obregón gobernador general del Territorio de Baja California quien en sus manos impulsó recuperación económica y educativa después de la Revolución, luego llegó a la presidencia de México sucediendo a Pascual Ortiz y dejando el poder en Don Lázaro Cárdenas del Río) Ese es el nombre de los mexicanos que hicieron historia y que al GAP no le interesó en lo más mínimo, es claro, porque no aman nuestra tierra, y borraron el nombre de nuestro héroe bajacaliforniano.
La Asociación de Prestadores de Servicio Aeroportuario, que un servidor presidió, denunció en su momento también la cancelación del izamiento de nuestra enseña patria, que nos la arrebató el Grupo Aeroportuario del Pacífico, por más de tres años no la vimos ondear en la explanada del Aeropuerto: “… el pueblo que no tiene raíces, ni héroes, es más fácil de aplastar” y así con la mano en la cintura, sin oposición de autoridad alguna y violando flagrantemente la Ley de Símbolos Patrios continuaron con su obra hasta que, apoyados por Diputados de la LVIII Legislatura Federal, nosotros logramos que la volvieran a colocar. Pero los españoles continuaron su obra, intimidaron y amenazaron comerciantes para que les firmaran contratos leoninos, ventajosos que rompieron el espíritu de la concesión. Ahora poseen el 90% de los comercios del aeropuerto.
Retiraron todas las sillas o asientos del ambulatorio principal con el argumento de que “personas que no van a volar representan un gasto en el mantenimiento de la central aérea”, y que no representaban ningún beneficio para el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Esto, sin tomar en cuenta a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas que tenían que pasar horas enteras esperando la llegada o salida de sus familiares y amigos de la central aérea. Hasta que la asociación que presidiamos, con el apoyo de medios informativos y legisladores federales logramos que las volvieran a colocar, después de cuatro años de haberlas retirado.
Según información proporcionada por legisladores federales y de acuerdo a los propios informes de la empresa, el Grupo Aeroportuario del Pacífico recaudó, en un lapso de 3 años la cantidad de 7,987,704,600 millones de pesos. Entregó dividendos en el mismo lapso por 2,146,300,000 pesos. Y aún así se negó a entregar a sus empleados lo correspondiente a utilidades a que tienen derecho como empleados del Grupo Aeroportuario del Pacífico, según se supo.
Se olvidaron de la seguridad: dos hombres fueron muertos a tiros en el estacionamiento sin que nadie supiera nada, los asesinos huyeron y así hubo robos a comercios, con soplete, asaltos, carteristas, falsos maleteros, taxis piratas protegidos por la PFP, asuntos tan graves como el caso Alberto Fujimori, quien llegó, permaneció y salió del aeropuerto de Tijuana a pesar de tener una alerta roja de la Interpol; vendedores ambulantes ofreciendo productos hasta en zonas prohibidas o restringidas, y desde luego la represión a comerciantes.
Desarrollaron nuevos locales, unos se los adjudicaron ellos, otros los vendieron a transnacionales sin ofrecerlos a comerciantes establecidos en el aeropuerto por muchos años como primeros en tiempos y derechos… violaron los derechos adquiridos de todos. Aún a pesar de múltiples ofrecimientos de las autoridades de la SCT, quienes le manifestaron al Senador Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que los derechos adquiridos de dichos comerciantes serían respetados. Recordamos la comparecencia del arquitecto Pedro Cerisola, entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ante la Comisión de Comunicaciones que el Senador Aguirre Rivero presidia en la legislatura pasada. Acto en el cual estuvimos presentes varios comerciantes y que no fue cumplido ni por él ni por el GAP.
Muchos asociados a la APSAT firmaron amenazados y otros mantuvieron la lucha en silencio. Uno a uno fue perdiendo los pleitos legales con la complicidad de las autoridades y la compra de los abogados. Esto lo dio a conocer amenazadoramente en su momento el anterior Director Comercial del GAP, el español Carlos Porrón, quien dijo a varios locatarios del Aeropuerto de Tijuana que ningún juicio en contra de los comerciantes perdería el GAP porque tenía compradas a todas las autoridades, incluso al entonces presidente Fox.
Sufrimos bloqueos y pocos, realmente pocos, se interesaron en esta lucha que se puede comparar a la de David (los comerciantes locales) contra Goliat. Una empresa extranjera con caros despachos de abogados en Guadalajara, el Distrito Federal y Tijuana, e intereses enraizados con funcionarios federales y jueces.
En el documento enviado a la Bolsa de Valores de Nueva York en el que presentan su reporte anual de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores, en relación al ejercicio del 2005 y refrendando en el año del 2006 con fecha de 9 de junio del 2006 y 28 de junio de 2007, el Grupo Aeroportuario del Pacífico aseguró que sus acciones valdrán más como empresa monopólica del ramo al estar, afirmaron, “limpiando” de comerciantes mexicanos los aeropuertos para colocar franquicias extranjeras, principalmente españolas y norteamericanas como ya lo hicieron, tal como lo dan a conocer en los mismos documentos. ¿Y los empresarios mexicanos, qué?, ¿y sus familias, qué?, y los empleados y familias que son despojadas o desalojadas, qué? ¿Cuál sensibilidad?, ¿Cuál generación de empleos?
Sus ambiciones expansionistas van más allá impactando la ecología local al querer bajar aviones que ya no quieren en San Diego por la contaminación que implica su número y el ruido, aquí en Tijuana donde siguen luchando por quitar tierras a los propietarios del ejido Tampico, lugar donde está asentado el Aeropuerto de Tijuana.
Y aún hay más, pretenden quedarse con el negocio de carga que hoy no es nada, pero que será muy lucrativo cuando se abran las posibilidades para el puerto aéreo de carga ante la expansión de la maquiladora y los vuelos de carga entre Tijuana y los países asiáticos.
A manera de conclusión diré, si me lo permiten: que es urgente cambiar la legislación, poner candados y artículos bien definidos que regule la concesión ya existente o en su caso la suspensión de tal permiso para operar en el país cuando los beneficios han sido para unos cuantos y no para todos.
Siempre nos negamos rotundamente a ser explotados, a ser ciudadanos de tercera ante la colusión de funcionarios mexicanos con extranjeros que nos han vuelto a ver como aquella desprotegida nación sorprendida por caballos y hombres de lata que no tenían nada más que ofrecernos que su envidia y ambición. Pero el enemigo era muy poderoso. Nos lo había anunciado Carlos Porrón.
El primero de octubre del 2007, la Comisión Federal de Competencia le envió al Senador Ángel Heladio Aguirre, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, un diagnóstico sobre servicios aeroportuarios y donde buscaba atender también problemas detectados por la Comisión Federal de Competencia, tales como la ausencia de criterios de eficiencia económica en las bases de regulación tarifaria.
Entonces, el Diputado Federal Cuauhtémoc Velasco Oliva emitió el pasado 9 de octubre del 2007 al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos así como la creación de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios (CFSA) como órgano desconcentrado de la SCT, con autonomía técnica y operativa, lo que permitirá que este organismo desarrolle las actividades de regulación de manera eficaz e independiente, lo que favorecerá una vigilancia más eficiente de los servicios aeroportuarios.
El 30 de noviembre del mismo año, el propio presidente de la Comisión Federal de Competencia, señor Eduardo Pérez Mota emitió una Opinión en la que expresaba que en el futuro se deberán dar pasos adicionales que favorezcan estos avances de regulación de manera eficaz e independiente los servicios que se prestan en los aeropuertos mexicanos.
La intervención de los senadores y de los diputados federales es esperanzadora y árbitro indiscutible en este complicado asunto en el que es definitivo considerar como un error del gobierno federal abrir, sin reglas, la administración de los puertos aéreos.
Se dan las condiciones de reparar lo arruinado, de resolver lo equivocado, de darle curso a un problema que se ha enraizado y que si tiene solución en el acuerdo y en la normatividad. México lo exige y es lo que nos impulsa, por nuestro país, por nuestros aeropuertos, por nuestros empleados, por nuestras familias y por nuestros hijos.
Ni los puntos de acuerdo emitidos por los diputados Javier Castañeda Pomposo, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Francisco Blake Mora, Alejandro Monraz Sustaita, Manuel González Reyes, todos ellos del PAN, de Manuel Bartlet Díaz, del PRI; Cuauhtémoc Velasco Oliva, Jesús P. González Schmall, de Convergencia; Jaime Martínez Veloz y Tomás Cruz Martínez, del PRD; entre otros; ni las recomendaciones del licenciado Eduardo Pérez Mota, quien preside la Comisión Federal de Competencia y ha calificado al GAP como un monopolio; ni las quejas de Andrés Conesa, director de Aeroméxico, ni las de Emilio Romano, directivo de CMA, quien se quejara de las altas tarifas de los aeropuertos mexicanos, incluyendo los del GAP; catalogados por el Foro Económico Mundial como los más caros del mundo, ni las críticas de valiosos y reconocidos columnistas mexicanos como Rafael Loret de Mola, Jesús P. González Schmall, Francisco Paco Rodríguez, Raymundo Rivapalacio, Alberto Aguilar, entre varias decenas más, ni la CONCANACO y la CANACO de Guadalajara, que protestaron airadamente por las arbitrariedades del GAP; ni las violaciones a las leyes mexicanas que ha cometido el GAP, entre ellas el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, texto vigente desde el 22 de diciembre de 1995, que dice:
No podrán ser titulares de permisos las personas físicas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena. La misma restricción se aplicará a los directores generales o sus equivalentes, o a los socios, o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias o permisionarias.
Y aún así, han sostenido a un administrador de nombre Guillermo Villalba Morales, quien cometió varios delitos y fue sentenciado por ello.
Ni porque el GAP se ha negado a pagar al Ayuntamiento de Tijuana el impuesto predial cuyo monto asciende a más de 300 millones de pesos y lo mismo ha sucedido con otros aeropuertos concesionados al GAP.
Por tantas irregularidades, donde claramente se aprecia la corrupción, la impunidad, el abuso de poder de los modernos conquistadores españoles, enquistados en nuestro país, donde cada día perdemos nuestra soberanía y poco a poco las áreas estratégicas como lo son aeropuertos, ferrocarriles, transportes terrestres, y actividades económicas como los bancos, la telefonía, incluso medios de comunicación, playas, petróleo, gas, electricidad (ahora eólica), minas, etc.
Invito a los ciudadanos a que nos hacen el favor de leernos, reflexionando un poco en nuestra modesta opinión y, si están de acuerdo en que el GAP no debe participar en la licitación del proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, nos externen sus comentarios al email avizcarrae@gmail.com y, sobre todo, lo hagan saber públicamente.

¡El Grupo Aeroportuario del Pacífico no debe participar en la licitación de Aeropuerto de la Riviera Maya!