TIJUANJA B.C.-Ante la falta de una consulta pública en donde se exprese la verdadera opinión de los tijuenenses sobre el proyecto del Zócalo 11 de Julio, el regidor electo para el XX Ayuntamiento, Mariano San Román, consideró necesario la realización de adecuaciones al proyecto en los que se evite la tala de árboles de más de 20 años de vida.
El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que existe incertidumbre entre la comunidad sobre la validez de la metodología utilizada por el Patronato, con el que se determinó el estado de los árboles que pretenden quitar para realizar la obra.
Indicó que al eliminar una fuente generadora de oxigeno, se deteriora la calidad del aire en detrimento de la salud y del bienestar público, de ahí que la intención de talar determinada cantidad de árboles, puede causar problemas respiratorios para algunas personas.
“Ante la situación económica actual, la gente también se pregunta si en realidad es necesario que el gobierno Federal y Estatal destinen cientos de millones de pesos en proyectos que no tienen un beneficio tangible y oportuno para la sociedad”, subrayó San Román.
Mencionó que con la información con la que cuenta hasta el momento, no puede asumir una actitud a favor de la construcción del Zócalo, ya que desconoce la existencia de un Plan de Manejo Ecológico para la remoción, reubicación, transporte y garantía de vida de los árboles que quieren remover.
“Tendríamos que revisar cuál fue el resultado del estudio de impacto ambiental y quién lo elaboró, porque valdría la pena revisarlo a fondo y de esa manera determinar si este proyecto tendrá un beneficio real para Tijuana”, expresó.
En ese sentido, Mariano San Román comentó que una vez que entre en funciones dentro del Cuerpo Edilicio del XX Ayuntamiento de Tijuana, será vigilante del desarrollo del Zócalo 11 de Julio, anteponiendo la preservación ecológica sobre los intereses de otros grupos.
Por último, el regidor electo por el PVEM reiteró la necesidad de contar con nuevos estudios para determinar la factibilidad del proyecto, así como una consulta ciudadana para conocer la opinión masiva de los tijuanenses, talcomo lo indica la propia ley de protección al ambiente del estado de Baja California.
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