CICUTA COLUMNA POLITICA JAIME FLORES

Por Jaime Flores Martínez
Abusos
TIJUANA B.C.-Seguro que el secretario de seguridad pública federal Genaro García Luna, desconoce que los elementos federales comisionados en Tijuana encontraron la fórmula para ganar dinero a través del abuso contra los automovilistas. García Luna debe saber que durante las últimas cuatro semanas, los elementos federales colocan retenes en distintos puntos de la ciudad para interceptar a los automóviles con placas estadunidenses que son tripulados por personas que carecen de la nacionalidad norteamericana.
Los señores policías se especializan en automóviles de modelo reciente que manejan personas con apariencia latina. Al detener algún automóvil de lujo cuyo conductor tiene finta de mexicano, los elementos policiacos se atropellan a pedirle su documentación migratoria que justifique la posesión de un automóvil de modelo tan reciente.
Un policía barrigón, bigotón y gritón, se acerca a la victima para advertirle que “está metido en un problema gordo”. Allí le explica que conducir un automóvil extranjero es un delito conocido como “contrabando equiparado”. Tan obeso oficial se encarga de intimidar a su víctima al subrayarle que se trata de un delito federal que se paga con cárcel.
El tormento sicológico que aplica, arroja resultados prácticamente inmediato pues muchas de las víctimas se contactan telefónicamente con algún asesor jurídico que les confirma que –efectivamente—se trata de un delito. En la mayoría de las ocasiones las personas invadidas por el nerviosismo intentan “negociar” con los policías federales quienes de repente cambian su actitud.
De la postura agresiva y soberbia que entregaron al inicio, esos policías se convierten de pronto en personas comprensivas, amables, dispuestos a ayudar a tan ignorantes infractores. Otro elemento federal de piel blanca, flaco pero panzón, quien porta lentes oscuros con la obvia intención de evitar que lo identifiquen; el uniformado toma del hombro a su víctima y le regala una sonrisa antes de aceptart que lo ayudara a cambio de míseros 30 mil pesitos. ¡30 mil pesos!, reacciona el automovilista mientras sus ojos se salen de sus respectivas cavidades.
Si el susodicho no logra reunir al menos 20 mil pesotes, otro de ellos elabora la documentación respectiva antes de conducirlo a la delegación local de la Procuraduría General de la República (PGR). El agente del ministerio publico que recibe al detenido, le informa que la posesión de un vehículo extranjero significa contrabando equiparado, pues la utilización de ese tipo de automóviles se permite únicamente a los extranjeros.
Allí le notifica que al tratarse de un delito federal, deberá enfrentar un proceso tortuoso que deberá enfrentar al interior de la Penitenciaria del Estado. También le dice que luego de dictarle formal prisión, el juez encargado del caso podría fijarle una fianza que oscilara entre los 50 y los 100 mil pesos. De nada sirve que el conductor ubique al propietario del vehículo o intente justificar la posesión.
Sin embargo, García Luna debe saber que solamente uno de cada 10 automóviles que son interceptados terminan en las instalaciones de la PGR. Una persona que fue víctima de los policías, asegura que tan comprensivos uniformados “aceptaron” un apoyo de 500 dólares a cambio de permitirle seguir su camino.
Otros tantos conductores, informan que los federales instalan retenes por los rumbos del Boulevard 2000, en los tramos iniciales de la carretera libre Tijuana-Rosarito y en las inmediaciones del aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, donde tienen el tiempo suficiente para elegir a sus víctimas.
Si bien conducir un moderno automóvil con placas de Estados Unidos es un delito federal, también es cierto que muchos habitantes de la frontera norte de México son víctimas de abusos por parte de elementos federales, estatales y municipales, a quienes solamente les importa el dinero: y no poquito.
Justificación
La mañana del pasado miércoles, Cicuta recibió una carta firmada por Lauro Ortiz Aguilera, director de Comunicación Social de la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo titular es Pablo Contreras Rodríguez.
En su carácter de responsable de la comunicación, el licenciado Ortiz Aguilera envió una comedida aclaración sobre lo publicado aquí el pasado miércoles. Lauro subraya que “la pésima reputación” que un altísimo funcionario estatal le endilga al delegado Pablo Contreras es “una opinión personal” y aclara que la visita del director general del IMSS Daniel Karam fue anunciada con 4 días de anticipación.
Con una redacción impecable, Lauro ofrece detalles sobre las actividades realizadas para recibir a Daniel Karam en la visita que realizo el pasado día 12. Dice Lauro que “le consta que Pablo Conteras no fue tratado con la punta del pie” como reseñó Cicuta hace un par de días. También se refiere al termino “jodidez” que utilizo el columnista.
Asegura que Conteras es empresario desde que tenía 18 años y actualmente es presidente de una empresa dedicada a la venta de partes automotrices. Aclara que ese funcionario que califica a Contreras como “el peor delegado federal” debe conocer un rosario de logros del IMSS desde el arribo de Contreras. Sano seria que todos esos logros los hiciera del conocimiento de ese “altísimo funcionario estatal”, el cual –para información de Pablo Contreras, el susodicho funcionario tiene un domicilio conocidísimo allá en Mexicali, capital del Estado. ¿Alguna duda?
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