En la sesión de la Comisión de Gobernación, también se aceptó establecer plazos fatales para que el titular del Ejecutivo Federal publique una ley o decreto, con lo que se busca evitar el llamado “veto de bolsillo”.
Los diputados asistentes a la sesión de la Comisión de Gobernación, se discutieron cinco proyectos de dictamen, uno de ellos regresado para ahondar en su análisis.
Los legisladores aprobaron la iniciativa de reforma a los artículos 18, 42 y 80 de la Constitución local, presentada por el diputado de la anterior legislatura, Humberto López Barraza, para eliminar la restricción de contender por algún puesto de elección popular sin terminar el cargo para el que fuere electo, conocida como Ley Antichapulín, vigente pero inoperante.
El proyecto de dictamen fue aprobado por unanimidad en el sentido de que el ejercer algún cargo público no será impedimento para registrar su candidatura, aún cuando no haya concluido en su encargo.
Los integrantes de esta Comisión; las diputadas Nancy Sánchez Arredondo y Lizbeth Mata Lozano así como los diputados Julio Felipe García Muñoz y Jorge Lozano Pérez, aprobaron la Iniciativa de Reforma a los artículos 22 y 27 constitucionales, que busca plasmar en la Constitución. estatal la facultad de aprobar o modificar las leyes de ingreso y presupuestos de egreso.
Además se establece en la Constitución de Baja California que en el caso de vencer el plazo, no se aprueban, continuarán los vigentes
La Comisión de Gobernación aprobó también el proyecto de dictamen para reformar la Constitución para incluir la revocación de mandato, pero fue declarada como improcedente por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en virtud de que no cumplió con los requisitos legislativos.
Finalmente se aprobó un proyecto de decreto enviada por el Congreso de la Unión para reformar los artículos 71, 72 y 78 de la Carta Magna, cuyo objetivo es modificar, con los dos primeros artículos, del “Reglamento de Debates”, por la “Ley Orgánica del Congreso y sus Reglamentos Respectivos”.
Con la reforma a los artículos 72 B y 78, se propone establecer plazos fatales para que el titular del Ejecutivo Federal publique una Ley o Decreto, con lo que se busca evitar el llamado “veto de bolsillo” que se puede convertir en una negativa del Presidente para promulgar leyes aún cuando no tenga que hacer observaciones.
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