Carcajadas
TIJUANA B.C.-Por culpa del ambicioso Edgar Fernández Bustamante ningún funcionario de la pasada administración municipal podrá ser sancionado aunque hayan cometido cualquier cantidad de ilegalidades. Fernández Bustamante cobra como consejero jurídico del actual Ayuntamiento
El miércoles pasado, la sindica procuradora (así le gusta que le digan) Yolanda Enríquez sacó la cara para intentar explicar porque no ha aplicado ninguna sanción a los funcionarios que laboraron con el panista Jorge Ramos Hernández. La señora sindica ha llamado a declarar a la mayoría de los ex funcionarios, aunque no ha pasado de allí. Aun así advierte que procederá. Se le dice ingenua.
Quizá responsables de irregularidades en el desempeño de su función, esos funcionarios se afianzan la panza para que no les brinque de la risa. Se carcajean si se refieren a su inminente inhailitación. Todos los comparecientes están convencidos que la “sindica hace lo que puede”. Ella desconoce muchos de los procedimientos legales.
Mientras el secretario jurídico Edgar Fernández Bustamante dedica su tiempo a menesteres económicamente rentables, se olvida de "aconsejar" a Yolanda Enríquez sobre su esteril intento de pretende fincar responsabilidad sobre algún ex funcionario. Aun que es su responsabilidad, Fernández Bustamante no le brinda asesoría jurídica a nadie. Quizá fue a la escuela porque lo mandaron.
Fernández nunca le dijo a la sindica que los titulares de las dependencias son los encargados de llamar a cuentas a sus antecesores en los 30 días siguientes de su toma de posesión. Ellos (y no la sindica) deben emplazar a los ex funcionarios para aclarar dudas y conocer situaciones especificas. Ese es procedimiento legal en el periodo entrega-recepción
Entrantes y salientes tienen la responsabilidad de responder por los bienes que se mencionan en las carpetas de entrega-recepción. Lo que no se impugne, quiere decir que ambas partes lo dan por existente y se comparte la responsabilidad de las partes. Este es sin duda un “consejo” que corresponde dar al consejero jurídico que solo existe si se trata de ganancias.
La ley que reglamenta la entrega recepción --en su artículo 18-- señala que “la verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor público entrante en un término de treinta días naturales contados a partir de la fecha de entrega y recepción del despacho”. Esto quiere decir que los ex funcionarios que realmente hayan cometido ilegalidades pueden impugnar la decisión que tome la Sindicatura, con el simple hecho de comprobar que “se violo el procedimiento”, como es el caso.
El riesgo ahora es que –la señora sindica—ya se convirtió en el “hazmerreír” de algunos ex funcionarios tan corruptos como observadores de la ley. Si acaso son encontrados responsables de malos manejos, ellos pueden alegar violaciones al procedimiento y carcajearse de la actual administración.
Ruido
Muchísimo ruido se ha generado en torno al ex gobernador de Baja California Eugenio Elorduy Walter, quien aparece como el estratega de las corruptelas que envuelven la instalación y la operación de la empresa trasnacional Sempra Energy.
Recientemente un periódico de circulación nacional publico un reportaje sobre las ilegalidades que cometió Sempra Energy en su ruta por instalarse en Baja California. En dicho reportaje se entrevista a Rodolfo Michelon, un personaje que se desempeño como contralor de esa empresa trasnacional. Michelon sostiene una demanda contra Sempra en una corte del Condado de San Diego.
En el cuerpo de la nota Michelon explica que fue despedido de manera fulminante por indagar y descubrir actos de corrupción entre esa empresa y altos funcionarios de Baja California. Habrá que precisar que en ningún momento Rodolfo Michelon no hace referencia al ex gobernador Eugenio Elorduy, aunque ni falta que hace.
Felipe Ruanova Zarate, un bajacaliforniano dedicado a machacar en el tema de Sempra Energy, asegura que el destino del señor Elorduy es la cárcel y además enumera las ilegalidades ordenadas desde su administración. Además, Michelon menciona nombres de políticos nacionales entre los que destacan Luis Téllez, Carlos Ruiz Sacristán y el propio Ernesto Zedillo.
En una parte de la nota Michelon “desmiente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, quien juró ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que Sempra actúa en el marco de la ley”.
También recuerda la intervención policiaca que se dio en el desalojo de Ramón Eugenio Sánchez Ritchie y su familia en el año 2007. Este hombre es propietario de un predio de cien hectáreas del que fue despojado por Sempra. La lucha de Sánchez Ritchie rindió frutos debido a las burdas maniobras de Sempra para despojarlo de su propiedad. Sánchez Ritchie salió de la cárcel para recuperar su terreno. Por cierto, hay quien se pregunta ¿en donde quedo el señor Sánchez Ritchie en toda esta historia? ¿Por qué no levanta el dedo en momentos que Sempra está en el banquillo de los acusados?. Ah, otra cosa, Cicuta dará detalles de otro predio que ocupa Sempra en Mexicali, caso muy similar al de Ensenada.
Amparado
La mañana del pasado miércoles, el Juzgado Noveno de Distrito de Tijuana otorgo un amparo al sacerdote Raymundo Figueroa Pérez ante una eventual orden de aprehensión que pudiera girar el juzgado primero de lo penal de Rosarito. Al llamado padre desobediente no le basto el amparo divino; A Figueroa le aterra imaginarse en la cárcel
Ley
El lunes próximo Cicuta revelara detalles sobre la incorporación de Julián Leyzaola en la Secretaria de Seguridad Publica de Ciudad Juárez. ¿Quien lo apoyo y por que?. Es una historia interesante.
Comentarios: cicuta45@gmail.com
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