Pretende desviar la atención de los problemas reales y evadir su responsabilidad
La crítica a funcionarios públicos no es causante de calumnias
No hay calumnia en los señalamientos que se le han hecho
Desconoce la ley o manipula la información. Desde el 2007 el Congreso del Estado derogó los delitos de difamación y calumnia
TIJUANA B.C.-El anuncio que hiciera el Secretario de Salud en el Estado, doctor José Guadalupe Bustamante Moreno, respecto a establecer una denuncia por calumnia en contra de quien resulte responsable por supuestas acusaciones por tráfico de órganos en Baja California, no es más que un acto de intimidación que pretende callar los múltiples y diferentes señalamientos que se han hecho por acciones derivadas del ejercicio de su función pública, y la de otros funcionarios.
El pasado 17 de marzo, la Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales Tiromet AC, convocó a una rueda de prensa en la que se dieron a conocer, una vez más, lo que a juicio nuestro, son irregularidades en el manejo del tema de donación de órganos y el trato a pacientes renales en Baja California. Este no es un tema nuevo, pues desde febrero del 2010, pero sobre todo desde agosto del mismo año, hemos encontrado información y testimonios en ese sentido.
Lo que motivó esta rueda de prensa fue el reportaje del periodista Fausto Ovalle, del medio La Ch, titulado “El oscuro mercado de los órganos en Baja California”, donde se señala la falta de transparencia en el manejo de órganos y trasplantes en la entidad, con señalamientos hacía el Consejo Estatal de Trasplantes, encabezado por el doctor José Guadalupe Bustamante Moreno; y hacía quien fuera su Secretario Técnico, Dr. Ismael González Contreras.
Estos hechos se suman a los eventos que nuestra asociación, diferentes medios y periodistas (PSN, Campestre y Jaime Flores, entre otros) han hecho, además de diferentes afectados por las decisiones y omisiones de los funcionarios señalados, y algunos otros, como el doctor José Manuel Robles Barboza. En la misma conferencia de prensa se denunciaron DIVERSOS HECHOS relacionados con su función pública. Además, se solicitó a las autoridades una investigación amplia por los hechos señalados por estos testimonios y por las informaciones encontradas en documentos oficiales; reportajes, noticias y columnas periodísticas.
El mismo día que nuestra asociación convocó a rueda de prensa, el Secretario de Salud, en lugar de dar explicaciones y respuestas claras al asunto, ha salido a los medios tratando de intimidar a aquellos que defienden el derecho a la salud, a quienes defienden sus derechos, tratando de imputarnos con el delito de calumnia.
Esto, es una evidencia más de la falta de capacidad de una institución que ni siquiera sabe aconsejar legalmente a sus directivos, pues se pretende intimidar e imputar delitos penales que están derogados del Código Penal de Baja California, desde el año 2007, por el Congreso del Estado; y de Código Penal Federal, desde 2009, por decreto presidencial.
Aunado a lo anterior, el artículo 195 bis, del Código Penal de Baja California ha sido reformado para que ciudadanos y periodistas que vigilan el buen cumplimiento de la función pública no sean enjuiciados y encarcelados por críticas a funcionarios públicos.
El artículo en cuestión reza del tal modo:
No se aplicarán las penas previstas en los delitos de difamación y de calumnia de este Código, al autor de alguna de las conductas descritas en los artículos 185 y 191 fracción I, cuando:
I.-El calumniado o difamado sea servidor público y se trate de actos que se ejecuten con tal carácter.
II.- El calumniado o difamado sea un particular que intervenga en algún asunto de interés público, siempre y cuando la expresión difamante o calumniosa se relacione con dicho asunto.
Tiromet señala que en ningún momento se ha difamado o calumniado, se han señalado irregularidades, todas ellas respaldadas con documentos y testimonios, y se solicitado reiteradamente una auditoria amplia respecto de las responsabilidades de la Secretaria de Salud del Estado de Baja California, del José Guadalupe Bustamante Moreno y del doctor Ismael González Contreras, respecto de sus responsabilidades al frente del Consejo Estatal de Trasplantes. Por ende, podemos responder ampliamente a las denuncias que pudieran presentarse por defender el derecho a la salud de las personas de bajos recursos.
Sin embargo, no dejamos de señalar la actitud amenazante e intimidatoria que adopta el doctor Bustamante, totalmente equivocada y contraria al espíritu democrático. Anunciamos también que recurriremos a las instancias necesarias para proteger nuestros derechos. Asimismo, que no permitiremos que se desvíe la atención del tema central, y que pretende evadir el doctor Bustamante mediante un escándalo: las irregularidades en la atención a pacientes renales en Issesalud y la inoperancia del Consejo Estatal de Trasplantes, lo que ha llevado incluso a muertes innecesarias de pacientes que no acceden a un trasplante.
Alejandro Vizcarra Estrada
P R E S I D E N T E
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