PROPONE CLAUDIA AGATÓN CREACIÓN DE LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

* Presenta GPPRI iniciativa para crear el Consejo de Política Pública para el Desarrollo Social
* Plantean Garzón ante el Pleno propuesta para reducir del 25 al 10 % el porcentaje de participación para plebiscitos

Mexicali,B.C.- La XX Legislatura del Estado recibió para su análisis siete Iniciativas, una de las cuales propone la creación de lo que sería la Ley Contra la Corrupción en el Estado, cuyo objeto es el establecimiento de normas y sanciones aplicables a los servidores públicos, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio público y garantizar un manejo adecuado y transparente de los recursos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad.

La propuesta, que se compone por 45 artículos, fue presentada en tribuna por la Diputada del Partido del Trabajo, Claudia Agatón Muñiz y respaldada por la Fracción Parlamentaria del PRI, para posteriormente ser turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Con esto se pretende concentrar en una sola ley las conductas contrarias al buen servicio, establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, así como las figuras delictivas establecidas en el Código Penal y las faltas cometidas por funcionarios encargados de la impartición de justicia, que están enmarcadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad.

No se sustituyen dichas normas, sino que en esta iniciativa se les relaciona únicamente con actos que impliquen un acto deliberado de corrupción y no solamente un error administrativo o a causa de la negligencia. De ahí que las sanciones sean mayores en su vertiente económica y que en todos los casos en que se demuestre la comisión de delito de corrupción, sin distingo del tamaño del daño al erario público o a la marcha de la institución, la inhabilitación sea definitiva en todos los casos.

Asimismo, la Diputada Nancy Sánchez Arredondo presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley de Planeación del Estado, cuya finalidad es crear el Consejo de Política Pública para el Desarrollo Social, a efecto de orientar los recursos para este rubro.

La propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Estatal de Baja California y comprende la reforma de 21 artículos de la referida Ley, entre los cuales se establece la formulación de políticas públicas, las cuales fueron descritas como la concatenación de decisiones, medidas coherentes y actividades determinadas principalmente por los actores del sistema político-administrativo, cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o recursos para resolver una problemática colectiva en el Estado.

Además se plantea la creación de un Consejo, el cual estará integrado por los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Económico; los Ayuntamientos y el Congreso, a través de los presidentes de las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Fronterizos, Comercio, Desarrollo y Fomento Económico e Industrial y Competitividad; de Salud; y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Por su parte, el Diputado Alfonso Garzón Zatarain presentó una Iniciativa de Reforma al artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado para reducir el porcentaje de participación del 25, que es en la actualidad, al 10 por ciento para el caso de plebiscitos, con la finalidad de garantizar la intervención ciudadana en los actos del Poder Ejecutivo.

La propuesta se presentó a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI, del PVEM, del Partido del Trabajo y del PEBC y fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y la de Reforma del Estado.

Estos mismos grupos parlamentarios, en voz del Diputado Gregorio Barreto Luna, presentaron una Iniciativa de Reforma a las respectivas leyes de Hacienda Municipal y de Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, cuyo propósito es impedir que los Ayuntamientos cobren a la ciudadanía por servicios públicos que no le prestan.

También en el punto de Iniciativas, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN, Diputado Rubén Alanís Quintero, puso a consideración de la Asamblea una Iniciativa de Reforma al artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cuyo propósito es que de manera oficiosa, las respectivas comisiones que integran la XX Legislatura convoquen al inicialista de cada dictamen que vayan a analizar, con la finalidad de que pueda opinar al respecto, antes de que baje al Pleno.

Más adelante, el Diputado Máximo García López, también del PAN, presentó una Iniciativa de Reforma al artículo 235 del Código Penal del Estado cuyo objeto es sancionar con mayor severidad a quienes incumplan su obligación de proporcionar los alimentos a quien lo determine el juez, además de que aquellos que no lo hagan, deberán garantizar el pago de la cantidades a que está obligado, por un período de seis meses.

Finalmente, el Diputado Ricardo Magaña Mosqueda puso a consideración del Pleno una propuesta de reforma al artículo 120 del Código Penal, que se refiere a la prescripción de las acciones penales, las sanciones impuestas y las medidas de seguridad.

Magaña Mosqueda, miembro de la bancada panista, explicó que en la actualidad puede darse el caso que una persona cometa el delito de fraude genérico previsto en el artículo 218 del citado código, y por el monto del lucro indebido sea sentenciado a siete años de prisión, al recuperar su libertad no estaría obligado a pagar al ofendido, puesto que a los cinco años se extingue esa obligación, por lo que en su propuesta establece que el plazo para la reparación del daño prescriba en cinco años, a partir de que se le notifique la libertad al sentenciado.