· Presenta Diputada iniciativa para crear la Ley de Prevención de la Violencia y Acoso Escolar en las instituciones Educativas
Mexicali, B.C.- La Diputada Nancy Sánchez Arredondo presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorta al Ejecutivo estatal a que garantice el funcionamiento y operación de los programas de atención a menores, específicamente los que se encuentran en casas hogar y albergues infantiles en el estado, a través de una óptima coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) y el Sistema para el Desarrollo Integral y la Familia (DIF).
En la exposición de motivos presentada por la Diputada perteneciente al Grupo Parlamentario del PRI, reveló en la actualidad se estima que en Baja California existen al menos siete mil niños en situación de calle, o en condición de abandono, quienes son vulnerables a ser víctimas de explotación sexual, laboral, drogadicción o la delincuencia.
Esto, dijo, agregadlo a la desarticulada operatividad y seguimiento que se brinda en los centros de atención para infantes en condición de abandono, pues en la actualidad solo existen 44 centros regulados por las autoridades estatales, obliga al gobierno del estado asegurar su adecuado funcionamiento y en consecuencia el óptimo trato a los menores atendidos.
Dentro de este exhorto, Sánchez Arredondo solicitó se impulse con carácter de urgente, la elaboración de un estudio que permita conocer un diagnóstico confiable de la problemática y estatus en el tema de Casas Hogar. Además, se integren bases de información donde se cuente y se encuentren la totalidad de los expedientes tanto legales como clínicos, de los menores en casas hogar.
Por otra parte, Sánchez Arredondo presentó una Iniciativa para que la penalidad por el delito de homicidio en contra del adoptado o adoptante sea igual a la que se aplica cuando se comete en contra de un consanguíneo.
La Iniciativa de Reforma al artículo 128 del Código Penal del Estado es avalada por las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM, PEBC y PT y propone la adición del siguiente párrafo: “Al que dolosamente prive de la vida a su adoptante o adoptado, se le impondrá prisión de veinte a cincuenta años de prisión”.
En la exposición de motivos, la Inicialista señaló que de acuerdo a la doctrina y tratados internacionales, la adopción es una medida de protección al niño o adolescente, por lo cual se establece de manera irrevocable la relación paterno – filial entre personas que no la tienen por naturaleza y, en consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y pasa a pertenecer a su familia consanguínea con una serie de derechos, responsabilidades y obligaciones para con el adoptado.
Sin embargo, mientras el artículo 127 del Código Penal vigente impone de 20 a 50 años de prisión “al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa”, el artículo 128 del mismo ordenamiento establece una pena de 16 a 30 años de prisión al que lo haga en contra del adoptante o adoptado, por lo que el propósito de la Iniciativa es homologar la sanción.
Por otra parte, la Diputada Sánchez Arredondo presentó una Iniciativa para crear la Ley de Prevención de la Violencia y Acoso Escolar en las instituciones Educativas, la cual tiene como finalidad combatir el llamado “Bullying” que se refiere al conjunto de comportamientos hostiles que una persona o grupo de personas dirige contra un compañero de forma repetitiva con la intención de causarle daño.
La Diputada Nancy Sánchez mencionó que de acuerdo a estudios realizados por la doctora Milagros Figueroa, especialista de la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 25 por ciento de los niños que cursan la primaria en México son víctimas del fenómeno conocido como Bullying, un término que proviene del idioma holandés y significa acoso.
La Iniciativa de Ley en cuestión, tiene 33 artículos divididos en ocho capítulos y, además de buscar la prevención de la violencia y el acoso escolar, establece la obligación de brindar apoyo asistencial a las víctimas.
Como autoridades responsables en la aplicación de esta ley se señala al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación y los municipios por conducto de sus ayuntamientos.
Asimismo se establece un protocolo a seguir para las denuncias y se obliga a la Secretaría de Educación Pública para que implemente programas de prevención de actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos hacia alumnos, docentes, voluntarios, empleados, directivos y padres de familia.
Mientras el exhorto fue aprobado por mayoría del Poder Legislativo, la primera de las Iniciativas fue turnada para su análisis y posterior dictaminación a la Comisión de Justicia, la segunda de ellas se remitió a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal.
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Propone Nancy Sánchez homologar penalidad por homicidio en contra del adoptado o adoptante, con un consanguíneo
· Presenta Diputada iniciativa para crear la Ley de Prevención de la Violencia y Acoso Escolar en las instituciones Educativas
Mexicali, B.C.- La Diputada Nancy Sánchez Arredondo presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una Iniciativa para que la penalidad por el delito de homicidio en contra del adoptado o adoptante sea igual a la que se aplica cuando se comete en contra de un consanguíneo.
La Iniciativa de Reforma al artículo 128 del Código Penal del Estado es avalada por las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM, PEBC y PT y propone la adición del siguiente párrafo: “Al que dolosamente prive de la vida a su adoptante o adoptado, se le impondrá prisión de veinte a cincuenta años de prisión”.
En la exposición de motivos, la Inicialista señaló que de acuerdo a la doctrina y tratados internacionales, la adopción es una medida de protección al niño o adolescente, por lo cual se establece de manera irrevocable la relación paterno – filial entre personas que no la tienen por naturaleza y, en consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y pasa a pertenecer a su familia consanguínea con una serie de derechos, responsabilidades y obligaciones para con el adoptado.
Sin embargo, mientras el artículo 127 del Código Penal vigente impone de 20 a 50 años de prisión “al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa”, el artículo 128 del mismo ordenamiento establece una pena de 16 a 30 años de prisión al que lo haga en contra del adoptante o adoptado, por lo que el propósito de la Iniciativa es homologar la sanción.
Por otra parte, la Diputada Sánchez Arredondo presentó una Iniciativa para crear la Ley de Prevención de la Violencia y Acoso Escolar en las instituciones Educativas, la cual tiene como finalidad combatir el llamado “Bullying” que se refiere al conjunto de comportamientos hostiles que una persona o grupo de personas dirige contra un compañero de forma repetitiva con la intención de causarle daño.
La Diputada Nancy Sánchez mencionó que de acuerdo a estudios realizados por la doctora Milagros Figueroa, especialista de la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 25 por ciento de los niños que cursan la primaria en México son víctimas del fenómeno conocido como Bullying, un término que proviene del idioma holandés y significa acoso.
La Iniciativa de Ley en cuestión, tiene 33 artículos divididos en ocho capítulos y, además de buscar la prevención de la violencia y el acoso escolar, establece la obligación de brindar apoyo asistencial a las víctimas.
Como autoridades responsables en la aplicación de esta ley se señala al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación y los municipios por conducto de sus ayuntamientos.
Asimismo se establece un protocolo a seguir para las denuncias y se obliga a la Secretaría de Educación Pública para que implemente programas de prevención de actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos hacia alumnos, docentes, voluntarios, empleados, directivos y padres de familia.
Mientras la primera de las Iniciativas fue turnada para su análisis y posterior dictaminación a la Comisión de Justicia, la segunda de ellas se remitió a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal.
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