1.- Que la Comisión Nacional del Agua (CNA) proporcione el listado de concesiones para extraer material pétreo en el estado.
2.- Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) entregue el reporte con las inspecciones realizadas a todos los concesionarios.
3.-Que la PROFEPA, CNA y la Procuraduría General de la República (PGR) informen sobre las denuncias presentadas y las sanciones dictaminadas a los infractores.
4.- Que la CNA informe detalladamente sobre las empresas que extraen pétreos; también a las que se les han entregado concesiones desde 1980 a la fecha. Y que se le solicite que las empresas o personas que han obtenido concesiones y han sido infraccionados, no vuelvan a obtener nuevas autorizaciones de explotación de arena en el estado.
La legisladora del Partido del Trabajo añadió que la explotación de arena de cauces de arroyos es una actividad que ha venido creciendo en Baja California, impulsada por la demanda local, pero principalmente por la dinámica de la exportación a los Estados Unidos de Norteamérica.
"Para los habitantes del estado es de vital preocupación la extracción de arena, ya que al resultar afectados los arroyos se altera el drenaje, la infiltración y el escurrimiento del agua, la cual es sumamente escasa en la región, de tal forma que se afecta al ambiente, a los ecosistemas y a la captación y control de avenidas de agua", completó.
"Pero además, se debe exigir que quienes han ocasionado daños al ambiente, a los arroyos y a los ecosistemas por una extracción inmoderada, no vuelvan a obtener estas concesiones. Porque resulta aberrante, por ejemplo, que una de las empresas que han sido sancionadas por PROFEPA en más de dos ocasiones, como Amaya Curiel y Compañía, vuelve a obtener permisos para continuar explotando la arena de Baja California".
Claudia Agatón refirió que lo que ha puesto en peligro a los mantos acuíferos del estado, según datos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), no es que se otorguen concesiones, sino que los beneficiados agarran más de lo permitido. Todo esto provocado por la casi nula supervisión de autoridades federales.
"El riesgo de este abuso de extracción es que cuando se recoge más de lo permitido, el nuevo lecho del arroyo queda por debajo del máximo nivel del acuífero y eso aumenta la posibilidad de pérdidas de agua por la evaporación. Además de la pérdida de agua, al extraer arena de más se ocasiona que el agua subterránea se exponga a la superficie y que se contamine".
Claudia Agatón informó que aproximadamente el 50 por ciento de la extracción de arena en México se realiza en Baja California, particularmente de arroyos localizados en los municipios de Ensenada y Tecate, de acuerdo a información de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
"En el municipio de Tecate fueron literalmente saqueados diversos bancos arenosos de arroyos localizados en los alrededores de Valle de las Palmas. Ahí, hace cinco años en una hora salían un promedio de 20 a 25 góndolas de 10 metros cúbicos repletas de arena desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche".
Agatón Muñiz informó por último que la exportación a Estados Unidos se debe a que su gobierno prohibió que se explotaran los bancos de arena en su territorio, de tal forma que este producto pétreo de Ensenada y Tecate ha sido trasladado principalmente a San Diego.
El punto de acuerdo presentado por la congresista del PT fue aprobado por unanimidad por la XX Legislatura.
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