· Diputados locales se reunirán con jornaleros de San Quintín para investigar el denominado “suelo compactado”
Mexicali, B.C.- El Congreso del Estado acordó exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, implemente un Programa Emergente de Recuperación Económica y del Empleo, en cumplimiento con los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Lo anterior fue propuesto en tribuna por el Diputado Juan Vargas Rodríguez, a nombre de las fracciones parlamentarias del PRI, PEBC, PVEM y PT, y aprobado de manera unánime por el Pleno de la Asamblea.
El Inicialista expuso: “Consideramos que dado el contexto actual en nuestro país, se requiere de un programa económico emergente que contemple entre otros, el aumento de la inversión pública en infraestructura, mediante la construcción y rehabilitación de caminos y carreteras de zonas urbanas y rurales; el estímulo fiscal a las empresas; créditos oportunos, reestructuración y apoyo a las MIPYMES, estímulos fiscales a las empresas que empleen a jóvenes en nuevos puestos de trabajo, así como a personas con discapacidad y adultos mayores, reactivación del sector turístico, apoyo económico a personas que hayan perdido el empleo en los últimos meses, así como a mujeres jefas de familia”.
Vargas Rodríguez señaló que del 2000 al 2010 se han producido, por razones internacionales, los ingresos públicos más cuantiosos de la historia, gracias a lo cual el Presupuesto Federal se ha triplicado, pero el gasto se ha utilizado esencialmente en engordar la nómina gubernamental, impulsar programas asistencialistas y se han concentrado las decisiones de políticas públicas en las delegaciones estatales.
Destacó asimismo que el Ejecutivo Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 2, relativo a Economía Competitiva y Generadora de Empleos que: “La finalidad de la política económica de su Administración será lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos y mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de todos, especialmente de aquellos que viven en la pobreza, es un imperativo social”.
Sin embargo, subrayó el Diputado Juan Vargas, “Si bien la estabilidad macroeconómica es necesaria para impulsar un crecimiento económico dinámico y sostenido en el largo plazo, esto no es suficiente, no puede ser el único propósito del gobierno, pues en buena medida se descuida el crecimiento y se desalienta la inversión privada; además de que inhabilita al sector formal para promover el empleo”.
En otro tema, los Congresistas locales aprobaron un Acuerdo Económico a fin de que la XX Legislatura integre una Comisión Especial conformada por los Diputados que forman parte de las comisiones de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca; de Grupos Vulnerables, Asistencia Social Y Protección Civil; de Desarrollo Social y de Trabajo Y Previsión Social.
Esta propuesta fue presentada en tribuna por la Diputada Claudia Agatón Muñiz, a nombre de los grupos parlamentarios del PT y del PRI, a fin de que la citada Comisión promueva y asista a una reunión con jornaleros agrícolas e investigue lo relacionado con el pago denominado “sueldo compactado” que se hace a los trabajadores del campo en el valle de san Quintín.
La Legisladora explicó que en aquella zona existen productores agrícolas que trabajan sin regularización laboral y que aduciendo acuerdos entre el patrón y los trabajadores, asignan en algunos ranchos agrícolas el llamado “sueldo compactado”, que a decir de los jornaleros, les impide acceder a beneficios como aguinaldo, prima vacacional y otros.
Añadió que algunas costumbres y usos laborales tan arraigados entre los jornaleros indígenas, como el movimiento de familias enteras en las zonas de cultivo del noroeste del País, siguen ocasionando la presencia de niños trabajando en los campos de hortalizas.
Ante esta problemática, se acordó que una vez realizada la investigación correspondiente, se deberá elaborar un exhorto a las autoridades responsables de hacer respetar las leyes laborales, para impedir más abusos en contra de los jornaleros agrícolas.
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