PVEM Y PRI PROPONEN REFORMA ELECTORAL PARA IMPLEMENTAR EL VOTO ELECTRÓNICO

· Adecúa ley de responsabilidades en materia de juicios políticos
· Proponen implementar programas de prevención de abusos contra menores
· Iniciativa para establecer mecanismos de búsqueda de menores desaparecidos

Mexicali, B.C.- Las Fracciones parlamentarias del.PRI y del PVEM presentaron este día una Iniciativa conjunta de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPE) del estado, cuya finalidad es sentar las bases de los sistemas electrónicos de votación.

La propuesta de reforma al artículo 346 bis de la mencionada Ley fue presentada por el Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Reforma del Estado, quien estableció que la ciencia y la tecnología son áreas estratégicas para el desarrollo económico, político y social, lo cual se puede constatar en esta nueva sociedad del conocimiento, donde la información y especialización es fundamental para abordar los problemas y retos que se presentan en la presente era de la globalización y la interdependencia.

Por ello, abundó, es necesario instrumentar medidas legislativas que permitan utilizar con certeza nuevos instrumentos electrónicos que permitan agilizar las operaciones de la vida diaria.

Recordó que el Instituto Federal Electoral determinó que es viable la utilización de instrumentos electrónicos de votación en los procesos federales, siempre y cuando se cumplan dos premisas; que se modifique el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se dote de suficiencia presupuestal al Instituto. Asimismo, se debieran reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en su caso, el Código Penal Federal.

La reforma propuesta establece: “La votación podrá realizarse mediante el uso de instrumentos electrónicos, cuyo modelo sea aprobado por el Consejo General, siempre que se garantice la efectividad y el secreto del sufragio”, en tanto que en el segundo de los artículos transitorios se anota que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, preverá para el ejercicio fiscal 2012 los recursos presupuestales necesarios para realizar un estudio y pruebas pilotos de la votación electrónica.

En otro tema, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen número 3 de la Comisión de Justicia, por medio del cual se reformaron los artículos 13 y 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, mismos que señalan el procedimiento por el que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de los elementos de prueba, puede formular denuncia de Juicio Político por la comisión de las conductas a que se refiere el artículo 9 de esa Ley, debiendo ratificarla ante la misma autoridad, en ese mismo acto o bien dentro de los tres días hábiles siguientes al de su presentación.

Sin embargo, en la ley vigente se hace mención a que será la "Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales", la que atienda esta denuncia, por lo que se encuentra desfasado el ordenamiento especial que rige este procedimiento y en su lugar se asienta que será la Comisión Jurisdiccional la que reciba tal denuncia.

Por su parte, la Diputada Nancy Sánchez Arredondo presentó una Iniciativa de Reforma a la fracción V del artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia en el Estado, a fin de establecer como obligación del Estado y los Municipios, la implementación de programas de prevención, detección y denuncia de abusos contra menores de edad.

La Diputada Nancy Sánchez, señaló que el Estado Mexicano ha tenido una permanente actitud de tutela jurídica y asistencia social a la niñez y dijo que en reconocimiento y como muestra de preocupación respecto de los múltiples flagelos y peligros que acechan a las niñas y niños de México, particularmente a aquéllos que forman parte de los grupos sociales más desfavorecidos, con fecha 7 de abril del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo IV Constitucional, por la cual se elevó a éste rango el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

La enmienda propuesta es en el sentido de que se brinde protección contra cualquier forma de explotación, agresión o maltrato, actos u omisiones que puedan afectar la salud física o mental de la niñez y su normal desarrollo.

Se especifica que las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas y que se les protegerá cuando se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual y para lograr lo anterior, el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, deberán establecer programas tendientes a la prevención, detección y denuncia de abusos en contra de menores, así como de apoyo a favor de las víctimas y sus familiares;