Indispensable que el Estado tome la decisión de enfrentar los problemas de abuso sexual y maltrato.
Debe adoptar un papel de garante de los derechos de los menores y generar mecanismos legales que inhiban el delito y que se castigue de manera ejemplar por la justicia.
Mexicali, B.C.- Ante el daño de que es objeto la población infantil en Baja California, “no debemos quedar impasibles”, sobre todo porque las víctimas de abuso sexual proceden de todos los grupos socioeconómicos y porque en la mayoría de los casos proviene de parientes cercanos o amigos.
Por ello, resulta ineludible la instrumentación de las acciones necesarias a fin de implementar sistemas de alerta y protocolos de acción inmediata para la prevención de abusos contra menores, dijo la Diputada Nancy Sánchez, al presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia en el Estado.
Cuando dio lectura a este documento, a nombre de las fracciones del PRI, PVEM, PEBC y PT, enfatizó que es necesario actuar desde el ámbito legislativo, sobre todo porque, a pesar del marco normativo nacional e internacional, la niñez sigue expuesta a agresiones que atentan contra su integridad.
En tal sentido, resulta indispensable que el Estado tome la decisión de enfrentar los problemas de abuso sexual y maltrato infantil, hacerlos de su competencia y adoptar un papel de garante de los derechos de los menores y generar los mecanismos legales que inhiban que se atente en su contra y para que este delito se castigue de manera ejemplar por la justicia.
Sánchez Arredondo expresó que como representantes populares, están obligados a contribuir a la construcción de un entorno de protección especial para quienes se encuentran en posición de desventaja y mayor vulnerabilidad frente a otros sectores de la población, para garantizar con ello, el respeto a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución General de la República.
La prevención, así como la atención inmediata y coordinada de las diferentes instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad, juegan un papel de suma relevancia.
Según dijo la legisladora el abuso sexual puede provocar una mayor susceptibilidad a sufrir problemas sociales, emocionales y cognitivos durante toda la vida, y a presentar comportamientos perjudiciales para la salud, como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.
Ante esta situación, consideró que es ineludible que los legisladores, “nos sensibilicemos ante la gravedad y consecuencias del abuso sexual que padece la niñez, y contribuyamos a la construcción de políticas públicas para detectar, sancionar y erradicar esta conducta ilícita y atender a las víctimas del delito, con el fin último de crear una cultura que se niegue a aceptar cualquier forma de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Esto es especialmente importante en los casos en los que los victimarios son, o han tenido la complicidad o el encubrimiento de aquellos que ejercen la patria potestad de los menores,
“Hoy debemos reconocer que el abuso sexual de menores de 18 años, o de quienes no tienen capacidad de comprender el significado del hecho, es un problema y estamos obligados a actuar de forma inmediata y a largo plazo”, subrayó.
Finalmente indicó que un registro hemerográfico de muertes realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), da cuenta de que a nivel nacional en los primeros cincuenta y cinco días transcurridos del año 2011, se registraron 52 muertes de niñas, niños y adolescentes.
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