· Se faculta a la PGJE para trabajar en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Menores a fin establecer protocolos de búsqueda inmediata
Mexicali, B.C.- El Congreso del Estado aprobó una serie de reforma a la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia, así como a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, cuya finalidad es combatir el secuestro de menores y evitar actos u omisiones que puedan afectar la salud física o mental y su normal desarrollo.
La reforma se integró con sendas Iniciativas presentadas por las Fracciones Parlamentarias de la XX Legislatura y fue aprobada durante la sesión ordinaria correspondiente a este día, bajo la conducción del Diputado Máximo García López, Presidente de la Mesa Directiva.
Con el dictamen número 6 de la Comisión de Justicia, presentado ante el Pleno por la Diputada Lizbeth Mata Lozano, Presidenta de este órgano legislativo, se puso a consideración la reforma a ambos ordenamientos cuyo objetivo es establecer las formas de prever y evitar las conductas mencionadas, además de proteger a los menores cuando se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, o el abuso emocional, físico y sexual, todo esto con el fin de que el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, instauren programas tendientes a la prevención, detección y denuncia de abusos en contra de menores, así como de apoyo a favor de las víctimas y sus familiares.
Por otra parte, se propone mediante un resolutivo segundo, reforma el Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con el propósito de estipular dentro de las facultades y atribuciones del Procurador General de Justicia del Estado, promover y encabezar de manera conjunta con el Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes, la implementación de programas, mecanismos y protocolos de seguridad en la búsqueda de menores desaparecidos, solicitando la participación de la sociedad y de los medios masivos de comunicación, para la atención de este tipo de casos.
La misma Comisión legislativa puso a consideración del Pleno el dictamen número 8 surgido de una Iniciativa que pretendía reformar y adicionar un segundo párrafo al Artículo 128 del Código Penal para el Estado, a fin de homologar la pena del homicidio consanguíneo, contemplado por el Artículo 127del mismo Código, al cometido en contra de un adoptante o adoptado, para que al imputado se le aplique una pena de veinte hasta cincuenta años de prisión. Lo anterior debido a que según señaló el Inicialista, un hijo adoptado adquiere las mismas responsabilidades y derechos que un hijo biológico.
Sin embargo, la Comisión de Justicia dictaminó la Iniciativa en sentido improcedente y en ese sentido fue aprobado el dictamen correspondiente.
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