· Las mantas con la leyenda “propiedad sujeta a embargo” es una campaña de intimidación ciudadana: Dip. Vargas
Mexicali,.- El Diputado Juan Vargas Rodríguez exhortó al Ejecutivo del Estado que modifique el Programa Integral de Pavimentación y Calidad del Aire (PIPCA) a fin de que la Junta de Urbanización Estatal no embargue las propiedades de los colonos beneficiados con este programa.
La propuesta, que fue aprobada con dispensa de trámite, fue hecha ante el Pleno de la Asamblea a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PVEM, PEBC y PT, en respuesta a la inconformidad que priva entre los propietarios de predios que se encuentran emplazados a embargo por no estar al corriente en sus pagos a la paraestatal.
El Diputado Vargas Rodríguez recordó que en el año 2003, el Gobierno del Estado implementó el referido programa, a través de la Junta de Urbanización Estatal, donde se propuso pavimentar el mayor número de calles posibles en toda la Entidad Federativa, con el fin de elevar el nivel de vida de los residentes del Estado, para garantizar una mejor calidad del medio ambiente urbano al revertir el aumento de emisión de polvo a la atmosfera.
Explicó que la inversión de pavimentación se dividió en dos partes; donde el Gobierno absorbe el pago del 60 por ciento del costo total de la obra y el 40 restante debe ser cubierto por los beneficiados.
El Legislador dijo que este sistema de plusvalía o cooperación, contemplado por la Ley de Urbanización del Estado, ha afectado a propietarios de predios de diversas colonias del Estado, en virtud de que el Gobierno Estatal implementó el requerimiento de pago por obra de pavimentación a los beneficiados de tal forma, que esta política recaudadora resulta ser una campaña de intimidación ciudadana, toda vez que amenazan a los deudores por las obras de urbanización a través de mantas con la leyenda “propiedad sujeta a embargo”.
El diputado Juan Vargas destacó que la mayor parte de los residentes de diferentes colonias marginadas del Estado no fueron consultados conforme al procedimiento del programa, ya que de acuerdo a la Ley de Urbanización del Estado, se necesita la aprobación mínima del 80 por ciento de los propietarios de lotes para llevar a cabo la obra.
Derivado de lo anterior, agregó, “consideramos que el Gobierno del Estado, a través de la Junta de Urbanización, debe de cambiar el sistema de recaudación del Programa de Pavimentación y Calidad del Aire del Estado, toda vez que debe de tomar en cuenta la inconformidad ciudadana en cuanto a esta forma amenazadora de recaudar adeudos. Ya que las obras públicas bien determinadas, es una herramienta fundamental para lograr el nivel de desarrollo integral deseado para nuestro Estado y calidad de vida de nuestros ciudadanos y no todo lo contrario”, concluyó.
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