DIPUTADO PRESENTA PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE BAJA CALIFORNIA Y DE TIJUANA A DETENER LA DESTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA

DIPUTADO PRESENTA PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE BAJA CALIFORNIA Y DE TIJUANA A DETENER LA DESTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA BENITO JUÁREZ EN TIJUANA A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NARRO CÉSPEDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
MÉXICO D.F.-El que suscribe, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
Bajo la artimaña de una legislación a todas luces inconstitucional, el gobierno de Baja California, sin mediar alguna demanda o petición popular, ni tampoco alguna opinión pública, promovió ante el Congreso estatal, la Ley de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para Baja California, que fue publicada el 30 de octubre de 2009, con el fin de operar infraestructura pública o privada a favor de las élites estatales.
Con esta ley, las autoridades de los gobiernos estatal y municipal podrán asociarse con particulares para realizar todo tipo de contrataciones y convenios de servicios, de obra pública, adquisiciones, compra-venta, aprovechamiento e hipotecas de los bienes de la propiedad pública, sin necesidad de convocatorias o licitaciones, ni mucho menos de rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, en la misma ley establece en su artículo 3 que el estado no podrá celebrar contratos de asociación público-privadas con los bienes o servicios que por disposición constitucional o legal no proceda su concesión o uso por parte de particulares.
El presente punto de acuerdo denuncia públicamente el uso que las autoridades municipales y estatales de Baja California pretenden dar el parque Benito Juárez, pretendiendo una tala de más de un millar de árboles para destruir el emblemático centro cívico de la ciudad de Tijuana, para apoyar la construcción de un templo religioso, violentando con ello, el estado de derecho puesto que el propio gobernador ha señalado en repetidas ocasiones, que autorizará recursos públicos a fondo perdido.
Desde 1921 el gobierno de la República determinó en el Diario Oficial de la Federación, que la superficie de la naciente ciudad de Tijuana tendría el rango jurídico de propiedad del dominio público de la nación. Más adelante, el 14 de julio de 1978, se decretó en el artículo primero, inciso III, que se otorgaba la manzana 231 para la plaza cívica de la ciudad de Tijuana, con una superficie de 43,257.89 metros cuadrados.
En dicho decreto el entonces presidente José López Portillo incluyó una condicionante en la donación, en el artículo tercero, señalando que: “Si el gobierno del estado de Baja California le diere a los inmuebles que se le enajenan, un uso distinto al señalado en este decreto, revertirán con todas sus mejoras y accesión a favor del gobierno federal”.
El decreto del 30 de noviembre de 1984, reitera que la plaza cívica en cuestión, tiene un carácter de parque urbano, y con ello se tiene entendido que tal determinación tiene rango de ley, y es propiedad del dominio público, por lo que no puede –bajo ninguna causal– ser enajenada, ni trastocada en su esencia, ni embargada, ni hipotecada, ni ser concesionada a particulares, ni modificada en sus dimensiones originales, y mucho menos, darle un uso diferente al que se le condicionó en la donación presidencial.
De manera colateral, el representante de la iglesia católica, Rafael Romo Muñoz, se hizo de la posesión de las manzanas 20 y 21 del fraccionamiento primera etapa del Río Tijuana, con alrededor de 23 mil metros cuadrados, sin que obre en el Registro Público de la Propiedad, donde se construye la catedral de Tijuana, la cual invade la calle de 100 metros que divide a las manzanas.
Además, se plantea la construcción de un inmueble con capacidad de 120 mil criptas que tienen un valor unitario de ocho mil dólares. Es necesario que las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, así como la Procuraduría General de la República, esclarezcan las limitaciones que establece la ley complementaria al uso de tales inmuebles para la comercialización de las criptas para obtener alrededor de mil millones de dólares; para que inicien una indagatoria para aclarar si se trata o no de una manera encubierta de lavado de dólares producidos por la delincuencia organizada.
Resulta sospechoso que se pretenda construir un templo de un costo de 300 millones de dólares, con un cupo de 30 mil feligreses, sobre la falla tectónica denominada La Revolución, cuya arquitectura no considera salidas de emergencia y cuya puerta lateral se encuentre situada a ocho y medio metros altura, sobre la rasante de la banqueta paralela al bulevar Centenario de Tijuana.
Recientemente se conformó un patronato denominado Zócalo 11 de julio, que representa la fecha fundacional de la ciudad. El gobernador tomó la protesta al patronato y anunció que estaba integrado por particulares y funcionarios públicos, con el fin de llevar a cabo la construcción de una plaza cívica, como sitio de identidad y encuentro social, aduciendo que Tijuana carecía de un lugar adecuado para reunir a la población. En el acto, el Ejecutivo estatal señaló que la obra tendría un costo de 300 millones de pesos, en poco menos de un año, se publicó que en la misma obra se invertirían 900 millones de pesos. Pero al finalizar el año 2010, el gobernador declaró que la obra costaría mil 200 millones de pesos, donde dos terceras partes de la inversión estaría a cargo del patronato y la otra tercera parte sería aportada por el gobierno del estado, y que éste recurriría a la Cámara de Diputados, para solicitar 400 millones de pesos a fondo perdido de algún subejercicio presupuestal.
El proyecto de la nueva plaza cívica contempla diversas obras, tales como: estacionamiento de tres niveles con capacidad para 2 mil 700 autos; edificio emblemático, edifico para el instituto de cultura con plaza, escenario, áreas verdes; explanada para 35 mil espectadores; conexión peatonal al centro comercial; calzada para conectar al centro cultural de Tijuana; zonas de servicio; así como una estación para transporte urbano. Sin embargo, lo que no se dice, es que todo el conjunto arquitectónico estará construido a una altura de más de ocho metros sobre el nivel de la calle, construyéndose en realidad, en lo que cualquier persona sensata conoce como una azotea. Tratándose de una estructura destinada a soportar 35 mil personas, que pudiesen estar o bailando o brincando repetidamente, podrían crear el efecto de reverbero y provocar el colapso espontáneo con las consecuencias trágicas de miles de muertos.
Cabe señalar que ni el gobierno municipal de Tijuana, ni el gobierno del estado de Baja California, han solicitado en sus respectivos presupuestos de egresos, los rubros para invertir en un estacionamiento de cobro en el primer caso, ni una plaza cívica en el segundo. Ni mucho menos, tales obras se encuentran plasmadas en sus planes de desarrollo. Así como el gobierno estatal tampoco contempla dentro de su Constitución, ni dentro de sus facultades, intervenir en obras de infraestructura urbana, puesto que esto sólo es facultad de los ayuntamientos municipales.
Con la prisa por construir un estacionamiento para el palacio municipal, el cual quedó inconcluso y se encuentra bajo investigación por parte de la nueva administración del XX Ayuntamiento de Tijuana, se destruyeron más de cien árboles de 30 años de edad, así como la explanada de adocreto que servía para la celebración de los principales actos oficiales de la ciudad.
Ante estos atropellos, la población de Tijuana se ha manifestado de manera pacífica en defensa del parque Benito Juárez, y el rechazo total al proyecto que pretende destruir más de mil árboles para concesionar el espacio a los integrantes del oprobioso patronato, por un plazo de 30 años. De tal manera que se beneficiarán de las edificaciones que se contemplan construir. Hasta el momento se cuenta con 80 mil testimonios de rechazo de los tijuanenses al insensato proyecto del gobernador Osuna Millán y su simulado patronato.
El cabildo municipal de Tijuana en pleno, –que ha sido calificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el municipio más endeudado en el país– sin convocatoria pública y sin licitación real, salvo la que inventaron en la memoria de debates de la sesión del 30 de octubre de 2009, señala en el punto “4.3 dictamen XIX-OPS-007/2009 relativo a la adjudicación en la licitación pública CONC-002TJ-2009, realizada para otorgar sujetar al régimen de concesión, la construcción y operación de un estacionamiento público”.
Sobre el anterior tema, el actual oficial mayor del XIX Ayuntamiento de Tijuana expresó que debido a que se invertirían 166 millones de pesos de capital privado, se realizaría un concurso privado para otorgar la concesión, en el que participó únicamente la empresa que hizo la propuesta, cuya denominación social es Administración de Obras y Concesiones SA de CV. Se ignora quién la representa, pero lo que es evidente y sumamente delicado es que simularon la sesión extraordinaria del cabildo número 32, se realizó exclusivamente con ese propósito. De haberse llevado a cabo, les habría tomado tres días desahogar todos los temas, con los debates respectivos que en ella se consigna.
Es importante señalar que existe un decreto presidencial que determina que el origen y destino de los bienes inmuebles de que se trata, por ser de propiedad del dominio público, no se podrá cambiar tal condición, ni será legal darle un fin diferente al señalado en el decreto por el que dicha propiedad fue donada. No podrá hipotecarse ni parcial ni totalmente, ni podrán ser gravados con un fin determinado por el gobierno y menos por un particular, sea persona moral o física, ni podrán causar derechos de propiedad a quien los posea por cualquier título, ni podrán modificarse en sus medidas originales, ni podrán enajenarse, o quedar sujetos a la licitación que intente la traslación de la propiedad de dichos inmuebles.
Con base en las consideraciones previas, someto al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se integre una subcomisión representada por todas las fracciones parlamentarias para que lleve a cabo una indagatoria, y se sometan a votación las conclusiones a las que haya llegado.
Segundo. Que no se le otorgue al gobierno del estado de Baja California, ni al gobierno municipal de Tijuana, ningún recurso que tenga como fin complementar los gastos de inversión en obras con carácter suntuario, o para obras de tipo religioso. Así como tampoco autorizar un recurso cuya finalidad sea la de concesionar un bien público a una empresa particular, para que ésta lucre o disfrace el lavado de dinero.
Tercero. Que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a de la Función Pública, para que revisen la pertinencia constitucional y legal, que implicaría que los gobiernos del estado de Baja California y el del ayuntamiento municipal de Tijuana, utilicen recursos de particulares en inmuebles de la propiedad del dominio público, cuyo origen sea poco transparente. Además que se vigile que los particulares, sean personas físicas o morales, o una asociación religiosa no graven por algún empréstito, algún inmueble cuyo origen sea el de una donación por parte del gobierno federal, y que mantengan la condición de ser propiedad del dominio público, y por ende sean imprescriptibles, invendibles, inembargables, inalienables e ingravables.
Cuarto. Que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, conforme a sus atribuciones y facultades, procedan a investigar la procedencia de los recursos que se inviertan en la construcción de la catedral de Tijuana, el estacionamiento del palacio municipal de Tijuana, y las que se pretenden realizar por los particulares y los funcionarios públicos del patronato Zócalo 11 de julio, en los predios de la plaza cívica de Tijuana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)