MÉXICO D.F.-Uno de los temas de mayor importancia que se ha tratado tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados y en el Congreso Local de Coahuila, es el relativo a la explotación del gas existente en las minas de carbón, generalmente conocido como gas grisú. Legisladores de los principales partidos políticos, lo han tratado en tribuna y expresado diversas posturas, siendo éstas en defensa de los trabajadores mineros; con la intención de aprovechar o comercializar el gas en beneficio de los propietarios de las minas; o considerando ambos aspectos.
Paso a citar algunos de los planteamientos. En octubre de 2003, se presentó en el Senado de la República un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, en relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversos Artículos de la Ley Minera, con el objeto de permitir la recuperación, uso, almacenamiento y enajenación del gas metano como subproducto de una explotación minera, el cual fue presentado por la Senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Este dictamen, con dispensa de segunda lectura, fue aprobado por 78 votos a favor y 8 abstenciones, siendo turnado a la Cámara de Diputados.
El objetivo principal de dicha iniciativa, apuntaba a permitir la recuperación, uso, almacenamiento o enajenación, a Petróleos Mexicanos, del gas metano como subproducto de una explotación minera, considerando que el gas grisú, es un grave riesgo para los trabajadores de las minas de carbón, ya que es capaz de ocasionar explosiones en las minas o asfixia e intoxicación en los mineros, por lo que debe ser ventilado fuera de las minas, incrementando así los costos de explotación del carbón, contaminando la atmósfera y contribuyendo al efecto de invernadero que propicia el cambio climático del planeta.
Otro argumento de la iniciativa, fue que México, además de carecer de altos niveles de eficiencia energética, es un país deficitario de gas natural. Por lo que la captación, uso y enajenación a Petróleos Mexicanos de un gas tan energético como del gas grisú, ayudaría a reducir la demanda energética del gas natural y diversificaría el portafolio energético del país.
El 26 de Junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma de la Ley Minera, cuyas modificaciones tuvieron por objeto permitir la desgasificación de las minas de carbón, en tanto que se posibilita el aprovechamiento de ese energético actualmente desperdiciado, a la par que se reduce el impacto ambiental que conlleva la liberación a la atmósfera del gas grisú, un gas con importantes contenidos de metano. Sin embargo, hacía falta la reglamentación correspondiente.
En el Estado de Coahuila, en el Congreso Local, en el mes de julio de 2007, se aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Energía y Minas, relativo a un Punto de Acuerdo sobre la regulación para la explotación del gas metano, planteada por varios Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El contenido del dictamen, fue en el sentido de solicitar a la Comisión Federal de Competencia para la Mejora Regulatoria, que informara el estado que guardaba la propuesta del Reglamento para la Extracción del Gas Grisú, a fin de que el Ejecutivo Federal pudiera cumplir con la recomendación que le fuera hecha por el Senado de la Republica, de reglamentar la Explotación, Uso y Aprovechamiento del Gas Grisú. Lo anterior, considerando que el Senado, una vez aprobadas las reformas a la Ley Minera, recomendó al Ejecutivo Federal reglamentar la Explotación, Uso y Aprovechamiento del Gas Grisú.
El 16 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley Minera en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral, con el cual se pretende velar por la seguridad de los trabajadores, reducir la contaminación del medio ambiente, buscar la disminución de los riesgos de los accidentes en las minas y aprovechar este gas, que incluso puede abastecer a la industria, por su enorme potencial energético.
El 19 de Octubre de 2010, el entonces Diputado Federal por Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto con propósito de derogar el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, relativo al impuesto por el uso y aprovechamiento del gas grisú, para generar un mayor estímulo a la inversión en la extracción y utilización de dicho gas; con lo que se contribuiría a evitar la contaminación por causa de este gas, que en otras condiciones se tendría que liberar al ambiente.
Entre las consideraciones expresadas por el Diputado Rubén Moreira, se encuentran que desde que se inició el aprovechamiento del carbón en Coahuila han ocurrido en las minas 49 explosiones, que han cobrado mil 855 vidas
humanas, para un promedio de 15 vidas por año.
Comentó que se han tomado medidas de seguridad para el manejo del gas grisú, a través de un proceso de ventilación, denominado venteo el cual consiste en introducir aire limpio del exterior el cual tiene como fin, diluir el metano para que las concentraciones de gas sean menores de 5 por ciento en el interior de las minas.
La iniciativa expresa que diversos factores han evitado que los inversionistas se interesen en la captación y transformación de este gas; uno de estos factores es el impuesto que por concepto de uso y aprovechamiento del gas grisú se tiene que pagar, dicho gravamen consiste en el pago de 40 por ciento sobre la diferencia que resulte entre el valor anual del gas asociado a los yacimientos del carbón mineral extraído en el año y las deducciones permitidas. Concluye que debido a este impuesto es casi nula la inversión y en consecuencia la recaudación que pretendían obtener las autoridades. Por ello eliminar este gravamen podría incentivar la inversión para la captación de este gas.
El 11 de mayo de 2011, tuvo lugar un debate en la Comisión Permanente para solicitar las comparecencias de diversos secretarios de estado sobre las condiciones de la minería de carbón. En dicho debate, el Senador Ricardo García Cervantes, refiriéndose al tema de los mineros de carbón en el Estado de Coahuila, comentó que la comunidad internacional estará pendiente, porque este tema tiene años planteándose en las instancias nacionales y también en las internacionales, porque México no cubre los estándares que a nivel internacional se plantean para la seguridad de la mina; porque el Senado no ha refrendado todos los acuerdos y tratados internacionales propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y porque la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha planteado recomendaciones a diferentes dependencias federales y estatales.
En el mismo debate, el Diputado Vidal Llerenas Morales, de Partido de la Revolución Democrática, se expresó en el sentido de que las víctimas deben ser, por supuesto, la prioridad, más allá de hacer, de tratar de ganar alguna raja política en el tema, la prioridad tiene que ser proteger a los mineros y, sobre todo, a las familias que han resultado afectadas por los últimos acontecimientos.
A su vez, el Senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, expresó que han pasado muchos años y el pueblo no ha recibido noticia cierta de que corrijan las graves anomalías en la operación de las minas que existen en el país.
Afirmó que es hora de poner un alto a la incompetencia e irresponsabilidad de las autoridades que tienen a su cargo el vigilar la operación de las industrias más riesgosas en México, por lo tanto dos son las tareas en las que este gobierno (federal) ha incumplido: uno, en el cuidado y en la protección de las minas, pero también en algo, en lo más sagrado, en la vida y en la protección y en la integridad física de los trabajadores.
En este debate, el Diputado David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional, expresó que hay un tema que no puede quedar de lado, y es un tema en el que el PRI, particularmente la diputación coahuilense, en todos los períodos ordinarios ha presentado puntos de acuerdo, iniciativas respecto al cambio que se requiere para el manejo de la Ley Federal de Derechos del Gas Metano y del Gas Grisú.
Expresó que la muerte de los mineros sí tiene nombre y apellido, el criminal que los ha matado, y el nombre del criminal directamente culpable, no presuntamente culpable, es la Ley Federal de Derechos que tenemos.
Dijo que entre tanto no se haga del gas grisú y del gas metano una actividad rentable se va a seguir explotando el carbón con una condición que va a seguir poniendo en riesgo la vida de miles de mineros en Coahuila, particularmente, que es donde está el carbón asociado al gas grisú y al gas metano.
Concluyó afirmando que este mismo debate, se debe volver a tener, pero traducirlo, en que a propósito de la Miscelánea Fiscal que envíe obligadamente el Ejecutivo, se busque cómo hacer rentable una actividad que hoy no lo es, y que aumenta la peligrosidad de las minas.
Recientemente, el 20 de Septiembre de 2011, los Diputadas y Diputados Federales del PRI por el Estado de Coahuila, presentaron, a través del Diputado Hugo Héctor Martínez González, una Iniciativa que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos; y en la que, después de una contundente exposición de motivos, se refrenda su convicción de insistir en derogar dicha disposición, ya que es necesario lograr el objetivo de contribuir al bienestar de nuestro medio ambiente, a la seguridad laboral de los miles de trabajadoras y trabajadores y de sus familias que dependen de la industria de extracción del carbón, y contribuir también, a la inversión en la ciencia y tecnología para esa industria, así como dar cumplimiento irrestricto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales.
Lo anteriormente señalado tiene la finalidad de destacar la lucha que diputadas y diputados locales y federales; senadoras y senadores de la República, de las distintas fracciones parlamentarias, han librado a través de los años, en contra de un gobierno federal empecinado en regatear mejores condiciones de
seguridad para los trabajadores de una de las industrias con mayores riesgos de pérdida de vidas humanas como es la minería; y particularmente, la dedicada a la explotación de carbón mineral.
Pero ¿a que se debe esta tozudez gubernamental? Trataré de puntualizar una explicación una vez que plantee algunas consideraciones en relación con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.
Según esta Iniciativa, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, considera que entre los derechos a los hidrocarburos, los ingresos propios de Pemex y el impuesto a los rendimientos petroleros, el país obtendrá un billón 171 mil 758.1 millones de pesos.
La Fracción I del artículo 7º, determina que a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos Pemex-Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por 608 millones 606 mil pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 4 mil 202 millones 829 mil pesos.
Cabe mencionar que según el Artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en dicho artículo.
La Fracción V del mismo Artículo 7º, trata lo relativo al impuesto a los rendimientos petroleros, señalando que cada organismo subsidiario de Pemex deberá calcular este impuesto aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 30 por ciento. A cuenta de este impuesto Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por un total de 2 millones 73 mil pesos durante el año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberán efectuar un pago por un total de 14 millones 318 mil pesos.
En otras fracciones se determinan otros pagos por concepto de impuestos que habrán de pagar Pemex y sus organismos como son: impuesto por la enajenación de gasolinas y diesel; impuesto al valor agregado; impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados; impuesto a los rendimientos petroleros (aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 30 por ciento y realizando pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, por un total de 2 millones 73 mil pesos durante el año; y pagos semanales por un total de 14 millones 318 mil pesos); impuestos a la importación y otras obligaciones de la empresa.
La Iniciativa de Ley de Ingresos, señala que el Banco de México deducirá los pagos diarios y semanales que se establecen en este artículo de los depósitos que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios deben hacer en dicha institución.
Por otra parte, el Artículo 16 de la Iniciativa de Ley de Ingresos, establece que durante el ejercicio fiscal de 2012, según la Fracción II del Apartado B, se estará a lo dispuesto en materia de exenciones a lo siguiente: “Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.”
Los anteriores aspectos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, dan una clara idea de la importancia de los ingresos con los cuales contribuye Pemex a la hacienda pública de México.
Con los elementos y argumentos hasta aquí expresados, los cuales se encuentran documentados en los Diarios de los Debates, Gacetas Parlamentarias del Poder Legislativo, o en el Diario Oficial de la Federación, me permito expresarle, respetuosamente, lo siguiente:
1. El que la recuperación y el aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, ya sea para autoconsumo por parte de los concesionarios o para su entrega a Petróleos Mexicanos, tenga un gravamen del 40 por ciento, hace incosteable el que se invierta en la tecnología correspondiente para aprovechar y comercializar esta enorme riqueza del subsuelo.
2. Esto tiene dos graves consecuencias. Una, que al no realizarse debidamente la extracción del gas grisú de las minas de carbón, una parte del mismo que queda en las minas, continúa siendo un peligro latente para los mineros, pudiendo ocurrir intoxicaciones, asfixia, un accidente o una explosión en cualquier momento. Otra, que al “ventearse” las minas para sacar el gas grisú al medio ambiente, tratando de proteger a los mineros, no es aprovechado su enorme potencial energético y se produce una contaminación de grandes dimensiones, considerando que el metano es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el bióxido de carbono.
3. Lo anterior manifiesta la existencia de una clara orientación de la política energética del Gobierno Federal a favor del capital extranjero, ya que mientras que por un lado se grava considerablemente la producción nacional de gas, lo que impide el desarrollo de la industria y la protección de la vida de los trabajadores mineros, por otro lado se exenta en la Ley de Ingresos el pago de impuestos de importación de
gas a las compañías extranjeras. No existe ningún argumento que justifique esta situación.
4. ¿Cuáles son los criterios, si estos existen, para gravar la producción nacional de gas y eximir del pago de los impuestos de importación de gas a las empresas extranjeras?
5. Queda de manifiesto la enorme contradicción que se expresa en que para el Gobierno Federal, más importante que el interés nacional, las empresas mexicanas, o el costo en vidas de los mineros, es el sobreproteger a las empresas extranjeras y contribuir a que éstas obtengan jugosas ganancias en México. Eso nos muestra la orientación que quieren dar al país y la cual como representantes populares estamos obligados a impedir.
6. Esta contradicción no se trata de un asunto medible sólo en términos de pesos y centavos, como algunas mentes obtusas lo ven. Se trata, sí, de un gran saqueo al país, pero sobre todo de una enorme desgracia nacional, de algo dramático, porque ha causado la pérdida de muchos cientos de vidas humanas.
7. La preferencia del Gobierno Federal por las empresas extranjeras se aprecia mejor cuando se tienen estimaciones de que el volumen de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral es de 2 mil 384 billones de pies cúbicos en el subsuelo; y que podrían recuperarse y aprovecharse más de 3 mil millones de pies cúbicos por día, que actualmente se desaprovechan y dañan la capa de ozono. Explotar este enorme potencial energético del gas proveniente del carbón mineral, contribuiría a reducir la demanda de gas natural y constituiría una formidable competencia para las empresas trasnacionales que están importando gas –sin pagar impuestos- para su distribución en el país o para producir electricidad que posteriormente transmiten a los Estados Unidos.
8. El actual esquema impositivo sobre Petróleos Mexicanos es abrumador. Tiene que aportar a la Tesorería de la Federación y al fisco cientos de millones de pesos diariamente por concepto de pago de derechos e impuestos. Es una situación plena en injusticia que Pemex cargue con el país mientras que, en una actitud entreguista, se brindan todas las facilidades, exenciones, prebendas y canonjías a las empresas extranjeras.
9. El que no se cobren impuestos a la importación de gas natural, implica una pérdida recaudatoria de muchos millones de pesos, lujo que México, país con 52 millones de pobres, no puede darse.
10. ¿En qué país del mundo se menosprecia y subestima a los nacionales y se tiene como estrategia proteger y privilegiar a los extranjeros? Quienes ahora nos gobiernan ¿Realmente tienen un proyecto de país, gobiernan sólo por inercia o se encuentran asociados a intereses externos? El que no exista un modelo del país al que aspiramos todos los mexicanos; o el que exista un modelo de país que favorezca a los extranjeros es grave y pasa a convertirse en un asunto de Estado, que se encuentra al margen de los partidos políticos. Se necesita ser extremadamente tonto o muy vil para proteger -por interés- a los extraños antes que a los propios. Incluso los animales, protegen primero a los suyos frente a las agresiones externas.
11. Un claro ejemplo que expresa la evidente complicidad que existe entre las autoridades hacendarias y las empresas extranjeras importadoras de gas, lo constituye el caso de Energía Costa Azul, empresa propiedad de Sempra Energy, que se ubica en el Municipio de Ensenada, Baja California; y la cual, al amparo de la Ley de Ingresos puede importar la cantidad de gas que desee libremente, sin el correspondiente pago de impuestos. Esta empresa, dicho sea de paso, causa múltiples daños al país, entre otros: daño al no pagar impuestos, lo que lesiona las finanzas públicas; daño al verter diariamente al océano millones de litros de aguas frías, cloradas o con salmueras, lo cual produce un daño ecológico acumulativo; daño psicológico y zozobra, ya que las instalaciones constituyen un grave riesgo para los vecinos; daño patrimonial, al generar electricidad y exportarla hacia los Estados Unidos y volver a reenviarla a México, con lo cual multiplica sus ganancias; y daño a la soberanía, porque si lo desea, puede causar desabasto de gas en México o causar un gigantesco apagón para encarecer las tarifas del servicio eléctrico. No es gratuito, por tanto, el enorme y creciente enojo social en contra de esta empresa, a la que ni siquiera en su país quieren.
12. El desgravar la recuperación y el aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, ya sea para autoconsumo por parte de los concesionarios o para su entrega a Petróleos Mexicanos beneficiaría a las tres principales regiones carboníferas que existen en México, ubicadas en los estados de Oaxaca, Sonora y Coahuila, con los consecuentes beneficios económicos, para la protección de la vida de los trabajadores mineros y para la atmósfera de nuestro planeta.
13. El que se fomente y proteja la producción nacional de gas, sentaría las bases para una sana exploración y explotación de las enormes cantidades de gas metano, ya confirmadas, que existen en el lecho marino del Golfo de California.
14. Considero, Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que no es posible que se siga permitiendo la exención de derechos a las gaseras que se propone en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el año entrante. Esto sería muy injusto y faltaría a uno los principios más elementales del derecho, la equidad, ya que beneficiaría a unos cuantos en detrimento de los ingresos de la Nación entera. Además, es claro que con la propuesta se beneficia a empresas privadas y se perjudica a las del sector público.
15. Si no se grava la importación de gas ¿Cuántos millones de pesos está dejando de percibir el país por este concepto? ¿Cuántas escuelas podrían edificarse? ¿Cuántas viviendas se podrían construir para ciudadanos que viven en extrema pobreza? ¿Cuántos hospitales y clínicas? ¿Cuántas canchas deportivas que alejarían a los jóvenes de la drogadicción? ¿A cuántas madres solteras y adultos mayores se podría apoyar con esos recursos?
16. Estoy convencido que si la Comisión dignamente presidida por Usted y a la cual pertenezco, aprueba el que se exente legalmente del cobro de estos derechos de importación a las empresas importadoras de gas, estaríamos atentando contra los intereses de la Nación.
17. Si la misión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es recaudar mayores ingresos, es incongruente que se omita a las grandes corporaciones extranjeras trasnacionales del pago de impuestos por concepto importación de gas.
18. Considero que este es el momento propicio para que, mínimamente, se apliquen las mismas normas a las empresas productoras de gas nacionales y a las extranjeras; y a todos se mida con la misma vara impositiva: o a todas se exenta –incluso a PEMEX- o a todas se cobra. Y si es necesario, se invierta la situación ahora existente y se proceda a gravar la importación de gas natural y a desgravar, por todo lo aquí expuesto, la producción de gas grisú para salvar vidas y fortalecer la economía nacional
19. Y si las gaseras trataran de incrementar el precio del gas, por obligárseles a pagar los derechos correspondientes, esto podría impedirse por el Ejecutivo Federal, ya que la Iniciativa establece que “con el fin de evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final del gas licuado de petróleo, se plantea mantener en el artículo 1o. de la Ley cuya emisión se propone, la facultad del Ejecutivo Federal para fijar precios máximos al usuario final y de venta de primera mano de ese bien.”
20. Pongo lo anteriormente expuesto a su atenta consideración, lo cual sintetizo en lo siguiente: que tenga a bien considerar, el que dentro de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se brinde el mismo trato a las empresas productoras de gas nacional, que a las extranjeras.
Atentamente
DIP. JOSÉ NARRO CESPEDES
Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
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