La Comisión de Gobernación declaró improcedente la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil

Sin embargo se acordó revisar la propuesta de nueva cuenta conjuntamente con los trabajadores y los representantes de los órganos de gobierno

Mexicali, B.C.- Los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC), dictaminaron como improcedente la Iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, presentada por el Ejecutivo del Estado.

La sesión de este órgano Legislativo se llevó a cabo en presencia de los respectivos dirigentes de las secciones del Sindicato de Burócratas de los cinco municipios del Estado, así como los representantes de los Ayuntamientos y el enviado del Gobierno del Estado.

Encabezada por el Presidente de la CGLPC, Diputado Juan Montejano de la Torre y en presencia de la Diputada Lizbeth Mata Lozano y los Diputados Rubén Fernández González, David Lozano Pérez, Ricardo Magaña Mosqueda y Julio Felipe García Muñoz, todos ellos miembros de la citada Comisión Legislativa, se dio lectura al proyecto de dictamen cuyo resolutivo único es que resulta improcedente.

La Iniciativa en mención data del 7 de noviembre de 2011, fecha en que fue remitida por el Ejecutivo del Estado ante la Mesa Directiva de la XX Legislatura, con la pretensión de reformar diversas disposiciones de la Ley burocrática local, relativas a temas de carácter sustantivo y adjetivo de este ordenamiento.

Entre las reformas propuestas destacan el cambio de nombre de la Ley, excluir del marco legal burocrático a los órganos descentralizados, establecer categorías para los trabajadores de base y de confianza mediante los siguientes nombramientos; definitivo, interino, provisional, por tiempo determinado y por obra determinada, entre otras.

Sin embargo, del estudio y análisis realizado por la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, se determinó que era improcedente por no estar acorde y conforme con el sistema jurídico nacional en materia de derecho del trabajo en general y del derecho laboral burocrático en particular.

Luego de que el dictamen fue aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión, tanto los Diputados presentes como los representantes de los órganos de gobierno convinieron en que la propuesta debe ser retomada para analizarla, pero de manera conjunta entre el sector gubernamental y los representantes de los trabajadores, a fin de no violentar los derechos de estos últimos.