Aprueba reforma al Código Civil a fin de actualizar los valores de enajenación de bienes
Mexicali, B.C.- El Pleno del Congreso local aprobó mayoritariamente el dictamen número 73 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC), cuyo objetivo es facultar al Poder Legislativo para emitir decretos de expropiación de bienes por causa de utilidad pública.
El dictamen en mención, aprobado por los Legisladores durante la sesión ordinaria correspondiente a este jueves, la cual fue conducida por el Diputado Alfonso Garzón Zatarain, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la XX Legislatura, se refiere a una reforma a los artículos 1, 4 y 8 de la Ley de Expropiación del Estado.
La finalidad es establecer que el Congreso del Estado tenga la facultad de emitir decretos expropiatorios por causa de utilidad pública, cuya propuesta fue presentada por las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM, PEBC y PT, ya que en la actualidad sólo el Ejecutivo del Estado tiene facultades para ello.
Al respecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado determinó que no existe disposición alguna o tesis del alto tribunal, que establezca que sea facultad exclusiva del Ejecutivo, además de que los Congresos están facultados para emitir decretos cuya naturaleza se considere administrativa, como es el caso de la expropiación, y en ese sentido se aprobó el citado dictamen.
Por otra parte, la Asamblea voto a favor del dictamen 72 de la misma Comisión Legislativa, cuyo contenido es la aprobación de una reforma para modificar los artículos 2191 y 2194 del Código Civil del Estado, presentada por las fracciones políticas del PRI y PEBC con el propósito de armonizar los valores establecidos en este ordenamiento, en relación a la enajenación de bienes inmuebles, con las realidades sociales y económicas existentes del Estado.
Se propuso, y así se aprobó, incrementar de 7 mil a 13 mil veces el salario mínimo con el objeto de que la traslación de dominio de los bienes inmuebles que se enajenen y que sean inferiores a dicha cantidad pueda realizarse mediante contrato privado.
Asimismo, con la aprobación del dictamen 76 de la CGLPC, se reformaron los artículos 57 y 65 de la Constitución General del Estado, en base a una Iniciativa presentada por la Diputada Lizbeth Mata Lozano, con la finalidad de modificar parte del contenido de estas normas, en lo referente a la entrega del Plan de Desarrollo Judicial, ante el Congreso del Estado.
La reforma establece que el mencionado plan deberá presentarse con una periodicidad de cada tres años, en lugar de seis como es actualmente, y que la elaboración y aprobación que se hace del Plan Estatal de Desarrollo Judicial, sea bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura, previa a la opinión, no vinculante, que realice el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo Presidente deberá remitirlo al Congreso local, solo para su conocimiento.
Finalmente, los Congresistas locales apoyaron con su voto una Minuta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución General de la República, la cual fue enviada por el Congreso de la Unión, con la finalidad de establecer nuevos cauces de participación ciudadana, a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad por las decisiones de carácter político-jurídico que se toman en el país, así como impulsar la democracia y la pluralidad.
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