Por Jaime Flores Martínez
Verdura
TIJUANA B.C.-Desesperados ante las dificultades para flotar en la vida, algunos policías recientemente exonerados de supuestos vínculos con el narcotráfico analizan la posibilidad de presentar su queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Aunque pareciera que esto “no servirá gran cosa”, ellos están convencidos que exhibirán las autoridades y contribuirán a que la sociedad le pierda la confianza al gobierno. ¿Mas?
A finales del mes pasado, Cicuta reveló que la mayoría de esos ex policías no encuentran la manera de sobrevivir honradamente. Muchos han intentado vanamente ingresar a empresas de seguridad privada, en donde le solicitan la famosa carta de no antecedentes penales. Algunos han sido contratados en antros de mala muerte como “saca-borrachos”, mientras que otros se metieron de taxista o de plano decidieron dedicarse a la venta de tacos. No es posible que gobierno ni siquiera les otorgue la liquidación que la ley obliga. Ellos fueron encontrados inocentes de los cargos fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Los involucrados en esta falsa trama, descartan la posibilidad de presentar una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH), porque no tienen confianza. La quja en la PDH no prosperaría porque allí exhibirían el incumplimiento de mandato constitucional por parte del gobierno. Resulta que la autoridad ni siquiera considero otorgarles una indemnización. Simplemente no los recontrato y los dejó a su suerte. Muchos pasaron casi dos años en una prisión en el interior del país, mientras que su familia sobrevivió de milagro en esta frontera.
Los ex policías acudirán primero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar su intervención, puesto que el gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán no ha tenido la iniciativa para presentar la queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La medida que obliga la autoridad a no recontratar a los elementos que hayan resultado inocentes es --a todas luces-- inconstitucional.
Se trata de una reforma a varios artículos de la Constitución, realizada en el año 2008. Entre las modificaciones esta el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, que se refiere a la violación de los derechos laborales de los agentes del ministerio público, peritos y policías. Allí se exenta a la autoridad de su obligación de recontratarlos aun si resultaron inocentes.
Más llama la atención que la mentada reforma contempla la indemnización de aquellos elementos que obligadamente no podrán ser recontratados. De esta manera el gobierno está obligado a entregarles un finiquito, aunque la autoridad ignora olímpicamente esta ley. Ellos se burlan de la obligación legal. Eso incluye al alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo y al gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Por eso el procurador de justicia Rommel Moreno Manjarréz se muere de la risa ante la desesperación de los ex policías.
El ex procurador de los derechos humanos Baja California Raúl Ramírez Baena, ha llevado este tema a muchos foros a nivel nacional, entre ellos a senadores y diputados. A nuestros señores legisladores, el tema les ha venido guango. Les importa un cacahuate la necesidad de y la exhibición de los policías. No les importa el sufrimiento de sus familias. Y eso que son nuestros representantes
El asunto es que un grupo de ex policías analizan la posibilidad de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por lo menos el escándalo trascendería y el gobernador no se irá tan campante. Ellos no quieren que Osuna Millán levante ambos brazos y sonría al decir que cumplió en su gobierno. Don José Guadalupe Osuna Millán debió --por justicia--, presentar esa petición ante los magistrados del tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analizarán el asunto y buscar que los magistrados declararan la inconstitucionalidad de esa reforma. Sin embargo, al gobierno… le vale verdura.
Desfase
Simpatizantes y amigos de la sindica procuradora de Tijuana Yolanda Enríquez de la Fuente, festejaron a través de las redes sociales el regreso de “Yoli” a la Sindicatura Municipal. Esta funcionaria atraviesa por serías dificultades de salud, aunque su buena disposición la saca adelante.
Algunos seguidores subieron a la red una foto donde luce sonriente, con una peluca que le sienta muy bien. Sus amigos dicen que las quimioterapias acabaron con su cabello. No obstante su rostro sonriente habla de la fortaleza de una mujer que ha trascendido.
El asunto es que ese mismo día (el 27 de agosto) el primer Tribunal Colegiado del Decimo Quinto Circuito confirmó que señora Enríquez de la Fuente perdió la suspensión definitiva que gestiono en contra del Congreso del Estado. Los diputados querían desaforarla porque no actuó a tiempo en un escándalo que involucro a policías municipales.
La sindica procuradora está de nuevo en manos del Congreso de Baja California. Abogados de la sindica promovieron una suspensión provisional y después una suspensión definitiva hasta lograr que las cosas quedaron en los términos que se encontraban en ese momento. Con fecha 16 de agosto de 2012 se dictó sentencia en el amparo de revisión y de esta manera fue integrada en la lista el viernes 24. El Tribunal de Circuito revoca, sobresee el recurso.
En términos llanos, los indica Yolanda Enríquez de la Fuente está a punto de quedar a disposición del Congreso del Estado para que (si acaso) se continúe reconocimiento desafuero. Este asunto, por sí solo, ya luce desfasado. Seguro que los diputados ya no le moverán. Se voltearán para otro lado. Las circunstancias son otras.
Comentarios; cicuta.info jaime.cicuta@gmail.com twitter@cicutajaime
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