CICUTA COLUMNA POLÍTICA : JAIME FLORES

Por Jaime Flores Martínez

Bibi

TIJUANA B.C.-Desesperado por justificar sus gravísimas distracciones, el ex director de Transporte de Tijuana Jorge Bibi Gutiérrez se ha convertido en un autentico buscador de argumentos. Por su culpa, el Gobierno de Bajá California podría ser condenado a pagar 50 millones de pesos por daños y perjuicios al grupo de inversionistas que operarían las nuevas concesiones de transporte.

La historia inicia a principios del año pasado en la calenturienta mente del arquitecto Bibi Gutiérrez. El susodicho fue titular de transporte en Tijuana durante el trienio del panista Jorge Ramos Hernández. Irritado porque su estancia lhabia llegado a su fin, este hombre entregó la estafeta al priísta Bernardo Sánchez Ríos al inicio del gobierno tricolor de Carlos Bustamante..

Tristemente desempleado o peligrosamente desarmado, el arquitecto de membrete se esforzó hasta los limites por ejercitar su mente hasta cumplir su cometido. Su ocurrencia fue que el gobierno estatal panista "le agandallara" la modernización del transporte a los municipios de la zona costa.

El estado entregaría concesiones a un grupo de inversionistas que –en los hechos—nada tienen que ver con el tema. De concretar esta idea, los usuarios del transporte público estarían felices porque tendrían un transporte barato y de calidad. Además de ello, el gobierno panista de embolsaría unos tres millones de dólares en la última parte del sexenio, mientras que el arquitecto recibiría una cascada de dinero porque además de creador seria socio. !Que idea tan gigante!

Jorge Bibi y su pandilla pusieron manos a la obra y convencieron a la autoridad de las bondades del proyecto. La estrategia incluía seducir a miembros de la Iniciativa Privada que quisieran explorar nuevos espacios de inversión. Sépase que la tercera parte de los inversionistas interesados en el tema son propietarios de centros comerciales y algunos de ellos se atropellaron a comprar medio centenar de camiones nuevos.

El pasado 3 de mayo, el gobernador de Baja California José Guadalupe Osuna Millán, publicó en el diario estatal el otorgamiento de tres concesiones a igual número de empresas que prestarían el servicio metropolitano. Información oficial, señala que las rutas nuevas del transporte comenzarían desde el municipio de Rosarito y concluiría en el municipio de Tecate. Las ventajas serían muchísimas porque, además de subirse a modernos autobuses, los usuarios pagarían un solo precio.

El señor Bibi ha dicho a sus víctimas que sería igualito al transporte público que opera en la vecina ciudad de San Diego. Apenas trascendió la información sobre las nuevas concesiones, los transportistas de Tijuana pusieron el grito en el cielo. El anuncio del gobernador se convirtió en un atropello a los intereses de los transportistas que por años se han enfrentado las voluntades del gobierno.

Muchos transportistas anunciaron movilizaciones y advirtieron que llegarían hasta las últimas consecuencias. El otorgamiento de esas concesiones era a todas luces ilegal. Bueno, eso afirmaron los transportistas.

El caso es que el gobernador fue agobiado por tanta presión que siete días después ordenó al Secretario General de gobierno Francisco García Burgos recular en esa decisión. El mismo diario oficial público la marcha atrás de ese proyecto, aunque la autoridad omitió integrar los argumentos del caso. La autoridad señaló “que siempre no” pero de olvido de argumentar “porque”. El periodista Gilberto Lavenant estima que esa maniobra tuvo como objetivo que los nuevos concesionarios tuvieran el tiempo suficiente para conseguir un amparo de la justicia Federal.

Desde luego que los más afectados son los nuevos concesionarios, quienes seguros de hacer un extraordinario negocio, hubieron de invertir además de planes y proyectos, en cientos de autobuses que recorrían la ciudad. Trascendió que el alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo, se mostró muy enojado pues la decisión del gobierno estatal aplastaba la pregonada ruta troncal. El gobierno federal otorgo unos mil millones de pesos a fondo perdido para la realización de su proyecto.

El caso es que Jorge Luis Gutiérrez se encuentra atrapado en un auténtico brete. Con la cancelación del proyecto por parte del gobernador, los inversionistas están que truenan contra el arquitecto Bibi Gutiérrez y piensan denunciar al Estado. Bibi está tan desesperado que acude las tribunas radiofónicas, además de saturar con las redes sociales. El profesionista insiste en que los tijuanenses requieren un transporte de calidad, aunque omite que su maniobra incluyó quedar como socio dentro de sus empresas beneficiadas.

Gutiérrez convenció a un inversionista de nombre Juan Carlos Álvarez, representante de la empresa Calafia, de integrarse al proyecto de obtener una nueva concesión. Dos semanas después de la revocación analiza la posibilidad de demandar a Gutiérrez. Ah, no se sabe si los 3 millones de dólares le fueron entregados total o parcialmente a la autoridad estatal. El propio Bibi cacarea la cifra.

A don Bibi le falto lucidez en el proyecto porque desconocía un pequeñísimo detalle: Resulta que Juan Carlos Álvarez, de la empresa Calafia, obtuvo una concesión para el transporte público desde 1972. Esa concesión pudo ser simplemente renovada y luego agrupar a los inversionistas terrestres concesiones. Asi no se hubiese violado la ley; los alcaldes no protestarían y los transportistas no tuvieran alternativa. Al tratarse de una concesión añeja no se revertirla.

Sin embargo, ese pequeñísimo detalle le pasó por alto al brillantísimo a tan azulado profesionista, quien ahora es blanco de justificados impactos. Ahora se entretiene al escribir sus lamentos en las redes sociales y a comentar sus frustraciones en un programa de televisión de paga. Que pena.

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