Tecate, B.C.- Durante la administración de Francisco Kiko Vega como presidente municipal de Tijuana según las cifras de INEGI se registró una disminución en los delitos reportados en un 21.2 por ciento.
Durante la época en que Castro fue Secretario del Ayuntamiento, en cambio, pasó de 112,201 delitos en 2004 a 149,915 registrados en el año 2007, que equivale a un aumento de 33.6%.
Al presentar la noche del miércoles en Tecate sus propuestas en materia de seguridad pública, Justicia, Legalidad y Derechos Humanos, Kiko Vega indicó que con “gran esfuerzo social, en el estado han mejorado los niveles de seguridad que padecimos en el pasado y ahora estamos en una situación muy diferente a otros estados del norte del país, todos ellos gobernados por el PRI. Baja California, en cambio, es ejemplo de éxito a nivel nacional e internacional de cómo resolver el problema de inseguridad”.
Gracias a los gobiernos del PAN, dijo, nuestro estado es uno de los más seguros de México. En materia de seguridad pública, en los últimos 5 años han bajado casi todos los delitos:
En lo referente al secuestro la incidencia bajó un 74%. El robo de vehículo, disminuyó en 41% y los homicidios cayeron el 31%.
Los robos cayeron un 16%. Dentro de ellos, los robos con violencia en la vía pública bajaron 20% y el robo a comercio disminuyó en un 15%.
En promedio, todos los delitos en el estado de Baja California disminuyeron en un 19%.
Kiko Vega dijo que con el esfuerzo de todos los bajacalifornianos, los delitos de alto impacto, secuestro y homicidio, en nuestro estado y en lo que va del año, fueron solamente 250 mientras que en Chihuahua fueron más de 650, en Nuevo León más de 500 y en Coahuila y Tamaulipas más de 450 en ese mismo lapso.
Los secuestros, por ejemplo, fueron 6 en nuestra entidad y 60 en Tamaulipas, es decir, 10 veces más.
Kiko Vega dijo que su gobierno seguirá con una política de gran impulsa en materia de prevención de los delitos que será, dijo, uno de los ejes estratégicos de su gobierno. El proyecto de seguridad pública enfocará las estrategias preventivas en dos planos: social y policiaco.
Desde el punto de vista social, se reforzarán las inversiones sociales en áreas conflictivas y los programas de bienestar hacia grupos de riesgo.
Como políticas de prevención, mediante casetas móviles, llevaremos todos los apoyos del estado a las colonias conflictivas o marginales: becas, bono de transporte, guarderías, seguro de desempleo, apoyos a tercera edad, orientación vocacional, prevención de adicciones y rehabilitación de adictos, detección de violencia intrafamiliar y abuso infantil. Todo ello con visitas casa por casa y tocando las puertas de los bajacalifornianos.
Desde el punto de vista policiaco, se apoyará la función preventiva de la policía, se fortalecerá la participación comunitaria en programas de prevención y se promoverá la cultura de la legalidad.
El proyecto de seguridad pública promoverá en forma decidida la cultura de la legalidad. Se incorporará a los programas de estudios la cultura de la ley y se trabajará con el magisterio en talleres de capacitación en temas de seguridad pública, prevención del delito y escuela para madres y padres de familia.
Se propondrá capacitar al magisterio de las escuelas públicas y privadas, de todos los niveles educativos, para detectar adicciones, violencia familiar y escolar en el alumnado y canalizarlos a instituciones de salud pública para su atención y tratamiento gratuito.
La mayoría de los delitos intencionales están asociados al tráfico de drogas y las adicciones. Por ello, establecerá medidas eficaces para prevenir y tratar las adicciones.
En el sistema educativo, fortaleceremos, agregó, las medidas preventivas y las instituciones de salud mejorarán sus programas de adictos.
El gobierno destinará recursos adicionales a instituciones públicas que atienden este problema pero también apoyará más a organismos de la sociedad civil dedicados a la prevención y tratamiento de farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo.
La ciudadanía desempeña una función esencial en materia de seguridad pública. “Mi gobierno impulsará la participación de ciudadanos, grupos e instituciones en diversas tareas de seguridad, especialmente en programas de prevención del delito, el fomento a la cultura de la legalidad, la denuncia a los delincuentes, el combate a la corrupción, la promoción de los valores, el fomento al deporte y el apoyo a la rehabilitación de los delincuentes”.
En lugar de crear más oficinas burocráticas, se destinarán recursos a programas preventivos de la sociedad civil.
El proyecto de seguridad propone una visión humanista hacia los menores infractores. Sólo se aplicará encarcelamiento a casos de gravedad o reincidencia previstos por la ley. Para menores infractores se destinarán fondos adicionales para programas de rehabilitación mental, tratamientos contra adicciones, retorno a la familia, estancias temporales, educación, capacitación para el trabajo, reintegración a la sociedad y el trabajo comunitario.
En paralelo a otras estrategias, se realizarán operativos permanentes en las 100 colonias más peligrosas del estado. Se adoptarán medidas para combatir con eficacia al delito.
Se crearán cuatro unidades especiales de élite encargadas de inteligencia criminal y de combatir los robos a casa habitación, robos simples, robos de automóviles, asaltos y secuestros.
En materia de prevención de delitos y protección de los ciudadanos, “no caben las diferencias políticas ni las desconfianzas institucionales. Las corporaciones del estado apoyarán decididamente las acciones federales y municipales en el combate a la delincuencia.”, recalcó.
“Continuaremos la modernización de las corporaciones policíacas que iniciará por el sistema de formación y capacitación continua. Habrá una inversión sin precedentes en equipamiento y tecnología.”
Asimismo Kiko Vega se comprometió a que se mejorarán los salarios, prestaciones y condiciones laborales de los agentes, peritos y personal operativo. Los ascensos se basarán en concursos por oposición y se combatirá con energía la corrupción o abuso de poder.
Se promoverá una reforma jurídica para simplificar los procedimientos y se trabajará dentro de las agencias ministeriales en programas de atención al público, simplificación de trámites, modernización de sistemas y evaluaciones periódicas de eficiencia. Todos los trámites y procedimientos ministeriales estarán sujetos a supervisión permanente, mejora continua y evaluación externa. Se pondrá especial cuidado en brindar una atención oportuna, eficaz y profesional a las víctimas del delito. A través de un sistema de orientación, quejas y denuncias, se sancionará todo tipo de abuso, negligencia o corrupción.
Como parte del proceso para fortalecer al poder judicial, se promoverá una reforma constitucional a efecto de que todos los tribunales administrativos del estado sean transferidos al poder judicial.
Para fortalecer su representatividad social y el carácter autónomo del ministerio público, se enviará una iniciativa de reforma constitucional para que el Procurador de Justicia sea nombrado por el voto directo de los ciudadanos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado saldría de la estructura del Poder Ejecutivo y se convertirá en un Órgano Constitucionalmente Autónomo, con servicio profesional de carrera, sujeto al régimen de responsabilidades, de transparencia, rendición de cuentas y vigilado por un organismo ciudadano.
Para evitar incrementos no justificados y permitir la planeación de largo plazo, propondrá iniciativa de reforma constitucional para que los poderes judicial y legislativo tengan un porcentaje fijo del presupuesto, que le permita cumplir adecuadamente su tarea.
Se apoyará el fortalecimiento presupuestal para que el nuevo sistema de justicia alternativa se consolide de manera total.
En ese sentido, se propondrá reformar los códigos penal, de procedimientos penales y de readaptación social, con la finalidad de limitar las penas de privación de libertad solamente para delincuentes peligrosos y de establecer formas alternativas para sancionar delitos leves o imprudenciales, tales como la prisión nocturna, la reparación de daños o el trabajo comunitario.
El abanderado de la Alianza Unidos por Baja California dijo que la procuración de justicia debe premiar el buen desempeño y sancionar con severidad las faltas, abusos o desvíos de los servidores públicos por lo que se realizará un enérgico programa de prevención, depuración y combate a la corrupción. Los casos de ineficiencia, desviación y deshonestidad serán juzgados por instancias imparciales y las sanciones serán ejemplares. Nadie gozará de impunidad, por muy poderoso que sea o se sienta.
Se promoverá la cultura de los derechos humanos y se respetará la autonomía de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana.
Se enviará una iniciativa de reforma para que el Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana sea nombrado por el voto directo de los ciudadanos.
En el foro Kiko Vega estuvo acompañado por Paty Ramírez, candidata a Presidenta Municipal de Tecate e Ivonne Diego, candidata a Diputada por el distrito siete, ambas de la Alianza Unidos por Baja California
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