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Mexicali, B.C.- “Si bien es cierto que los datos en el rubro de la Seguridad Pública parecen alentadores y pretenden reflejar un escenario eficaz en el combate y la contención de los delitos, también es cierto que el ciudadano de a pie, profesionistas, empleados, obreros y empresarios, la sociedad toda, vive una realidad que no coincide plenamente con estos datos”.
Lo anterior fue asegurado por el Diputado Francisco Alcibíades García Lizardi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la XXI Legislatura, durante su intervención en la comparecencia del Secretario del ramo, Daniel de la Rosa Anaya, y su equipo de trabajo.
García Lizardi puntualizó que muchas comunidades, colonias y zonas urbanas de los cinco municipios, registran una notable ausencia de seguridad pública, lo cual demanda —dijo— la suma de esfuerzos y de una concepción integral de las autoridades.
“Sólo podremos acceder a los cambios y avances que se demandan en seguridad, si logramos un marco legal moderno, articulado con un andamiaje institucional y complementado con un gobierno resuelto a cumplir de manera eficiente en sus funciones”, remató.
Durante el informe ofrecido a los Diputados por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se destacó la cooperación interinstitucional entre el gobierno estatal y los municipios, así como la certificación CALEA obtenida de un organismo internacional y las depuraciones policiacas permanentes, lo cual dio como resultado —explicó— abatir los altos índices de criminalidad imperantes al inicio de la administración.
En su oportunidad durante la ronda de preguntas, el Diputado Armando Reyes Ledesma cuestionó a De la Rosa Anaya sobre la razón de que la SSP fuera la dependencia con más recomendaciones recibidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, además de tener conocimiento de que éstas no eran atendidas.
Por respuesta, el compareciente informó sobre diversas acciones realizadas para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, como es la participación de diversos sectores sociales en el Consejo de Seguridad, así como las certificaciones y capacitaciones recibidas de organismos ajenos a la dependencia, con el fin de certificar los procesos y procedimientos policiacos.
La Diputada Miriam Ayón Castro preguntó sobre el curso actual de las 329 investigaciones administrativas hechas al interior de la SSP, ya que —indicó— en el informe recibido no se mencionaba; asimismo, solicitó la información actualizada de la incidencia delictiva en la entidad.
Se le informó que en lo que va del sexenio, un total de 2970 elementos han sido separados de su cargo por incurrir en actos de corrupción y por tener vínculos con la delincuencia organizada; además, que la incidencia delictiva ha aumentado durante los dos últimos años debido al repunte en el robo de casa-habitación.
Por último, el Legislador Juan Manuel Molina García reconoció el avance dado en el Estado en cuestión de seguridad, al retroceder a nivel nacional al lugar 28. Además solicitó a sus compañeros Diputados una debida atención a las muertes en el cumplimiento del deber y a la situación laboral de los policías y custodios estatales.
Resaltó que la mayoría de los elementos policiacos están cumpliendo con su deber, por lo que se debería hacer un mayor esfuerzo para procurarles mayores percepciones económicas y el mejoramiento de las condiciones de seguridad social para sus familias.
Durante la comparecencia estuvieron presentes en el salón de sesiones “Benito Juárez García”, los titulares de seguridad pública en los municipios: Marco Antonio Carrillo Meza, de Mexicali; Alberto Capella Ibarra, de Tijuana, y Francisco Castro Trenti de Playas de Rosarito, así como diferentes personalidades de la sociedad y público en general que abarrotó el recinto legislativo.
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