· Diputado Novelo presenta iniciativa para que actualice padrón cada tres años
· Existen comunidades con alto grado de marginación que no aprovechan los apoyos federales por no figurar en el catálogo
Mexicali, B. C.- El diputado Marco Antonio Novelo Osuna presentó una iniciativa de reforma con el propósito de adicionar la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado, a fin de clarificar y reconocer las comunidades existentes en la entidad.
La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria de la XXI Legislatura, la cual fue presidida por el Diputado Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, líder del Congreso del Estado, y a dicha iniciativa se le sumaron la diputada Rosa Isela Peralta Casillas y el diputado Armando Reyes Ledesma,
Novelo Osuna dijo en tribuna que de acuerdo a la demanda social captada por la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el estado de Baja California existe un gran número de comunidades indígenas con alto grado de marginación.
Sin embargo –añadió- la información del censo no las captó en su dimensión real, tanto en el número de población como en índices de marginación, lo que ha generado que los habitantes de esas localidades no pueden acceder a este y otros programas federales.
Aclaró que en dichas reglas de operación también se considera que se podrán atender localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales y que cumplan con las características de tamaño y grado de marginación previstas en las características II y III de dichas reglas.
La iniciativa comprende adicionar el artículo 2 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado, el cual establece que “las comunidades indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo, procedentes de otro estado de la república y que residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado de Baja California, podrán acogerse a esta ley”.
La adición propuesta es la siguiente: “Esta ley reconoce, a su vez, a las comunidades enlistadas en el catálogo de comunidades indígenas que mediante acuerdo general determine el Ejecutivo del Estado, con base en estudios técnicos y de campo que deberá realizar cada tres años”.
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