Mexicali, B. C.- Con el propósito de establecer como una obligación de las autoridades que manejan recursos para apoyo social, el publicar los padrones de beneficiarios y los criterios de acceso, el diputado Fausto Gallardo García presentó ante Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California.
En su exposición de motivos, el representante popular del Partido Verde Ecologista de México subrayó que su propuesta fomentará la transparencia, ya que el ciudadano podrá “conocer con mayor detalle la forma en que se aplican los recursos públicos en el área de desarrollo social, lo que le permitirá evaluar el desempeño de los sujetos obligados y en base a ello, propiciar el perfeccionamiento de cualquier medida tendiente a lograr un mejor control, aplicación y eficiencia de los esfuerzos enfocados a esta área de gran trascendencia social”.
Gallardo García afirmó que su iniciativa aporta elementos adicionales que confirmarán y fortalecerán la naturaleza de la actual Ley de Transparencia; es decir, como una herramienta a través de la cual la sociedad puede obtener los elementos necesarios para conocer con certeza las acciones de sus órganos de gobierno, así como un mecanismo eficiente para su seguimiento y tasación.
Esta propuesta de reforma viene suscrita por los diputados René Adrián Mendívil Acosta, en nombre y representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI; Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, del PES; José Roberto Dávalos Flores, del PRD; José Francisco Barraza Chiquete, del PEBC y Francisco Alcibíades García, de MC, así como Armando Reyes Ledesma y Julio Cesar Vázquez Castillo, del PT.
El presidente de la Comisión de Reforma del Estado aseveró que ya otras Legislaturas del país han implementado la obligación de las autoridades para hacer públicos los padrones de beneficiarios en el rubro de apoyo social, como son en las entidades de Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, e incluso en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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