Por Jaime Martínez Veloz
México D.F.- Los números no mienten. Las estadísticas no tienen signo político, solo muestran resultados.
En 1994 el EZLN se levantó en armas, enarbolando las causas que hoy documenta el CONEVAL.
Las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblos indígenas.
Medio millón más de indígenas pobres en los 2 últimos años. Un aumento en 300 mil del número de indígenas en pobreza extrema.
Entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de pobreza y, particularmente, la de pobreza extrema entre la población indígena y no indígena.
El porcentaje de población indígena en pobreza pasó de 72.3 a 73.2%, esto es, 8.7 millones de personas; medio millón más que en 2012.
El porcentaje de pobreza extrema pasó de 30.6 a 31.8%, es decir, 3.8 millones de indígenas; 300 mil más que en 2012.
La población con al menos una carencia social pasó de 92.6 a 92.1%; y aquella con al menos tres carencias de 56.1 a 54.8%.
El rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la carencia por acceso a la seguridad social, la calidad y los espacios en la vivienda fueron las carencias sociales que se redujeron.
En sentido opuesto, las carencias sociales que se incrementaron fueron los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Esta última con la mayor variación al pasar de 34.4 a 38.8%; 600 mil personas más que en 2012.
La población indígena con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo pasó de 42.4 a 43.9%, y la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar pasó de 74.5 a 76.1%.
A pesar de las reformas jurídicas aplicadas y los cada vez mayores recursos destinados para su atención, los pueblos indígenas han tenido un avance muy lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos niveles de pobreza, mayores carencias sociales, menor nivel de ingreso, menor representación política y los que sufren la mayor discriminación, entre los diversos grupos.
El incremento de recursos financieros a este sector, no ha influido en la disminución de los niveles de pobreza de la población indígena, porque es ahí donde reside la necesidad de entender, que enfrentar este grave problema no es solo un asunto presupuestal; es un tema que requiere abordarse en el marco del contexto económico y jurídico en el que se produce, que permita incorporar los derechos de los pueblos indígenas excluidos hasta hoy, para que puedan ser ejercidos a cabalidad.
Ante esta realidad, las instituciones de la República y la sociedad en su conjunto, tenemos la obligación de reflexionar sobre las causas de este grave fenómeno y construir las opciones para enfrentarlo.
Contexto económico
Los ajustes en la forma de conducir la economía nacional a partir de los años 80, implicaron modificar la política económica y social, a partir de la aplicación de medidas que buscaban dar cumplimiento a compromisos asumidos por México con organismos internacionales y gobiernos de países desarrollados, en aras de incrementar la apertura y desregulación de la economía, y reducir drásticamente la participación del Estado como actor preponderante en la conducción de los procesos de desarrollo nacional.
Las expectativas que en su momento se generaron con estas reformas eran las de lograr estabilidad macroeconómica, mayores tasas de crecimiento, incremento de la competitividad en los sectores y ramas de la economía que estarían vinculados a mercados internacionales; y además, que estos procesos tendrían un efecto redistributivo a partir de la reducción de las brechas salariales, tanto entre sectores como con nuestros socios comerciales, y de una mayor eficiencia en la aplicación del gasto, lo cual, en suma, se traduciría en una reducción de la pobreza y de la desigualdad.
A más de tres décadas, se puede afirmar que la realidad ha sido muy distinta a la proyectada.
En los últimos 20 años, la economía ha tenido un comportamiento pobre que se refleja en un promedio de crecimiento anual de 2.6% para el caso del PIB, y de 1.3% al considerar el PIB per cápita.
En la historia económica reciente encontramos períodos con algunos destellos en el comportamiento económico; en el período del 2008 al 2013, el país creció en un 2%, nivel por encima del promedio del conjunto de países de la OCDE, que fue del 0.8%; sin embargo, el porcentaje del gasto público respecto del PIB fue de apenas el 27.2%, cuando el promedio del conjunto de países de la OCDE fue del 42%.
Los niveles productivos se mantuvieron estables, de esta forma se esperaría que las economías de las familias se comportaran de la misma manera, sin embargo no fue así. La problemática se encuentra en el contrato social, en donde la distribución de los beneficios solamente favorece al capital y no al trabajo.
En los últimos veinte años, el salario mínimo real tuvo un decremento del 27% y las fortunas de las 9 familias más ricas del país han crecido casi 10 veces entre 1996 y 2014, al pasar de un total de 13 mil trescientos millones de dólares en 1996 a 131 mil setecientos en 2014.
Ningún país aguanta una situación de esta naturaleza, sin pagar las consecuencias.
El crecimiento de la minería
Entre el año 2000 al 2010 se produjeron 420 toneladas de oro, cuando en tres siglos de Colonia sólo se produjeron 190 toneladas. Es decir en 10 años se produjo más del doble del oro que se produjo en más de tres siglos de la Colonia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que en el periodo 2007-2012 el valor de la producción minera ascendió a 693 mil 66 millones 900 mil pesos; de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 pesos ingresaron a las arcas nacionales por concepto de pago de derechos sobre minería, monto que representa sólo el 2.2% del valor total de la producción minera.
La industria minera multiplicó sus ganancias, y en paralelo causó un enorme daño al medio ambiente y deterioro del tejido social de las comunidades, sin que sus resultados se vieran expresados en mejores niveles de desarrollo de los pueblos indígenas, como tampoco de las arcas nacionales.
México rico en recursos y cultura, con un patrimonio único y un potencial enorme, ha sido despojado de la propia tierra que por años peleó por recuperar y que ahora cede por debajo de la mesa, en las manos de los que más tienen sin considerar a los que más necesitan y que significan la riqueza más grande del país: Los pueblos indígenas.
¿Cuánto de esta riqueza se produjo en la elevación de los niveles de bienestar de la población y en especial el de los Pueblos Indígenas?
¿Cuáles han sido los daños al medio ambiente ocasionados por esta política y cuáles son las garantías o los compromisos de reparación que han contraído en este rubro por las compañías mineras?
¿Cuáles han sido las contribuciones de esta política para mantener la cohesión social a la que aspiramos los mexicanos?
¿Cuáles son los instrumentos de verificación que tenemos como país para garantizar que la exportación de materiales hacia otros países del mundo, no llevan incorporados materiales de carácter nuclear?
¿Cuáles han sido los mecanismos que se han utilizado para evitar que las comunidades indígenas o rurales, sean presa del crimen organizado, que ha encontrado en la explotación mineral otra fuente de ingresos ilegal?
En la actualidad, la participación extranjera en la minería en exploración minera es del 70%. De esta cifra, Canadá participa con el 74%, Estados Unidos con el 15% y China con el 8.3%. Las tres grandes empresas mexicanas son Grupo Peñoles, Grupo México y Grupo Frisco.
El auge de los consorcios mineros en estos últimos veinte años, estuvo favorecido por el alza de los precios de los metales, pero también por la complacencia estatal ante la exploración y explotación de las áreas concesionadas, sin atender reclamos laborales y sociales de las comunidades mineras.
Incluso, las concesiones se otorgaron mediante exiguos pagos fiscales y con ínfimas regalías a los originales dueños de las tierras y aguas.
Ante esta bonanza, la inversión minera creció, de 250 millones de dólares en el 2002 a 8 mil millones once años después.
Por supuesto, las utilidades crecieron en forma espectacular.
¿Y los pueblos mineros?
¿Y los trabajadores y sus familias?
¿Y los dueños originales de las tierras concesionadas?
Para ellos, lo único que ha crecido, ha sido el grado de pobreza y la conflictividad en las zonas indígenas y campesinas.
Las propuestas atendidas y las que no se escucharon
Ninguna sociedad es monolítica, únicamente las dictaduras. En la democracia se escuchan las voces de los diferentes grupos políticos y poderes fácticos organizados.
¿Cuáles eran las propuestas que se enarbolaban hace veinte años en el debate sobre nuestra economía, y sexenio tras sexenio?
¿Qué distinciones se pueden identificar en el manejo de los instrumentos de política económica?
Todos los grupos políticos enarbolan medidas para alcanzar el bienestar social, ahí no hay diferencias; el problema es el cómo, las prioridades y los énfasis que se aplican en cada medida para modificar el rumbo de la economía y hacia qué sectores van dirigidos los beneficios.
Las propuestas de los grandes empresarios tenían que ver con la confianza en el libre mercado: mientras menos participara el Estado en la economía, más competencia de los agentes económicos, nacionales y extranjeros y por lo tanto, mayores niveles de empleo y bienestar.
El debate entre los académicos y sectores más críticos al libre mercado, pugnaban por establecer mecanismos estatales para impedir la formación de monopolios y no confiaban que la libre empresa fuera la panacea para los grandes problemas del país.
Las crisis, se argumentaba, eran producto de la rapiña, y sin la conducción estatal, la distribución de los frutos del progreso sería inequitativa y se profundizaría la brecha entre ricos y pobres.
En medio de este debate, surgieron voces y propuestas más aterrizadas en la problemática nacional e hicieron énfasis en las economías regionales.
La más trascendente fue la respuesta del EZLN. Desde el mes de enero de 1994 pusieron el dedo en la llaga y exigieron al gobierno federal atender los reclamos y demandas históricas.
En términos económicos fueron ideas muy simples.Más que propuestas de tipo económico, eran reclamos en donde subyacía el señalamiento para saber por dónde no transitar, porque los resultados estaban a la vista, y las medidas adoptadas en las últimas décadas no habían arrojado resultados alentadores.
Para los grupos que enarbolaban estos reclamos estaba claro que la medicina inyectada al país no era la adecuada.
¿Existen alternativas a la grave situación que viven los pueblos indígenas?
A raíz del levantamiento Zapatista, en el año de 1994 se inició el proceso de los diálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y el gobierno federal construyeron los Acuerdos para el reconocimiento de sus derechos. El próximo 16 de Febrero del 2016, se cumplirán 20 años de haberse firmado.
Es el proceso de construcción de acuerdos, más amplio y horizontal que se ha producido en México en las últimas décadas. Ahí están expresados los pensamientos no sólo del EZLN, sino de la mayoría de los pueblos indígenas del país.
Sin embargo, la reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001, excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, que habían sido acordados en San Andrés.
El no cumplimiento de estos acuerdos, ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos.
La apuesta de las cúpulas políticas y económicas de reducir la compleja problemática indígena a un asunto solo de programas sociales, ha fracasado. Los datos del CONEVAL no mienten.
Durante los últimos años, los movimientos indígenas nacionales han planteado de manera recurrente el reconocimiento de sus derechos colectivos; estas exigencias buscan que los derechos sean parte del orden normativo del país en atención a la diversidad y particularidad de los pueblos, y representan su plataforma étnico-nacional, sustentada en los avances internacionales en la materia.
El reconocimiento y protección de los derechos indígenas se configuran a partir de los siguientes elementos:
a) Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos;
b) Establecimiento de los derechos de los pueblos a disponer de los medios para su reproducción y sobrevivencia;
c) Derecho de los pueblos al desarrollo;
d) Derecho al ejercicio de su cultura y su conservación;
e) Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que aseguren el ejercicio de estos derechos.
A través del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y de la armonización del marco legislativo y constitucional nacional con el internacional, comprometida por el Presidente de la República en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU celebrada en Septiembre de 2014, junto a las luchas, iniciativas, esfuerzos y empuje de los pueblos, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo que permita a las comunidades indígenas, salir de atraso, la pobreza y conflictividad en que subsisten.
Estos cambios permitirán resolver las tensiones históricas, que de no ser atendidas por la vía institucional generarán más conflictos y un posible choque cultural, que puede generar violencia y vulnerar la gobernabilidad del Estado Nacional.
No hay lugar para regateos; las instituciones del Estado estamos obligadas a construir soluciones que reviertan esta situación injusta y desigual.
Las salidas deben ser estructurales, sólo de ese modo se logrará que los cambios sean endógenos y permanezcan en las comunidades; se trata de generar una dinámica indígena de prosperidad que contribuya a la construcción de un país moderno y pluricultural.
En esta tarea, que requiere la participación más amplia posible de todos los poderes, órganos de gobiernos y sectores económicos, políticos y sociales, nos corresponderá a cada quien decidir el carácter de nuestra participación, como compañero de viaje o como escollo avasallado.
México D.F. 1 de Agosto del 2015
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