TIJUANA BC.-Los ex alcaldes del municipio de Rosarito, Enrique Diaz y Antonio Macías, señalados directamente por haber recibido financiamiento del crimen organizado para sus campañas políticas como candidatos del Partido Acción Nacional, deberían ser sometidos al arraigo que marca la ley, tal y como sucede con cualquier otra persona señalada por el mismo supuesto.
¿Acaso hay sospechosos de primera y de segunda?
Asi como se trata a la gente del pueblo por un simple señalamiento de parte de algún detenido, asi mismo se debe tratar a los políticos, sean del PRI, del PAN, PRD o de cualquier otro partido.
De otra manera la ley y las instituciones pirden credibilidad.
En el caso de los panistas señalados en las declaraciones de presuntos miembros del cimen organizado, llama la atención que el Ministerio Público Federal no haya solicitado el arraigo de hasta 40 días que marca el artículo 12 de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada. A fin de cuentas si no se prueba nada, simplemente se les libera como sucede actualmente con cientos de ciudadanos que no tienen influencias ni miltancia política.
En las investigaciones sobre el crímen organizado, ¿Por que en Michoacan, un estado gobernado por el PRD, se arresta de inmediato a funcionarios y políticos de aquel partido, al mismo tiempo que en Baja California, se actúa de otra manera con los funcionarios y políticos panistas?
De donde proviene la protección hacia estos políticos señalados. ¿Del gobierno, del PAN, de la PGR? Como quiera que sea, este asunto huele mal.
En el caso de quienes llegan a ocupar un cargo público y se haya demostrado que pagaron su campaña con dineros del crimen organizado, además de la sentencia de cárcel, deberían ser condenados a reintegrar al erario público el sueldo que devengaron durante el tiempo que duró su encargo. Y en el caso de los partidos políticos se les debería suspender el derecho a participar en la elección siguiente en el distrito o municipio correspondiente. De lo contrario los políticos y los partidos seguiran burlandose de los ciudadanos electores.
Son muchas las preguntas que se quedan sin respuesta. Parece que la crisis que vivimos no sólo es de violencia criminal, también es una crisis de valores y de honestidad de la actual generación de políticos y gobernantes.
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