JOSE NARRO CESPEDES ACUSA A EX GOBERNADOR POR EL PAN EUGENIO ELORDUY Y A EX PRESIDENTE DE MEXICO VICENTE FOX DE BENEFICIAR A ÉRIKA ELORDUY BLACKHALLER HIJA DEL EX GOBERNADOR Y A SEMPRA ENERGY DE HACER NEGOCIOS DESDE EL GOBIERNO.
SEGUNDA PARTE DE PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTO EL DIPUTADO FEDERAL JOSE NARRO
QUE SE PRESENTA PARA DENUNCIAR FLAGRANTES VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPUBLICA E ILEGALIDADES PERPETRADAS A DIVERSAS LEYES, DERIVADAS DE LOS ABUSOS DEL CONSORCIO EXTRANJERO SEMPRA ENERGY, BAJO EL AMPARO DE UNA EMPRESA NACIONAL DIRIGIDA, POR LA LICENCIADA ÉRIKA ELORDUY BLACKHALLER, HIJA DEL EXGOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EUGENIO ELORDUY WALTHER, QUE AL MISMO TIEMPO SE HA CONSTITUIDO EN UN MONOPOLIO.
MEXICO D.F.-¿Por qué estos negocios tan rentables, con ganancias de 580 millones de dólares al año, se transfieren a los inversionistas extranjeros, sin ningún beneficio para los mexicanos?
En estos días en que se discute la necesidad de mayores recursos para el Estado Mexicano, habría que preguntarle al Gobierno Federal ¿Por qué renunció a este negocio altamente rentable?
Por una simple y sencilla razón, uno de los principales beneficiarios de este negocio es el ex Gobernador Eugenio Elorduy, quien sin recato moral alguno utiliza el nombre de su hija Érika Elorduy Blackhaller -quien funge como la única Apoderada legal de la empresa ‘Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R. L. de C. V., capacitada para otorgar y revocar los poderes legales a los diversos operadores mercantiles- para tener el control absoluto de la empresa en comento.
Así, el 7 de Agosto del 2003 le entregaron el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural a la empresa Energía Costa Azul S de R. L. de C.V., propiedad de Sempra Energy.
A inicios del mismo año, el 30 de enero para ser precisos, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la concentración entre Sempra Energy México, S. A. de C. V., y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R. L. de C. V., en la cual la principal socia es la hija del ex Gobernador de Baja California Eugenio Elorduy, Erika Elorduy Blackaller, según consta en la Partida 5152907 inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mexicali, B. C.
¿Cómo se llama esto?: ¿tráfico de influencias, prevaricación o bienestar familiar?
Una vez consolidada la fusión entre la empresa Sempra Energy y la empresa de la hija del ex Gobernador, El gobierno de Baja California no escatimó acción alguna para consolidar la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy, sin importar atropellar a quien fuere con tal de afianzar el proyecto familiar y trasnacional.
De esta manera, respaldados en una supuesta operación de compra-venta realizada entre una señora de nombre Elodia Gómez Castañón y Sempra Energy, los cuerpos policiacos de Baja California desalojaron del terreno a su legítimo propietario, el ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien fue acusado de despojo de su propio terreno.
Dicha operación de compra-venta se realizó el 31 de enero del 2006, supuestamente por la señora Elodia Gómez Castañón, quien había fallecido el 10 de octubre del 2004. Es decir, la supuesta vendedora del terreno que se requiere como zona de amortiguamiento para la planta en cuestión, había fallecido un año y medio antes de que se realizara dicha operación.
En este mazacote de enjuagues y chapucerías ‘oficiales’, el economista Francisco Javier Molina Robles, ex-compañero de Elorduy en el Tec de Monterrey, fungiendo como apoderado de la empresa propiedad de la hija de Elorduy, en obvio papel de ‘prestanombres’ y siendo además, asesor con sueldo del propio Gobierno del Estado, y haciéndose pasar como agente de Bienes Raíces, fue quien operó la compra-venta en el 2006, entre Energía Costa Azul y la señora Elodia Gómez Castañón, quien como ya mencionamos, había fallecido en el 2004, hecho no desconocido por Francisco Javier Molina Robles que había mantenido contacto con la difunta y con el Lic. Armando Navarro Peña.
¿Cómo le llamamos a esto?: ¿fraude o crimen organizado?; o tal vez ¿poderes sobrenaturales de una aviesa difunta?
Semejante atrocidad no puede llevarla a cabo una persona, y ser apoyada por las instituciones mexicanas, si no es a condición de ser o de servir a una persona con muchísima avaricia y sin el más mínimo escrúpulo, con poder político y económico suficiente para corromper o abusar de su cargo público.
¿Cómo es posible que la ambición de un gobernante trastoque la institucionalidad de un Estado y mediante influencias o presión política, doble voluntades de Jueces, Notarios, Ministerios Públicos y de todo aquello que se requiera, para consumar una tropelía de esta naturaleza? Acciones de este tipo generan el descrédito de las instituciones, que en suma obligarían a darle la razón al señor Donald E. Felsinger cuando nos tacha de ‘república bananera’.
Bajo esa caracterización y con una conducta ausente de ética y probidad, sin recato alguno, mediante acciones fraudulentas, maquinaciones, ocultamiento de información y reparto de dinero y espejitos a autoridades mexicanas para que se hicieran de la vista gorda ante el cúmulo de ilegalidades, fue como se pudo momentáneamente consolidar el fraude.
Con esta operación de compra-venta fraudulenta, el Secretario General del Gobierno Elorduy Walter y curiosamente actual empleado de Sempra Energy, el Señor Bernardo Martínez, en un tiempo record de mes y medio, ordenó el operativo para desalojar a su legítimo dueño y entregarlo ilegalmente a la empresa mencionada. ¿Se podría reintegrar el predio a quien pertenece en ese mismo tiempo?
¿Cómo se puede llamar al hecho de que un funcionario utiliza los recursos del Estado para apoyar ilegalmente a una empresa trasnacional, y al término de su responsabilidad se convierte en un empleado de ella? En este momento, una de las personas más preocupadas en los juzgados de Baja California, es precisamente Bernardo Martínez Aguirre, quien se la pasa gritando y mentado madres a diestra y siniestra, pues no haya la forma de cuadrar los enjuagues e ilegalidades que cometió durante y después de su paso como Secretario de Gobierno en el sexenio anterior.
Expertos juristas han coincidido en que de haberse contado con todas y cada una de las pruebas que en este momento están siendo conocidas, el Ministerio Público no hubiese podido entregar la propiedad del terreno a Sempra Energy.
Dicha urgencia por la adjudicación de la zona en disputa obedece a la necesidad pasada y presente de Sempra Energy, para cumplir con los requerimientos normativos en materia de medio ambiente que las leyes mexicanas exigen en una obra de esta naturaleza, como zona de amortiguamiento para evitar posibles desgracias humanas en caso de desastres, posibles explosiones y otros riesgos y peligros latentes en este tipo de instalaciones.
Es de suma importancia resaltar que el mejor derecho para poseer el inmueble en conflicto, a favor de Ramón Sánchez Ritchie, es anterior a la fecha en que Energía Costa Azul compra el predio en cuestión; prueba de ello es el desvanecimiento del cuerpo del delito de despojo, motivo por el cual Ramón Sánchez Ritchie obtuvo su libertad gracias al amparo en revisión concedido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Ello se deriva del análisis del contenido de las pruebas aportadas por Sánchez Ritchie, llevado a cabo al cumplimentarse la ejecutoria de amparo.
De lo anterior podemos inferir que por sus acciones, el actual Procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreño Manjarrez, actúa bajo la misma lógica del anterior Gobierno del Estado, protegiendo una acción infame y fraudulenta. Las preguntas -sin ánimo de ofender- son ¿Desconoce el fondo del asunto o ya le untaron la mano los personeros de Sempra? ¿Por qué no ejecuta la disposición que le obliga a restituir el terreno al legítimo propietario?
Esta acción no sería rara dados los antecedentes de que funcionarios, abogados y testigos de Sempra Energy, desde los Estados Unidos, diseñaron estrategias para mentir, manipular y ocultar información; y utilizar -incluso actualmente- el tráfico de influencias para presionar, con pleno conocimiento de causa, instancias del gobierno mexicano a nivel federal, estatal y municipal, en favor de Sempra Energy y en perjuicio del Estado de Baja California y de familias mexicanas.
Por si esto fuera poco, Sempra Energy contrata desde Estados Unidos servicios policiacos para espiar e investigar tanto a ciudadanos como a instituciones mexicanas, particularmente al dueño del terreno al que pretendieron despojar mediante una escritura ‘patito’, en clara violación al inciso dos romano, del Artículo 5 de la ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice “…que los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano constituyen una amenaza para la seguridad nacional”.
Compañeras y compañeros Diputados: conociendo el problema, como representantes populares no podemos, ni siquiera por omisión, contribuir a que siga esta situación abiertamente injerencista.
Un hecho grave e indignante que forma parte del expediente, es la ‘congelada’ investigación que esa empresa dispuso se hiciera de la Lic. Norma Sánchez Zavala, hija del dueño del predio, a sabiendas de que era Secretaria Actuaria en el Juzgado Tercero Penal en Ensenada, Baja California, es decir, una funcionaria del Poder Judicial de Baja California, y de quien -aun así- se obtuvieron datos personales, fotografías de su domicilio, trabajo, vehículo, placas, etc.
¿Qué piensan de esto magistrados, jueces y actuarios? ¿Cualquiera, incluso un investigador extranjero, puede impunemente, por que sí, investigar a integrantes del Poder Judicial, violando la ley?
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