Quintana Roo: el gobierno no resuelve y prefiere atacar

Por Aquiles Córdova Morán
Quintana Roo.-Más de dos meses llevan ya estacionados frente a las oficinas del gobernador de Quintana Roo, varias decenas de campesinos que representan a más de 5 mil de sus compañeros que, al igual que ellos, perdieron toda su cosecha, debido a la intensa sequía, en la pasada temporada de lluvias y que, hoy, se encuentran al borde de la hambruna y en el desamparo total. Lo que reclaman no es inobjetable sólo desde el punto de vista de la más elemental justicia social, sino también desde el punto de vista de la ley. En efecto, resulta que, al comienzo de la época de siembras, el gobierno del estado anunció, con bombo y platillos, que, a través de la aseguradora oficial, conocida como Proagro, garantizaba el pago de un seguro de 900 pesos por hectárea a todo aquel sembrador que acreditara, estudio individual de por medio y con la participación del afectado, la pérdida total de su producción. Y hoy, simple y llanamente, se niega en redondo a cumplir su palabra.

Es verdad que, antes de que se iniciara la protesta, hubo algunas propuestas de solución. Una de ellas, hecha personalmente por el gobernador del estado, fue aceptada por los campesinos a pesar de no ajustarse plenamente a lo que legalmente les corresponde. La oferta consistió en que el gobierno cubriría directamente la mitad de la cuota por hectárea, es decir, 450 pesos, y entregaría a cada familia damnificada 200 kg. de maíz como ayuda para subsistir hasta la nueva cosecha. Incluía, además, la promesa de que intervendría ante Proagro para que cubriera la mitad faltante del seguro. Pero ocurrió que los funcionarios subalternos, sin duda por orden superior, desconocieron lo pactado y anunciaron a la gente, sin mayores explicaciones, que sólo entregarían una cosa u otra, es decir, o el dinero o los 200 kg. de maíz por familia, pero no ambas cosas. Como era de esperarse, ahí se rompieron las “negociaciones”.

Los campesinos no iniciaron de inmediato su protesta pública. Antes trataron, por todos los medios a su alcance, de volver a entrevistarse con el gobernador, pero éste se negó a dar la cara. Recurrieron entonces a los diputados, solicitando sus buenos oficios, o bien para conseguir la entrevista con el gobernador, o bien para que gestionaran, ellos directamente, una solución más justa. Y fue en este contexto que un solo diputado, de todos los que integran el H. Congreso local, tuvo la “generosidad” de ofrecer 50 toneladas de maíz para todos los afectados, lo que significa (y lo digo sólo para que los lectores se hagan una idea exacta del tamaño de la tal “generosidad”) 10 kg. de maíz por familia damnificada. Hasta donde estoy informado, ésta fue, y es, la única oferta de “solución” que se les ha hecho a partir de entonces a los inconformes.

Pero ahora me entero, por la prensa de Quintana Roo, que el secretario general de Gobierno del estado ha salido a declarar que la protesta de los campesinos es totalmente injustificada, ya que sólo persigue intereses políticos de sus líderes. Y la prueba que esgrime el señor secretario es que “se les han dado alternativas de solución” que, inexplicablemente, han rechazado, con lo cual, en la lógica del secretario, el gobierno que representa queda eximido de toda responsabilidad frente al conflicto. Es posible que para algún lector resulte difícil discernir cual de las dos versiones (la de los antorchistas o la del gobierno de Quintana Roo) es la correcta, saber quién miente y quién dice la verdad en el caso. Quien así piense tendrá toda la razón, puesto que nadie puede exigir, sólo por así convenir a los intereses que defiende, una profesión de fe ciega a la gente, sin darle suficientes elementos de juicio. Por eso, aclaro que yo no demando que se me crea a mí sin más; mi petición es más modesta y creo que más racional: solicito al secretario general de Gobierno que puntualice, ante la ciudadanía y los campesinos de su estado, las cuatro cosas siguientes:

1.- Si es verdad, o no, que el gobierno que representa se comprometió a indemnizar con 900 pesos por hectárea a todo campesino que probara, de modo fehaciente, haber sufrido pérdida total en sus cosechas.

2.- Si es cierto, o no, que el gobernador se había comprometido a entregar a cada campesino damnificado 450 pesos en efectivo y 200 kg. de maíz. Y sí es cierto, o no, que ese compromiso nunca se cumplió.

3.- Cuáles son, en concreto, las “ofertas de solución” que se han hecho a los plantonistas y que éstos han rechazado.

4.- Qué intereses políticos, también en concreto, persiguen o “pueden” perseguir los antorchistas de Quintana Roo. Para quién, a favor de quién, en contubernio con quién se buscan estos intereses turbios.

De no haber una respuesta precisa a estas cuestiones, quedará claro, me parece a mí, que las afirmaciones del alto funcionario no son más que las calumnias y las injurias típicas, sobadas, gastadas, de toda campaña mediática en contra de la gente y de las organizaciones insumisas, que se han vuelto cosa de todos los días en nuestro país para desprestigiar, deslegitimar y desanimar a los “rebeldes”, cuando no se quiere atender sus demandas. Los antorchistas conocemos bien la mecánica y los propósitos de estas guerras mediáticas, y estamos moral y políticamente preparados para resistirlas y derrotarlas. Desde aquí, y por este medio, llamo a la Coordinadora Regional de nuestro Movimiento (que comprende los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, además de Quintana Roo) para que respalde con todo a nuestros compañeros quintanarroenses en lucha. Juntos derrotaremos la calumnia y lograremos justicia social mínima para los campesinos pobres, abandonados por quien debería ser el más interesado en apoyarlos y ganarse su simpatía.