Necesaria la modificación de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

Soldados con enfermedades crónicas son dados de baja del ejército sin derecho a pensión ni atención médica.
Tiromet celebra las decisiones recientes de la SCJN respecto a estos temas

TIJUANA B.C.-La reciente decisión del pasado 12 de mayo de 2010, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a soldados que padezcan enfermedades crónicas, en este caso una cardiopatía congénita, y así evitar que fuese dado de baja del ejército y perdiese su derecho a la atención médica.
La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM), que regula los derechos y prestaciones sociales de los militares mexicanos, y aprobada por legisladores federales desde 1976 y modificada en 2003 y 2007, deja desprotegidos a aquellos soldados que, por motivos de salud, se vean imposibilitados para llevar a cabo su trabajo y no tengan al menos 20 años de servicio.
Existe en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM), reformada el 20 de noviembre de 2008, en su artículo 226, un enorme listado de enfermedades y accidentes que dan origen a retiro por incapacidad. Entre ellas se encuentra la insuficiencia renal crónica en distintos grados.
Este artículo se combina con el artículo 24, en su fracción IV, establece como causal de retiro: “Quedar incapacitado en actos fuera del servicio”; Y, finalmente, con el artículo 35 de la propia ley, que establece un mínimo de 20 años de servicio para tener derecho a cualquier tipo de prestación y atención médica para el paciente o sus familiares.
Esta ley fue motivo de controversia desde el 2003, pues soldados mexicanos han interpuesto amparos al ser dados de baja del ejército al ser diagnosticados como seropositivos. En ese momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino. Además, los juicios de amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde dividió a los ministros mexicanos. Finalmente, la Corte falló a favor de cuatro de los diez militares, y uno más en el 2008.
En el 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que sólo los militares en activo o quienes sean dados de baja y tengan más de 20 años de servicio tendrán derecho a recibir, tanto ellos como sus familiares, atención médica y medicamentos de parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM). De hecho, la sentencia de la Suprema Corte no avala que sean protegidos los derechos médicos de los militares portadores de VIH sino que fueran reinstalados en sus puestos.
En marzo de 2007, ante la evidencia del error cometido por los legisladores en el 2003, al permitir la violación del artículo primero constitucional que reza: “Queda prohibida toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”; y del artículo cuarto, que señala el derecho a la salud: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” ; el diputado por el partido Convergencia, José Manuel del Río Virgen, presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados en el 2007, presentó una propuesta de derogación del artículo 226, en los numerales que hacen referencia a los síntomas y diagnósticos relacionados con el VIH. Sin embargo, el listado de causales de baja por incapacidad por “actos fuera del servicio” señala más de cien padecimientos igual de graves que el VIH.
Así, queda abierta la pregunta, ante la problemática social imperante en nuestro país, que ha requerido un esfuerzo extraordinario de las fuerzas armadas, queda cuestionarse si, ante la indefensión en que quedan los soldados por su propia ley, sean estas mismas injusticias las que abren la puerta a las deserciones y traiciones, al ser vulnerados los derechos de los soldados por el propio ejército y, aunado a esto, abandonados por la federación a su propia suerte con la renuncia explícita del Ejecutivo a interferir en la justicia militar.
El ejército mexicano es la institución mexicana que más denuncias tiene acumulada ante la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ante esta situación, cabe preguntarse si las propias violaciones a los derechos de los soldados es causal de esta situación.
En la Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales TIROMET AC hemos recibido casos de soldados mexicanos que padecen insuficiencia renal crónica y están en peligro de ser dados de baja por incapacidad sin el acceso a los servicios médicos. A pesar de contar con el testimonio de estas personas, ellas se han negado a que su identidad se haga pública por miedo a sufrir represalias.
Tiromet ha planteado esta situación ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quienes han llevado la situación ante las autoridades correspondientes con el fin de dar solución a casos específicos. Tiromet también se han llevado a cabo reuniones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diputados Federales y Senadores a fin de realizar estudios conducentes a la modificación de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, de manera que estas garanticen la seguridad laboral y de salud de los pacientes de IRCT que sean miembros del ejército.
Nos parece claro que en este caso, como seguramente sucede con otros padecimientos, la seguridad y el futuro de los militares que no acumulan 20 años de servicio corren el riesgo quedarse sin ningún tipo de pensión, atención médica y medicamentos. Si bien las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las acciones de legisladores se han encaminado a proteger los derechos de sujetos específicos, es de vital importancia que el artículo referente a los años de servicios necesarios para recibir pensión, atención médica y medicamentos sean revisados y modificados de raíz.

Alejandro Vizcarra Estrada
Presidente