¿QUIEN MANDA EN MÉXICO?José Luis Pérez Canchola

Por José Luis Pérez Canchola

 TIJUANA B.C.-La violencia, la inseguridad y la guerra contra el crimen son los temas del día. Millones de mexicanos nos preguntamos: ¿Cómo es que llegamos a más de 30 mil muertos en solo cuatro años?  ¿Cómo es posible que el gobierno   con su ejército, policías y modernos sistemas de vigilancia, no consigue  someter a las organizaciones criminales? ¿Cómo explicarle a la sociedad que en estos cuatro años las dependencias de seguridad y procuración de justicia se han gastado más de 381 mil 834 millones de pesos con resultados tan desastrosos? Y sobre todo, ¿Cómo justificar el nuevo presupuesto de 132 mil 212 millones de pesos autorizados con el mismo fin, por los diputados del PAN y del PRI, para el año 2011?

Peor aún y a consecuencia de lo anterior, ahora debemos preguntarnos ¿Acaso el Estado mexicano ha perdido la capacidad de asegurar el orden público? ¿Quién tiene el verdadero control sobre la vida y los bienes de los ciudadanos? ¿Quién tiene el control sobre el territorio nacional? ¿Quién impone la agenda de seguridad?

Por todo lo anterior, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, reconoció recientemente que la violencia en México no tiene par en el mundo. Se trata “de un país extraordinariamente violento” según el texto difundido con motivo del Reporte Mundial sobre las Drogas.

Todo indica que durante el resto del sexenio, la violencia criminal será igual o peor que en los primeros cuatro años. Entiéndase bien. En el tema de la seguridad pública, antes de cualquier mejoría, la situación podría empeorar más todavía. Esta hipótesis tiene fundamento ante la falta de estrategias integrales del actual gobierno del Partido Acción Nacional y de Felipe Calderón.

Los niveles de violencia registrados en 2010 indican lo equivocado de la actual política anticrimen. El  vocero de la presidencia en temas de seguridad pública, Alejandro Poiré, reconoció que durante el año pasado se registraron 15 mil 273 homicidios presuntamente vinculados con el crimen organizado. Se trata del mayor número de ejecuciones en todo el sexenio. Es decir más de 40 ejecuciones al día. Estamos ante un verdadero caos.

Y que decir de los primeros 15 días del presente año. La estadística oficial acumulada registra un total de 507 ejecuciones a lo largo y ancho del país, lo que representa un aumento del 18 por ciento con relación a la primera mitad de enero de 2010, cuando se registraron 428 ejecuciones.

Durante el año anterior las ejecuciones masivas fueron una constante. Uno de los casos más difundidos sucedió en un auto lavado de Tepic cuando un grupo armado sin causa aparente, acribilló a 15 personas. Las autoridades informaron que seguramente este crimen sucedió por la negativa de los propietarios del negocio a pagar protección. En Acapulco, el pasado 8 de enero, un comando arrojó en la vía pública un total de 25 cadáveres, incluyendo 15 decapitados, todos ellos entre los 25 y los 30 años de edad. Sobre este caso no se dio ninguna versión oficial.

Igual se puede mencionar el caso de los asesinatos en diversos centros de rehabilitación de adictos a las drogas. En Ciudad Juárez el 22 de octubre del 2010 se registraron 14 muertos en uno de estos centros, otros 13 fueron ejecutados en Tijuana el 25 del mismo mes. En estos casos las autoridades siempre declaran que se trata de ajustes de cuentas entre grupos rivales, pero igualmente podría tratarse de comandos paramilitares haciendo tareas de “limpieza social”. En septiembre de 2010, investigadores de la UNAM señalaron la posible existencia de este tipo de grupos, pero no se hace ninguna investigación al respecto. 

Este asunto no debería de ignorarse. Estos comandos criminales existen en toda Latinoamérica. En países como Guatemala, El Salvador y Brasil estas organizaciones clandestinas son reconocidas como “escuadrones de limpieza social”. En Honduras se hacen llamar “justicieros sociales” y su misión es eliminar  a jóvenes pandilleros y drogadictos a los que califican de ser una plaga. 

En diversas entidades de nuestro país se han registrado casos de grupos de migrantes indocumentados ejecutados y secuestrados con la mayor impunidad. No hay ley ni autoridad que los proteja. En agosto, en el estado de Tamaulipas se registró la ejecución de 72 migrantes. Se supone que la causa fue el rechazo de los traficantes de indocumentados a pagar derecho de paso a los cárteles de la droga que controlan aquella entidad.

En Chiapas en un solo día, el 30 de mayo, se registró el caso de 60 migrantes indocumentados secuestrados y transportados en vehículos del IMSS. Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró el 6 de enero que en la última mitad de 2010, se documentaron 10 mil casos de migrantes víctimas de secuestro en diversas entidades del país.

Otro aspecto de la guerra contra el narcotráfico investigado por la Cámara de Diputados, es el relacionado con los 40 mil huérfanos hijos de militares y policías, así como hijos de los delincuentes muertos y de otras víctimas inocentes. Adicionalmente la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la propia Cámara, ha documentado un total de 1,600 menores de edad muertos en enfrentamientos entre pandillas, en tiroteos con soldados y policías, o en situación de fuego cruzado.  

Llama la atención la gran cantidad de militares y policías muertos durante la presente administración. La mayoría perdió la vida en enfrentamientos con la delincuencia pero otros fueron secuestrados, torturados, decapitados, degollados y con tiro de gracia. En Monterrey se registró el caso de 10 militares ejecutados en una semana del mes de octubre de 2008, todos ellos con el cuello rebanado. Durante los cuatro años de la presente administración, se han registrado militares secuestrados y ejecutados en Coahuila, Guerrero, Quintana Roo, Durango, Sinaloa, Nuevo León y en otros Estados. De acuerdo a los informes de la SEDENA, en el periodo de diciembre de 2006 a la fecha han muerto más de 190 militares.  

Tratándose de policías, los muertos en estos cuatro años y según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, suman 2,076. Se trata de 915 municipales, 698 estatales y 463 federales. Muchas viudas y huérfanos de estos servidores públicos deben pasar por un verdadero vía crucis para lograr los beneficios que la ley les otorga.

Todo esto ha sucedido y seguirá sucediendo en todas las entidades de la República. No hay manera de detener este baño de sangre. Las instituciones de seguridad y justicia no logran coordinarse. El ejército parece actuar más con ánimo de vengar a sus propios muertos. Entre los policías federales, estatales y municipales hay más desconfianza que interés en una verdadera colaboración.

Todo el sistema está lleno de contradicciones y por lo mismo se está desfondando. El propio Diego Fernández de Cevallos declaró recientemente en FOROTV que en México “por todos lados hay asesinatos y por todos lados hay secuestros”. Por su parte a Felipe Calderón, cada día se le ve más confundido, al grado que en los foros sobre seguridad, organizados por la presidencia, ha llegado a decir “ustedes díganme que hacer”.

Lo cierto es que durante décadas las organizaciones criminales fueron toleradas y encubiertas por políticos y gobernantes. Ahora las  consecuencias saltan a la vista. El crimen organizado se ha consolidado como un poder paralelo al poder del Estado, se ha infiltrado en las instituciones públicas de seguridad y procuración de justicia, se ha beneficiado ampliamente del sistema financiero, se sigue aprovechando de la corrupción oficial para realizar sus operaciones, incluso todo indica que cuenta con cómplices en el sistema penitenciario y en otras áreas de interés para ellos. A cambio, el narcotráfico ha contribuido generosamente con los políticos corruptos y sin escrúpulos pagándoles campañas electorales.

Ante esta realidad, todo indica que así como ha sucedido en otros países, pronto tendremos en México capos compitiendo en puestos de elección popular y porqué no, financiando partidos políticos. ¿O acaso usted considera que esto resulta imposible en México?

Ante el poder acumulado por las mafias del narcotráfico y la debilidad creciente del gobierno, es necesario preguntarnos sobre quien tiene el verdadero control de lo que sucede en México. Muchos mexicanos seguramente nos preguntamos ¿Cómo es posible que no se logre un nivel efectivo de coordinación entre militares y policías? Bien se sabe que Felipe Calderón siempre está girando órdenes para que el ejército y las policías federales y locales se coordinen y dar un mejor combate al crimen organizado. Pero todo indica que nadie le hace caso.

La mejor explicación apareció en el periódico The New York Times, en diciembre pasado, al publicar un texto del director de inteligencia nacional de los Estados Unidos, informando que el Secretario de la Defensa le manifestó su desconfianza sobre “las entidades policiales del país” y que en México las fuerzas armadas “prefieren trabajar por separado”.

Por todo lo anterior, es necesario y oportuno insistir en la pregunta ¿quién manda en México? ¿Será el gobierno, será el ejército o será el crimen organizado?