DICTAMINAN INICIATIVA DE REFORMA A LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Buscan diputados estatales fortalecer el ejercicio democrático en la entidad a través de una mayor participación política de los bajacalifornianos

Mexicali B.C.- Las comisiones unidas de Reforma del Estado y Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales dictaminaron una reforma a la Ley de Participación Ciudadana con la cual se fomentará la incursión de los bajacalifornianos en temas públicos, a través del referéndum y el plebiscito.

El Legislador, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, explicó que las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Estatal de Baja California (PEBC) se pretende impulsar la participación en la vida democrática de la entidad, reduciendo los criterios mínimos de población que se requieren para llevar a cabo las consultas públicas.

Detalló que la Ley de Participación Ciudadana exige que al menos un 25 por ciento de la ciudadanía para la realización de un plebiscito o un referéndum; las reformas planteadas buscan que el mínimo sea de diez por ciento, lo cual potenciará el involucramiento de la población en el ejercicio democrático.

“Con reglas más eficientes y más claras también se faculta al Instituto Estatal Electoral para que su desempeño sea más dinámico y ello redunde en una vida democrática más activa en la entidad” subrayó Navarro Gutiérrez.

Por su parte, la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, señaló que, a través de este dictamen inicia con éxito el primer paquete de reforma política y Baja California se sitúa en la vanguardia, a nivel nacional, en mecanismos de participación ciudadana.

En la sesión participaron los diputados: Claudia Josefina Agatón Muñiz, Lizbeth Mata Lozano, David Jorge Lozano Pérez, Gregorio Carranza Hernández, Gustavo Magallanes Cortés, Juan Bautista Montejano de la Torre, Julio Felipe García Muñoz y Ricardo Magaña Mosqueda, así como representantes del Gobierno del Estado, los ayuntamientos y autoridades electorales.