CICUTA COLUMNA POLÍTICA JAIME FLORES

Por Jaime Flores Martínez
Socios
TIJUANA B.C.-Decepcionados porque la autoridad local hace todo por ganarse la desconfianza social, algunos empresarios de Tijuana decidieron tomar sus propias precauciones. La mayoría de ellos le perdió la confianza a la Policía Municipal de Tijuana. En los hechos, prefirieron contratar escoltas privados porque ya no confían en los policías comerciales.
A finales de junio Cicuta revelo que la Secretaria de la Defensa Nacional decidió que los gobiernos locales ya no podrían "rentar" policías para desempeñarse como escoltas o resguardar negocios particulares. El anuncio cayo a los empresarios como balde de agua fría, aunque el más afectado será el Ayuntamiento de Tijuana. El propio alcalde Carlos Bustamante reconoció que su gobierno obtiene unos 80 millones de pesos al mes por rentar policías.
En los días siguientes los empresarios y comerciantes acordaron con Bustamante que pedirían a la SEDENA una ampliación del término para buscar una solución adecuada. El plazo vencía el primero de agosto, pero por alguna razón se pospuso. Quizá fue porque se filtró un escándalo mayúsculo donde al menos tres militares de altísimo rango planearon la prohibición de rentar policías a los gobiernos estatales y locales.
Esos militares fundaron su propia empresa y se auto-concedieron una licencia colectiva de portación de armas de fuego. Así, las decenas de millones de pesos se irían directo a sus bolsillos. Seria pues, un negocio redondo. Esos militares no midieron que su ambición sería descubierta por el mismísimo general secretario Guillermo Galván Galván, quien ordeno una profunda investigación y -por lo pronto- separo de su cargo al cerebro del negocio.
Aparentemente, el negocio "se les cayó" pero no contaban que algunos empresarios ya le habían perdido la confianza a los policías que les rentaba el gobierno de Tijuana. Para entenderlo, basta observar la podredumbre que invade la Secretaria de Seguridad Publica de Tijuana. Hasta la semana pasada, la Sindicatura Municipal tenía 468 quejas contra igual número de policías municipales. Algunos burgueses saben que prácticamente todos los policías mantienen vínculos con la delincuencia. Saben que los malhechores dedicados a la industria del secuestro sobornan a los policías que cumplen labores de escolta.
Por eso muchos de esos empresarios y comerciantes contrataron los servicios de empresas privadas que tiene la licencia colectiva para la portación de armas de fuego. Uno de ellos escogió a un elemento que se desempeñaba como responsable de la seguridad en una dependencia del gobierno federal en Tijuana. Este oficial de seguridad privada se llevo a otros cinco guardias para el resguardo de este empresario quien -por cierto- debe saber que esta media docena de guardias son ex-militares que fueron precisamente reclutados por socios de las empresas recientemente creadas.
Cicuta investigo el origen de la empresa Sistema Integral de Protección y Defensa SA de CV, en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (folio 28875-2, fecha de inscripción 21/11/2008). El administrador de esta empresa es Karlomar Sanay Burrola, quien presume su amistad con Jorge Hank. Los accionistas son Anabel Roldan Valencia y Germán Morales Martínez, quien por cierto se excluyo de la sociedad apenas el mes pasado. ¿Tendría que ver con el escándalo de los militares ambiciosos?. Como apoderado legal esta el abogado Raúl Infante Velasco, quien curiosamente comparte el apellido con el director general de Armas de Fuego y Explosivos de la SEDENA, general José Luis Ramón Velasco Guillen.
La empresa Sistema Integral de Protección y Defensa (SIPD) se integra por ex militares que decidieron abandonar las filas de la milicia con la intención de ganar un salario decoroso y no la ingrata percepción que obtienen en el Ejercito.
Ah, un detalle adicional, Karlomar Sanay no esconde la estrecha relación amistosa que tiene con un alto mando de la milicia en Baja California, a quien incluso le llama "mi socio".
Distraído
Pareciera que la intervención del gobernador José Guadalupe Osuna Millán influyó para que el Ayuntamiento de Tijuana se decidiera a solucionar el conflicto que mantenía la tensión en el Sindicato 4 de junio. Joaquín Parada Ruiz, autodenominado dirigente de la Federación de Sindicatos de México (Fosim) intento tomar el control de unos 700 comerciantes de los mercados sobre ruedas que dirige José Jiménez.
Parada utilizó como su brazo armado a Eduardo León, el Tuerto, para amedrentar a los seguidores de Jiménez y obligarlos a cambiar de bando. Hubo amenazas, golpes y arrestos de ambos lados. Finalmente hace 3 semanas el director de Inspección y Verificación tomo una decisión adecuada al repartir los espacios de venta equitativamente: Compartirían el mercado sobre ruedas 50 y 50.
Hoy se sabe que el 27 de julio el gobernador Osuna mando una carta al alcalde Carlos Bustamante donde le pedía solucionar un conflicto gremial que pudiera desencadenar en un problema social. Cicuta tiene la carta enviada por Araceli Celedon Cobos, directora de Control y Seguimiento de la oficina del ejecutivo, a los preocupados comerciantes. Allí les informa que el gobernador envío una carta al alcalde para pedirle solucionar el conflicto. El director de Inspección y Verificación Daniel León Valdez lo resolvió y seguramente el alcalde, ni se entero.
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