CICUTA COLUMNA POLÍTICA JAIME FLORES

Por Jaime Flores Martínez
Denunciado
TIJUANA B.C.-Señalado por los delitos de despojo y daños en propiedad ajena por una señora de la tercera edad, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) Hernando Durán Cabrera fue denunciado el pasado lunes ante la Agencia del Ministerio Publico de Fuero Común de Rosarito (1879/11/207/AP).
Cicuta tiene una copia de la denuncia presentada por los abogados de la señora María Ovidia Pérez Llovet, propietaria de un predio de 32 mil 199 metros cuadrados que colinda con la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
Resulta que hace unos tres años, la Comisión Estatal de Servicios Públicos coloco sin previo aviso el segundo tramo de tubería para la conducción de agua potable, aunque nunca se tomo la molestia de poner al tanto a la propietaria del inmueble. Expertos en el tema aseguran que con la instalación de este tramo de acueducto quedó inutilizable al menos el 40 por ciento del polígono.
La justificada molestia de María Ovidia se acrecentó al saber que la CESPT simplemente se niega a pagar por los daños y perjuicios que genero la colocación de esta tubería. Los abogados de la señora Pérez Llovet, afirman que la paraestatal debió proceder a la expropiación de predio y no incurrir en la impune invasión que hoy resulta en una denuncia penal contra su director.
Y aunque Hernando Durán no se dedica a las cuestiones jurídicas, está claro que los responsables de este departamento se encargan de fomentar la impunidad. ¿Cómo es posible que la CESPT invada por sus pistolas un terreno que tiene un legitimo propietario? ¿Acaso el titular de la Unidad Jurídica de la CESPT Ignacio Acuña Loera permitiría que una dependencia se metiera a su propiedad para colocar tubería sin siquiera avisarle?
En la denuncia presentada el pasado lunes, el exhorto es que la Agencia del Ministerio Publico ordene una revisión física al inmueble en cuestión para que compruebe que la CESPT invadió ese terreno y con ello genero que casi la mitad del terreno no pueda ser utilizado. La colocación de la tubería redujo sustancialmente el valor del predio.
Horas antes de concluir esta columna, Cicuta contacto con el abogado Ignacio Acuna Loera, quien reconoce que la señora Pérez Llovet está en su derecho de presentar su denuncia, aunque aclara que la Cespt no tiene por qué pagar la indemnización de 30 millones de pesos que pretenden los abogados. Dice que fue la Junta Federal de Mejoras Materiales la que coloco esa tubería sin permiso. Lo que hizo la Cespt fue simplemente renovarla. El abogado Acuna reconoce que el proceso judicial apenas comienza pero asegura que la Cespt no tiene por que pagar.
Burgués
La familia de doña Guadalupe reconoce el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, pues debieron pasar 15 años para que el gobierno “conectara el drenaje” en la cuadra donde viven. El sistema de drenaje pasaba a unos metros de distancia, aunque esto fue minimizado por gobiernos anteriores. La petición era solamente enlazar el drenaje, pero no lo hicieron porque “la obra enterrada” no se ve.
Cicuta no acostumbra lanzar loas ni tampoco elogiar los gobernantes. Los funcionarios deben cumplir su labor, aunque –en la mayoría de los casos-- parecen más interesados en trascender políticamente que hacer su trabajo. Cicuta buscó al titular de Desarrollo Social Municipal David Saúl Guakil, para muchos un burgués comisionado para atender a los pobres. Algunas versiones señalan que este funcionario se dedica a dar banderazos de arranque y conclusiones de obra. Hubo quien estimo que “no daría el ancho”, aunque --por lo visto—es el único que en realidad trabaja.
David Saúl precisa que antes del próximo 20 de diciembre, la dependencia que encabeza concluirá 470 acciones que representan una inversión de 210 millones de pesos. Hasta el viernes, dijo, han concluido 180 acciones. ¿Por qué le llama acciones? Porque no todas son obras que requieren material de construcción. La obra social incluye trabajo de carácter social.
Fichita
Los reflectores apuntan hacia el juez tercero de lo penal Flavio Herrera Robles, en el caso del presunto delincuente José Antonio Méndez García.
Resulta que Méndez García, detenido el apenas el 12 de agosto, cacarea que saldrá libre en cualquier momento pues sus abogados “ya se arreglaron” con el juez Herrera. Méndez García tiene antecedentes penales desde el 2003, por delitos como fraude, extorsión y por violación de una menor de edad. Además esta en puerta otra denuncia por incumplimiento de la pensión alimenticia de su hija. Méndez García fue re-aprehendido por policías ministeriales poco antes de estampar su firma semanal por la libertad condicional de que gozaba. Si, efectivamente, este hombre se encontraba libre bajo fianza.
El asunto es que Méndez García recuerda que fue precisamente el juez Flavio Herrera, el responsable de liberar a Javier Piña, un joven que asesinó a uno de los delincuentes que atacaron a su padre. El juez Herrera concluyó que Pina actuó en defensa propia y por eso lo liberó. Sin embargo, Méndez García presume tener influencias con el juez Herrera. Dice que “ya le mando decir” que lo pondrá en libertad muy pronto. ¿Sera?
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