· Se incluye en el Código de Procedimientos Penales la restricción para que el agresor se acerque a la víctima
· “Ley Ana María” fue opinada favorablemente en el seno de la Comisión de Justicia
Mexicali, B.C.- Los integrantes de la Comisión de Justicia de la XX Legislatura aprobaron este día una reforma al Código Penal del Estado, cuyo objetivo es proteger a los miembros de la familia de toda clase de violencia, para lo cual se dota de mayores facultades jurídicas y operativas al Agente del Ministerio Público.
La reforma al artículo 242 bis fue aprobada durante la sesión ordinaria de la mencionada Comisión Legislativa que preside la Diputada Lizbeth Mata Lozano, bajo el dictamen número 9, el cual fue aprobado de manera unánime.
Esta enmienda surgió de una Iniciativa presentada por el Diputado Ricardo Magaña Mosqueda y se refiere a las medidas que deberá adoptar el Ministerio Público inmediatamente después de que tenga conocimiento de la probable existencia de un delito en el que se trate de la comisión de conductas típicas que se ejecuten a través de la violencia física o moral, o que pudieran poner en riesgo la integridad física y emocional de las víctimas, ofendidos o testigos.
En estos casos, el Representante de la Sociedad podrá imponer, bajo su estricta responsabilidad, las siguientes medidas: ordenar al agresor la separación inmediata del domicilio de la víctima, ofendido o testigo, así como la prohibición de reincorporarse al mismo e incluso prohibirles acercárseles.
Por su parte, el Agente del Ministerio Público al que le sea solicitadas estas medidas y no las dicte de manera inmediata, con el consecuente riesgo de la seguridad de la víctima u ofendido, será responsable por omisión y se hará acreedor a las sanciones previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Justicia vertieron una opinión favorable al Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal, del Código Civil y de la Ley de Salud, para evitar que en Baja California, los padres biológicos lleguen a cometer actos delictivos en contra de la vida de un infante o los dejen en sitios poco seguros que los pongan en riesgo, con tal de no ir a prisión o para no hacerse responsables de su cuidado.
La iniciativa fue presentada originalmente por el Diputado Elí Topete Robles, a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI, pero se enriqueció con aportaciones de los grupos parlamentarios del PAN, PVEM, PEBC y PT para dar pie al proyecto de Decreto que se encuentra en estudio.
En principio la Comisión de Justicia opinó que este proyecto logra dar cumplimiento al principio de “interés superior del niño”, que representa una nueva concepción respecto de la condición jurídica y material de la infancia, entendida como la premisa bajo la cual se debe interpretar, ingresar y aplicar la normativa respecto a la niñez que se ha reflejado tanto a nivel constitucional, como en los tratados internacionales y en las leyes federales, reafirmándose tal principio con la presente iniciativa.
En el artículo 158 del Código Penal se establece que no se impondrá pena alguna a la madreo padre que entregue a su hijo en las Instituciones Públicas de Salud del Estado, Albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y demás casas de asistencia social, ya sea por ignorancia, extrema pobreza o cuando sea producto de una violación debidamente denunciada o inseminación artificial, siempre y cuando el menor entregado no supere los seis meses de edad y además que no muestre signos de maltrato, violencia o estado de salud precario que pudiera representar la comisión de un delito en contra del menor.
Sin embargo, en este punto la Diputada Nancy Sánchez Arredondo señaló que el Congreso del Estado solicitó al DIF estatal un listado de casas albergue que funcionan en la Entidad para cumplir con el precepto anterior y, a seis meses de distancia, la institución no ha dado cumplimiento a la solicitud.
Con la opinión favorable de este órgano legislativo, el proyecto de dictamen continuará su camino ante las Comisiones de Salud y de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con la finalidad de que hagan su correspondiente análisis y en fecha próxima se reúna como Comisiones Unidas para aprobar, o rechazar en su caso, el dictamen que habrán de presentar a la consideración del Pleno de la Asamblea.
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