Mexicali, B.C.- Con el objetivo de castigar más severamente a los servidores públicos que detengan ilegalmente a ciudadanos y los mantengan incomunicados con el pretexto de un presunto delito, la Diputada Claudia Agatón Muñiz presentó este martes 15 de noviembre una iniciativa de adhesión al Artículo 323 del Código Penal del Estado.
"Ninguna persona, independientemente de las causas de su detención, puede ser privada de la comunicación, defensa y ejercicio de sus derechos. No podemos tampoco tolerar que principalmente las fuerzas policiales del estado y municipios, se sobrepasen en sus atribuciones y que con el pretexto de salvaguardar el orden y la tranquilidad, atropellen los derechos de los ciudadanos", mencionó la legisladora del Partido del Trabajo.
Agregó que tampoco se puede permitir que servidores públicos actúen con arbitrariedad ante las familias de personas detenidas que buscan ayudar a sus seres queridos. Dijo que se han registrado casos donde se les niega la defensa jurídica o se les oculta el paradero del detenido.
"Los hechos nos indican que en Baja California todavía se dan casos en donde la fuerza coercitiva del estado, la toman en mano propia algunos malos funcionarios y la utilizan en contra de los ciudadanos. Todos recordamos el dramático caso el pasado mes de agosto en el cual un residente de la Colonia Magisterial Independencia de esta ciudad de Mexicali, fue sustraído de su domicilio, golpeado y muerto por agentes de la Policía Estatal Preventiva".
Es por ello, continuó Claudia Agatón, que aquí en Baja California se debe de mandar un mensaje claro a todos los servidores públicos, en el sentido de que no puede tolerarse el menoscabo de los derechos humanos y del debido proceso de cualquier detenido.
Con la adhesión propuesta por Agatón Muñiz, el Artículo 323 del Código Penal quedaría de la siguiente manera:
"Se aplicará de uno a seis años de prisión y hasta cien días multa, a cualquier servidor público que cometa alguno de los siguientes delitos en contra de la Administración de Justicia: Detener y mantener oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero o bien, impidan la comunicación de la o las personas detenidas con sus familiares, representantes o defensores, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales que correspondan.”
La iniciativa de Claudia Agatón fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior sometimiento a votación.
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