· La crisis económica que enfrentan los Ayuntamientos obedece a una mala administración
· Austeridad en el gasto en lugar de despidos, señala el Diputado del PRD
Mexicali,B.C.- En opinión del Diputado Francisco Sánchez Corona, la crisis que enfrentan las administraciones municipales del Estado se debe a una mala administración, y si no cuentan con dinero para cubrir los aguinaldos, es porque el recurso destinado a ese fin se desvió a otros rubros.
En estos términos se expresó el Legislador de extracción perredista al referirse a la Iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, la cual fue remitida por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado, con el aval de los cinco Presidentes Municipales de la Entidad.
Sánchez Corona externó que la falta de liquidez enfrentada por las administraciones municipales no tiene razón de existir porque los fondos para cubrir salarios y gratificación de fin de año del personal de base, ya se encuentra en el presupuesto aprobado desde el mes de diciembre anterior a cada ejercicio fiscal, y se etiqueta para ese fin, por lo que al Ayuntamiento le corresponde sólo administrarlo y entregarlo, pero si no lo tienen, es porque se desvió a otros fines.
Agregó que antes de recurrir a despidos de personal basificado, las instancias gubernamentales deben adelgazar su nómina de personal de confianza y elaborar una reestructuración del personal con que cuentan, a fin de evitar duplicidad de funciones y sobre todo, utilizar preferentemente a los trabajadores sindicalizados, porque estos ya tienen la experiencia en determinada tarea, mientras que los de reciente contratación llegan a aprender.
Respecto a la posibilidad de que la reforma propuesta por el Ejecutivo provoque despidos de empleados de base, el Diputado Sánchez Corona recordó que un principio legal es que ninguna ley puede aplicarse en forma retroactiva en perjuicio de aquellos a quienes va dirigida, y subrayó que menos aún, cuando se trata de desconocer los derechos adquiridos por los trabajadores.
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