UTILIZAN ANEXOS CONTRA RESIDENTES NORTEAMERICANOS EN ROSARITO

Playas de Rosarito B.C.- Unos cincuenta drogadictos internos de un centro de rehabilitación, fueron movilizados por quienes se dicen propietarios legítimos del campo turístico “Cantamar”, para agredir a vigilantes y empleados quienes a su vez, les dan servicio a un centenar de residentes norteamerticanos, principalmente mayores e incluso algunos discapacitados.

Un proceso de embargo, ocurrido la tarde noche del pasado Viernes 30 de Noviembre, degeneró en un zafarrancho, cuando los quince empleados intentaron contener a los agresores quienes perpetraron varios destrozos, rompieron candados y lesionaron del cuello a varios mozos.

Agentes Ministeriales y de Policías Municipales, presentes en ese momento “para garantizar la tranquilidad” en la diligencia, enardeció más los ánimos de los afectados, quienes dicen no confiar más en las autoridades mexicanas “muy proclives a la corrupción”, aseguran.

A partir de esa noche, denunciaron, varios de esos violentos drogadictos, de quienes solo se sabe pertenecen a un centro de rehabilitación que se ubica en el vecino poblado de La Gloria en Tijuana, permanecen en el interior y hacen las veces de “guardias blancas” sin aceptar el retorno de los empleados contratados por los residentes y administradores del campo.

Mediante el corte del suministro de energía eléctrica, la prohibición del acceso a los servicios, incluida el de la limpieza, mantenimiento; incluido el abasto de agua y forraje para sus caballos, los residentes norteamericanos reciben la amenaza de que continuarán las presiones, si antes no pagan al menos dos meses de sus rentas y servicios a “la nueva administración”.

Si bien se trata de un proceso legal entre particulares que se prolonga ya por siete años, tras el deceso de don Carlos Borja, los afectados y sus abogados, denunciaron a reporteros que no se puede permitir tanto abuso y negligencia de las mismas autoridades locales, estatales y federales.

“Pareciera que en Rosarito Baja Californa no existen autoridades”, lamentaron tras comentar que podría gestarse otro desalojo masivo de residentes extranjeros, como ocurrió hace algunos años en “Punta Banda” y que tanto dañó la imagen internacional de Ensenada, recordaron.

Incluso al acudir a las oficinas de la Sub Procuraduría General de Justicia del Estado, Zona Costa, se percataron que ni siquiera se encontraba algún acta, demanda o relatoría de lo sucedido aquella noche, aun y cuando en el lugar se encontraban agentes Ministeriales de esa corporación.

“No es posible que en pleno arribo de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México, quien argumenta que habrá un cambio del país y un autentico Estado de Derecho, ocurran estas barbaridades”, lamentó por su parte, Fausto Gómez Arias, abogado de la familia Borja.