La salud de los pueblos es un indicador de desarrollo, y del grado de humanismo del modelo económico aplicado. Y en México la situación está mal, sobre todo entre las clases populares, como muestra la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) publicada en noviembre pasado, y que compara datos de 2012 con los de 2006. A juzgar por esos resultados, no puede calificarse de exitosa la política seguida. Destaca entre sus resultados que: 25 por ciento de la población carece de protección en salud; en el período, la cobertura de vacunación en niños de uno y dos años se redujo, según declaración de los padres, de 84.7 a 77.9 por ciento, pero sólo en 61.3 por ciento de los casos mostraron la Cartilla Nacional de Vacunación o de salud, contra el 83.3 por ciento en 2006, y sólo entre 60 y 64 por ciento de los niños tenían todas las vacunas.
El número de personas con sobrepeso y obesidad aumentó en 7.5 millones, y el problema afecta ya al 71 por ciento de la población mayor de 20 años. Para la UNICEF, “México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos”. Y aunque parezca paradójico, la desnutrición aumentó: el 30 por ciento de los hogares resultó con riesgo de hambre moderado y severo; en la población de cinco a catorce años, en el medio urbano, el 7.2 por ciento sufre desnutrición crónica (que se manifiesta en baja estatura); en las zonas rurales es el doble. Desmintiendo toda la demagogia oficial indigenista, “El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena” (UNICEF). Y por regiones, “la prevalencia de la desnutrición crónica es tres veces mayor en el sur que en el norte en esta franja de edad” (Ibíd.). Y según la doctora Vesta Richardson: “Entre los escolares de instituciones públicas… 21 por ciento de los niños de primaria y 14 por ciento de secundarias, padecen anemia por falta de consumo de zinc, hierro, vitaminas, ácido fólico” (Milenio, 11 de enero de 2010).
Finalmente, según la ENSANUT, la prevalencia de diabetes pasó de 7 a 9.1 por ciento: el número de diabéticos diagnosticados aumentó de 4.3 a 6.4 millones, sólo los diagnosticados; pero a decir de especialistas, la cifra podría duplicarse, pues aún se desconocen los resultados del análisis de muestras de sangre tomados en la encuesta. Estudios de la UNAM revelan que la diabetes provoca 13 de cada cien muertes; por su parte, el doctor Gabriel Novelo Serra dice que en 2003 había 4.4 millones de personas con diabetes detectada (noveno sitio mundial), y para el año 2025 podríamos ocupar el séptimo lugar (“The global pandemic of diabetes”, 2009).
La situación, pues, es preocupante. Y no hace falta ir muy lejos a buscar las causas. La etiología tiene sus raíces en la economía. Desde que en los años ochenta se instauró el modelo actual, progresivamente, uno tras otro, los servicios y derechos humanos fundamentales fueron convirtiéndose en mercancías: se dio una solución de mercado a necesidades sociales, con lo que los servicios fueron accesibles sólo a quien tuviera dinero suficiente para pagarlos; así ocurrió con la vivienda, la educación, la salud, etc., y paulatinamente han ido desmantelándose (o deteriorándose) servicios fundamentales brindados por el Estado, como la atención médica. Ciertamente, subsisten nuestras antiguas y respetadas instituciones de salud, pero cada día en peor situación financiera, con menos recursos para medicinas, personal, equipo e infraestructura, y, consecuentemente, con un servicio progresivamente deteriorado, pues, de una parte se incrementa el número de derechohabientes, mas no así los recursos, con lo que cada médico debe atender a un número creciente de pacientes y las camas no alcanzan. Es, además, limitada la construcción y equipamiento de unidades hospitalarias en todos los lugares donde se requieren.
Enorme daño causan a la salud los alimentos chatarra, negocio patológico que rinde ganancias fabulosas enfermando a la sociedad y elevando, de rebote, el gasto de las familias en el cuidado de la salud. Debido a los bajos ingresos y la pobreza en que se debate la mayoría de la población, buena parte de ella está subalimentada, lo que la hace altamente vulnerable a infecciones y otros padecimientos. La insuficiencia de viviendas o su mala calidad, así como la carencia de servicios públicos como agua entubada, drenaje y electricidad, son también causa de enfermedad. Y hablando de medicina curativa, siendo ésta cada vez más una mercancía, el problema se complica para la población de bajos ingresos: de una parte el Estado ofrece una atención que empeora día con día, y de otra, el mercado la niega a quienes no tienen dinero. En esas circunstancias, el pueblo se ha visto empujado a acudir a curanderos y brujos como única opción a su alcance, alimentando así a un pujante negocio, mezclado con chamanería y otras yerbas. Ante todo esto, el Estado se ha mostrado omiso, por decir lo menos, y muy limitado en la realización de una verdadera medicina preventiva a escala nacional, en todos los rincones de México, por aislados que estén.
En conclusión, para mejorar la salud es necesario elevar el ingreso popular y con ello la alimentación. Se requieren asimismo mejores viviendas, más educación y deporte. El Estado debe retomar la rectoría y reasumir su responsabilidad social en estos aspectos, incluyendo la construcción de todas las unidades hospitalarias requeridas, con medicamentos, equipo y personal suficientes. Debe, en fin, evitarse que la ganancia prevalezca sobre la salud del pueblo. Finalmente, el cuadro antes descrito no sólo cuestiona la política particular aplicada en el sector, sino al modelo económico en su conjunto, que crea las condiciones de enfermedad; ahí debe aplicarse la corrección.
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